Ayuntamiento de Málaga

La empresa de servicios Opplus, la compañía de transporte Acotral, la empresa de limpieza Limasa y los empleos vinculados a los partidos políticos. Éstas son las cuatro entidades que más trabajadores tienen en nómina en la provincia de Málaga, superando en todos los casos los 1.500 puestos de trabajo. La administración local se convierte así en toda una potencia empleadora en la provincia, dependiente del poder electoral de los partidos, que son los que deciden quienes pueden aspirar a un cargo electo, puesto directivo o acceder como personal de confianza.

Los empleos políticos, entre dirigentes, cargos electos y asesores en la provincia, rozan ya los 1.600, aunque esto no deja de ser una estimación en la medida de que es casi imposible controlar los nombramientos de confianza en los 100 municipios de la provincia, la Diputación y otras entidades como mancomunidades, comarcas y empresas municipales.

No obstante, el grueso de este empleo lo forman los cargos electos, como concejales y alcaldes, que constituyen 1.186 puestos en la provincia tras las últimas elecciones municipales. Su reparto sale de las urnas, aunque tras las últimas elecciones el PSOE es quien capitaliza la mayoría con 454 ediles, seguido del PP con 434, IU con 192 cargos, el PA tiene 43 y un nutrido grupo de pequeñas formaciones se reparten otros 85 puestos de concejales. Sin embargo, hay que hacer un matiz y es que la mayoría de los concejales del PSOE e IU se concentran en pueblos con menos de 10.000 habitantes y que, en muchos casos, no tienen sueldo asignado o sólo cobran dietas.

Porque la siguiente pregunta que uno se hace es qué coste representa esta estructura municipal, a la que habría que sumar una nómina de asesores y directivos que ronda las 400 personas. Los datos del Ministerio de Hacienda, que tiene cerrado hasta 2011, señalan un coste anual para los ayuntamientos malagueños de 27,5 millones de euros. Sólo esta cifra sitúa a la provincia como la que más dinero destina en Andalucía a pagar empleos políticos en la administración local, superando a Sevilla desde 2008, pese a que esa provincia cuenta con más municipios y habitantes.

La evolución desde 2009 de este coste, año en el que se tocó el techo, ha sido a la baja en la medida que se han aplicado fuertes planes de recorte en la administración y congelación de sueldos, también en órganos directivos. Al menos en la mayoría.

A los gastos de personal de los municipios en órganos de gobierno habría que sumar alrededor de 6 millones de euros que corresponden a la Diputación provincial y otros organismos locales como las mancomunidades. En total, suma un coste de unos 33,6 millones de euros. Para ponerlo en relación con Andalucía, el gasto total por este concepto es de 150 millones de euros, de modo que Málaga asume uno de cada 4,50 euros destinado a empleos políticos en la administración local.

La anunciada, y rebajada Ley de Reforma Local, intenta controlar este desembolso. Aunque ha renunciado a bajar el número de concejales y fusionar municipios, sí conserva limitaciones a los cargos de confianza en los ayuntamientos y diputaciones, con un número establecido en función de la población y que reduciría a 280 puestos los disponibles para toda la provincia. Málaga capital sería el municipio con más puestos disponibles, con 42 y que por ahora no cubre ya que ocupa 31 puestos. Marbella le seguiría con 29 empleos de personal de confianza, mientras que 73 municipios con menos de 5.000 habitantes no podrían contratar a nadie.

Un gasto que se reduce poco a poco

Controlar el gasto en concejales y altos cargos es uno de los caballos de batalla de los ajustes planteados en las administraciones, algunas con más éxito que otras. En la provincia de Málaga se aprecia un cambio brutal en 2008, cuando los ayuntamientos y la Diputación pasaron de gastar en un año 24 millones de euros a 31,6 millones, justo después de las elecciones municipales celebradas en 2007 y que renovaron muchos equipos de gobierno. La cifra siguió ese ascenso acusado en 2009, cuando se abonaron 38,8 millones de euros en sueldos. El incremento en el número de cargos de confianza y las retribuciones alcanzó ese año su tope, coincidiendo con el endurecimiento de la crisis y el fuerte endeudamiento de la administración. A partir de ahí se aprecia un retroceso apreciable en la provincia, según los datos de Hacienda, lo que muestra que está reduciéndose esa burbuja política. Esta disminución no se apreció a nivel andaluz hasta 2011, cuando ya se empezaron a reducir ligeramente las cifras.