CP.- El nuevo Código Penal impulsado por el ministro de Justicia Alberto Ruiz-Gallardón no considera delito el “homicidio por imprudencia leve” y también deja fuera las “lesiones leves por imprudencia grave”. Aunque se trata de un tema de menos relevante que la implantación de la cadena perpetua revisable, a la que se oponen todos los grupos parlamentarios menos el PP, afecta de lleno a los atropellos y accidentes de tráfico. Algunos expertos consideran que el Gobierno beneficia descaradamente a las aseguradoras y deja indefensas a las personas con menos recursos económicos. En 2013 murieron 1.272 personas en accidentes de tráfico –179 atropelladas–, y más de 5.200 resultaron heridas de gravedad. La despenalización protege además a las empresas en determinados casos de accidentes laborales.

¿Qué habría pasado si la persona que conducía el coche del ministro –uno de sus hijos– hubiera causado heridas leves a otras como consecuencia de las colisiones que protagonizó en la calle Almagro de Madrid la noche del sábado pasado? Aunque la responsabilidad fuera grave, quedaría excluida la acción de la justicia penal si el daño personal fuese leve. Es uno de los cientos de ejemplos que se pueden dar, relevante en este caso por la notoriedad del implicado.

Más allá de ese incidente concreto, sobre el que los damnificados formularon una denuncia, el catedrático de Derecho Penal Francisco Javier Álvarez García explicó en su comparecencia en la Comisión de Justicia del Congreso el “gran chollo” que para las empresas de seguros va a significar sacar los homicidios por imprudencia leve y las lesiones leves por imprudencia grave del nuevo Código Penal. Al promover la resolución de las muertes y las lesiones por la vía de la responsabilidad civil extracontractual, la ley se escora todavía más a favor de los poderes económicos.

“Los que tienen menos medios –explica el penalista Álvarez García– van a tener que aceptar cualquier planteamiento que les haga la otra parte, porque si no van a tener que pasar por las tasas judiciales, por el riesgo de tener que pagar costas si pierden el procedimiento civil y con las enormes dificultades de la prueba en el proceso civil, que cada parte ha de llevar en la carpeta, y no como en el caso de la instrucción penal, de la cual se encarga el juez. A esto, señores, yo le llamo castigar directamente a la pobreza y la intervención de los jueces, esto me parece un despropósito”.

La mayor parte de los penalistas que han comparecido en el Congreso y han ayudado con sus opiniones cualificadas a preparar las enmiendas de los distintos grupos parlamentarios consideran opinable la decisión del Gobierno de suprimir algunas faltas y convertir otras en delitos, pero la impresión de que en esa operación el Código carga las tintas contra los desfavorecidos es mayoritaria. “Esta profundización en el castigo a la pobreza se ve también en otros casos como en el top manta, que se incorpora a los delitos contra la propiedad industrial e intelectual utilizando unos términos tremendamente vagos”, añade el mencionado catedrático de la Universidad Carlos III de Madrid.

Con todo, la primera corrección efectiva al Código de Gallardón, referida al plus de punición contra los enfermos mentales, hasta el punto de contemplar su reclusión de por vida, revisable cada cinco años, ya se ha producido; todos los grupos votaron a favor de la proposición no de ley socialista, defendida por la diputada Gracia Fernández Moya, contra la estigmatización, la discriminación y el castigo penal suplementario a los enfermos mentales previsto en el código cuando incurran en un delito menos grave. Incluso la portavoz del PP en la materia, Lourdes Méndez Monasterio, se comprometió a enmendar “las medidas de seguridad preventiva” preceptuadas por los codificadores ministeriales y apostó por implantar “una revisión continua” de esos reclusos.