El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), mediante auto de fecha 15 de octubre, ha decretado la apertura de diligencias previas contra el alcalde de Marinaleda (Sevilla), Juan Manuel Sánchez Gordillo, por haber presuntamente utilizado fondos del Ayuntamiento para desplazar en autobuses a afiliados del Sindicato Andaluz de Trabajadores (SAT) en la ocupación de fincas.

Estas diligencias se abren a raíz de la denuncia de la organización Manos Limpias denunció a Sánchez Gordillo, por haber utilizado presuntamente fondos del Ayuntamiento para desplazar en autobuses a afiliados del sindicato en la ocupación de fincas públicas, como la yeguada militar de Las Turquillas, y otras de naturaleza privada.

En el auto, el TSJA ha ordenado la incoación de diligencias privadas, designando de ponente al magistrado Miguel Pasquau, después de que Manos Limpias presentara denuncia contra Sánchez Gordillo ante el Alto Tribunal andaluz “aforado ante esta sala por su condición de diputado del Parlamento andaluz”, por un supuesto delito de malversación de caudales públicos.

¿Sufragó un viaje en autobús?

En su denuncia, Manos Limpias apuntaba que el alcalde de Marinaleda habría destinado presuntamente fondos del Ayuntamiento “para sufragar el desplazamiento en autobús de miembros del SAT con motivo de sus obligaciones sindicales consistentes en la ocupación de fincas de propiedad pública y otras de propiedad privada”.

En este proceso se pidió al secretario-interventor del Ayuntamiento de Marinaleda para que certificase los pagos efectuados a la empresa de autobuses a partir de enero de 2010 por parte d la Corporación indicando las partidas presupuestarias a que correspondieran. El alcalde dirigió oficio acompañando relación de pagos efectuados a la empresa de autobuses entre 2010 y 2013, “sin incluir documentación, ni facturas ni expedientes”.

Ha precisado que el Ministerio Fiscal emitió informe solicitando la incoación de diligencias previas “por consideran que los hechos objetivos de la denuncia pudieran constituir delito de malversación de caudales públicos”.

El TSJA considera que “no constando justificación de las partidas presupuestarias, acuerdos municipales ni expedientes administrativos relativos a los pagos a la empresa de transportes y apareciendo que al menos en algunas de ellas corresponden cronológicamente con jornadas de movilizaciones del SAT; que exigieron el traslado de un número indeterminado de personas, parece necesaria la investigación de los hechos objeto de la denuncia, en cuanto que no ha quedado descartada la desviación de fondos públicos para sufragar una actividad ajena a las competencias de la administración municipal, lo que podría constituir un delito de malversación en el que podría haber participado Sánchez Gordillo”.