Diego Valderas, de butanero a expropiador

El Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía ha dado luz verde al inicio de la tramitación del anteproyecto de Ley de Memoria Democrática, norma que prevé que la administración autonómica podrá “expropiar temporalmente” el uso de terrenos privados para hacer exhumaciones en caso de que el propietario no conceda su consentimiento.

Así lo ha anunciado en rueda de prensa el vicepresidente de la Junta y consejero de Administración Local y Relaciones Institucionales, Diego Valderas, antiguo butanero en Bollullos del Condado (Huelva), que ha asegurado que Andalucía vive un “día histórico para la democracia” porque se sitúa “a la vanguardia” de toda España en materia de memoria democrática y como “ejemplo a seguir” para el resto de administraciones. La norma no tiene memoria económica, según Valderas, que ha confiado en que se puedan ir aumentando los recursos para esta materia cuando esté en marcha, porque en estos momentos son “cortitos”.

Tras recordar que se trata de una de las normas incluida en el acuerdo político suscrito por PSOE-A e IULV-CA al inicio de la legislatura, Valderas ha explicado que la ley prevé elaborar un “censo de víctimas de la represión” franquista en Andalucía, reconoce a Blas Infante como “represaliado” y fija cada 14 de junio como día anual para conmemorar la memoria democrática coincidiendo con la fecha de la primera exhumación realizada en la comunidad autónoma en el año 2003.

‘Limpieza’ de símbolos franquistas

La futura norma fija un plazo de 18 meses para la eliminación y “limpiar” de símbolos franquistas en calles y plazas y se diferencia de la ley estatal en que “no se consideran razones artísticas para el mantenimiento de elementos de exaltación de la dictadura sobre edificios singulares o históricos”, estableciendo que en caso contrario “la Junta podrá efectuar la retirada subsidiaria”.

También está previsto un plan andaluz de memoria democrática con carácter cuatrienal para la localización, exhumación y en su caso identificación de fosas , procedimientos que se incoarán de oficio por parte de la Junta y de los ayuntamientos a instancias de familiares o entidades memorialistas. Según la información facilitada por la Junta, en este momento hay localizadas en Andalucía 614 fosas (9 en Almería, 100 en Cádiz, 69 en Córdoba, 87 en Granada, 120 en Huelva, 24 en Jaén, 76 en Málaga y 130 en Sevilla).

La norma, que el vicepresidente prevé que pueda ser aprobada por Consejo de Gobierno en el mes de junio tras pasar por todos los trámites preceptivos, establecerá el régimen jurídico de las iniciativas que se desarrollan en la comunidad para el reconocimiento de las víctimas de la Guerra Civil y la Dictadura franquista, bajo los principios de verdad, justicia y reparación.

Tras apuntar que el texto cuenta con el aval del relator de Naciones Unidas para la investigación de las desapariciones forzosas en España y que se enmarca tanto en la Declaración de Derechos Humanos como en la Constitución, ha indicado que abarca un periodo desde el 14 de abril de 1931 hasta el 11 de enero de 1982.

Víctimas

Entre otras novedades, el anteproyecto amplía la consideración de víctima a colectivos como los familiares o los niños robados; refuerza el régimen de protección legal de los espacios, enclaves y bienes muebles y documentales vinculados a la recuperación de la memoria democrática; incluye su estudio en los currículos educativos, y faculta a la Administración autonómica para emprender acciones y denuncias de crímenes ante los juzgados, de acuerdo con el principio de justicia universal.

Concretamente, hay una previsión de incluir los contenidos relacionados con la Memoria Democrática en los planes de enseñanza de la Educación Secundaria Obligatoria, el Bachillerato y la Educación Permanente de personas adultas. De este modo, se revisarán los textos escolares para que ofrezcan información rigurosa sobre los acontecimientos ocurridos antes y después de la Guerra Civil , con contenidos basados en las conclusiones de la investigación historiográfica. Asimismo, se impulsará la colaboración con las universidades andaluzas para que incorporen esta materia a sus planes de estudios.

El texto se estructura en seis títulos (con un total de 53 artículos), dedicados a las víctimas de la represión, las medidas de reparación, los documentos de la Memoria Democrática de Andalucía , el fomento del movimiento asociativo y fundacional, la actuación administrativa y el régimen sancionador, además del título preliminar, seis disposiciones adicionales, una transitoria, una derogatoria, y dos finales.

Respecto a las víctimas, el articulado extiende esta consideración (ya vigente para fusilados, guerrilleros, condenados y exiliados) a los familiares, a los niños robados, a quienes padecieron los campos de exterminio nazis y a colectivos que sufrieron especial persecución, como homosexuales o mujeres vejadas. Asimismo, prevé la elaboración de un censo que tendrá carácter público y prevé iniciativas de dignificación de las fosas comunes, de acuerdo con los ayuntamientos.

Recuperación del patrimonio documental incautado

Entre otras medidas, se recoge la creación del Catálogo de Lugares y Senderos y la exigencia de informes vinculantes de la Consejería de Administración Local y Relaciones Institucionales para cualquier proyecto o actuación que afecte a estos enclaves. En la misma línea, la futura ley incluirá un conjunto de medidas encaminadas a la recuperación del patrimonio documental incautado por las fuerzas golpistas durante la Guerra Civil y el franquismo.

Los artículos dedicados a las fosas comunes prevén un conjunto de disposiciones destinadas a facilitar la recuperación e identificación de los restos y la elaboración de un plan cuatrienal que dará prioridad a las medidas de localización y exhumación. El anteproyecto establece que estos trabajos deberán ser iniciados por la Junta o por los ayuntamientos a instancias de las familias, las entidades memorialistas y los investigadores.

En este aspecto, también se prevé que, cuando los enterramientos estén en terrenos privados, si el propietario no da su consentimiento, el Gobierno andaluz deberá proceder a la expropiación temporal de su uso. Asimismo, la Junta estará facultada para realizar pruebas genéticas que permitan la identificación y establecer un banco de datos de ADN.

Otra de las novedades de la futura ley será la atribución a la Junta del deber de denunciar ante los órganos judiciales la existencia de indicios de comisión de crímenes de lesa humanidad en las localizaciones o identificaciones.

La norma prevé la creación del Consejo Andaluz de la Memoria Democrática, como órgano consultivo de participación social, y del Instituto de la Memoria Democrática, que asumirá el estudio, la investigación y el impulso de las medidas para garantizar el cumplimiento de la ley.

Régimen sancionador

El régimen sancionador fija como infracciones muy graves, con multas de entre 10.001 y los 150.000 euros, el remover o construir en los terrenos donde haya fosas u otros restos humanos, la destrucción de estas o las excavaciones sin autorización. Incumplir la orden de retirada de escudos, insignias o placas, no conservar o realizar obras en los lugares de memoria democrática y trasladar restos humanos sin autorización, o no informar del hallazgo casual de restos serán consideradas infracciones graves y podrán ser sancionadas con multas de entre 2.001 y 10.000 euros.

Por último, serán consideradas faltas leves (con sanciones de entre 200 y 2.000 euros) la exhibición pública de placas, escudos, insignias y otros elementos, o el impedir la visita pública, dañar los espacios o el mobiliario que estén catalogados como Lugares de Memoria. Asimismo, la Junta no subvencionará o dará ayudas públicas a las personas físicas o jurídicas, públicas o privadas que sean sancionadas. Valderas ha indicado que no hay voluntad sancionadora, sino de “justicia”.