ECI.- Ante la falta de perspectivas en España y desde que empezó a acentuarse la crisis, casi seiscientos mil españoles han seguido los consejos velados y no tan velados que la casta política española ha difundido por distintos medios y ha optado por emigrar a otros países en busca de un trabajo y de un futuro que su propio país parece incapaz de proporcionarles.

Al igual que la gran emigración española de los años cincuenta y sesenta del siglo pasado, la nueva emigración permite maquillar las cifras del paro no computando estadísticamente como parados a los ciudadanos que deciden marcharse fuera del país aliviando así la presión social sobre el problema del desempleo, pero este nuevo flujo migratorio presenta notables diferencias con el de mediados del siglo XX y, además, producirá importantes consecuencias sociales sobre las que nadie, o casi nadie, se ha manifestando aún.

La primera diferencia entre el flujo migratorio de mediados del siglo XX y el actual se encuentra en que en el primero, el tipo de trabajador que iba al extranjero era un trabajador sin cualificar y sin formar profesionalmente que en el país de destino no solo conseguía un trabajo que no podía encontrar en España sino que además cobraba más de lo que hubiera cobrado en nuestro país de haber trabajado desempeñando el mismo trabajo. Por otra parte, este emigrante español conseguía con el tiempo cierta cualificación profesional en el país de acogida y a costa de éste con la que podía regresar a España y obtener un trabajo de superior cualificación y mayor remuneración. En cambio, el emigrante español actual es un trabajador altamente cualificado, con estudios superiores, formado en nuestras universidades y escuelas técnicas que va al extranjero a aplicar lo aprendido en España en beneficio de empresas y estados que no han invertido nada en su formación por lo que al regresar a nuestro país, este emigrante lo único que habrá adquirido en la emigración es una experiencia laboral que el mercado español ha demostrado sobradamente, con el despido y la no contratación de mayores de cuarenta y cinco años, no saber ni querer apreciar.

Otra diferencia importante es que el emigrante español de mediados del siglo XX se sacrificaba en el país de acogida llevando una vida austera en extremo y remitía a sus familiares en España importantes cantidades de divisas (francos, marcos, libras esterlinas) que al cambio con la peseta incrementaban el poder adquisitivo de los españoles que tenían hijos, padres o hermanos en la emigración a la vez que incrementaban la reservas de divisas del Estado. En cambio, el nuevo emigrante español difícilmente remitirá cantidad de dinero alguno a España en primer lugar porque necesitará prácticamente todo lo que gane para vivir en el país de destino donde la situación de desplazado, con su necesaria inversión en alojamiento y transporte, y la carestía de la vida consumirán prácticamente todo su salario y, en segundo lugar, porque el concepto de familia y de responsabilidades familiares que tenían los españoles hace sesenta años se ha relajado y difuminado notablemente.

Las consecuencias de la emigración española de mediados del siglo XX pueden considerarse positivas para el estado español ya que, no solo le permitió mantener bajo el nivel estadístico de desempleo, sino que además le permitió ingresar importantes divisas, incrementar el poder adquisitivo de lo españoles con las remesas de dinero que remitían los emigrantes a sus familias y formar a numerosos trabajadores sin cualificar no invirtiendo nada en formación. Por otra parte, considerando que, en aquella época, la población española estaba en fase de crecimiento demográfico y que no estaba muy extendido el sistema de pensiones, la emigración no planteaba el problema que la actual emigración planteará en el futuro.

Por su parte el actual flujo migratorio de mano de obra española cualificada o muy cualificada (médicos, ingenieros, personal sanitario y técnico, etc…) generará un paulatino empobrecimiento de todo el país y servirá de justificación a la tendencia de recortar en determinados sectores, significando una implosión, es decir un derrumbe sobre sí misma, de toda la sociedad española.

En primer lugar, hemos de reconocer el hecho, por otro lado irrefutable, de que la mano de obra cualificada no surge por generación espontánea sino que es fruto de años de inversión en formación a través de universidades y escuelas técnicas que, de ser públicas o estatales, suponen una inversión económica de las propias instituciones públicas. Dicho esto, resulta que de emigrar esta mano de obra cualificada o muy cualificada, España no solo se quedará sin poder satisfacer en un futuro la necesidad que de ella precise sino que además perderá el dinero que haya empleado en su formación y cualificación que terminará siendo aprovechada por otros que no han invertido un solo céntimo en formar dicha mano de obra.

A mayor redundancia, considerando la tendencia demográfica a la baja que presenta la población española con un creciente envejecimiento de la misma, el actual flujo migratorio significará acelerar dicho descenso demográfico que se traducirá en una significativa pérdida de cotizantes a la seguridad social lo que hará que el sistema de pensiones termine por quebrar al igual que todo el sistema de protección social. Y es que lo que nuestros políticos están favoreciendo con su política y su verborrea estúpida, cuando no simplemente criminal, es que la masa trabajadora, productiva, impositiva y cotizante del país se vaya del mismo para terminar cotizando a otros sistemas de previsión y pagando impuestos a otros estados con el consecuente perjuicio para nuestro sistema de seguridad social y nuestro régimen de prestaciones sociales.

Esta situación de pérdida de masa cotizante e impositiva que generará la emigración de mano de obra cualificada o muy cualificada conllevará irremediablemente el recorte del gasto público y la inversión en distintos sectores. Así, nuestros políticos, que se están revelando como pésimos gestores pero magníficos sofistas (es decir gentes que mienten pero cuyas mentiras tienen apariencia de verdad y cuyas involuciones aparentan ser evoluciones), justificarán los recortes en educación pregonando que carece de todo sentido invertir demasiado en formar a una juventud que va a terminar marchándose del país y de cuyos conocimientos adquiridos en nuestras universidades se van a aprovechar otros, mientras que, al mismo tiempo, justificarán los recortes en sanidad y en pensiones alegando que la culpa la tienen los que, siendo ciudadanos españoles, han decidido residir y trabajar en el extranjero cotizando y pagando sus impuestos fuera de España.

Al igual que el Titanic no se hundió como una piedra en un cubo de agua, sino que se fue hundiendo poco a poco según se iban inundando sus departamentos estancos, de igual forma esta ocurriendo con España: cada medida que toma la casta política solo sirve para precipitarla a mayor velocidad hacia el abismo. No obstante, a diferencia del Titanic, cuyo hundimiento era irreversible desde el impacto con el iceberg, el caso de España es todavía reversible, dependiendo dicha reversión de que el pueblo español decida, de una vez por todas y lo antes posible, dar la espalda a toda su casta política e institucional que, sin disimulo y con público descaro, trabajan incansablemente para la ruina de todos los españoles.