El Mundo lleva este domingo a su portada una presunta trama de corrupción en torno al Ministerio del Interior de la época de Alfredo Pérez Rubalcaba que está investigando la Policía Judicial.

Se trata de contratos amañados otorgados por el Ministerio a la empresa tapadera Interligare, que según la Brigada de Delincuencia Económica se llevó entre 2008 y 2010 al menos 2,4 millones de euros. Y ello por trabajos fantasma.

Los investigadores sitúan en el centro de la trama al comisario Gabriel Fuentes, actualmente asesor del ministro Jorge Fernández Díaz y persona de confianza de Juan Alberto Belloch cuando éste era titular del departamento. Junto a él figura Miguel Ángel Fernández Rancaño, jefe de Policía de Madrid en el 11-M y mano derecha de Rafael Vera en la Secretaría de Estado de Seguridad. Y, en tercer lugar, Luis Luengo, director de Infraestructuras del Ministerio con Rubalcaba.

Están acusados de los delitos de cohecho, falsedad documental, estafa, tráfico de influencias y contra la Seguridad Social.

El departamento que dirigía Luengo en Interior era el que filtraba los pliegos con las bases del concurso a Interligare, supuestamente una consultora de Inteligencia y Seguridad presidida por José Luis Martín Juárez, según la Policía un hombre de la confianza del socialista José Blanco. En la compañía figuran como directores generales dos hijos de Luengo.

“Bajo la apariencia de seguridad nacional, dichos proyectos carecen de publicidad y son asignados directamente a esta empresa”, rezan informes policiales obtenidos por el diario. El procedimiento era el siguiente: desde Interior filtraban los pliegos a Interligare para que la empresa amoldara su oferta. En ocasiones llegaron a confeccionarse contratos a medida. Uno de ellos para la confección de sistemas informáticos para Instituciones Penitenciarias.