La prueba definitiva del algodón. O acabamos con este sistema o no quedará de este país base sólida alguna para poder colocar los fundamentos de nuestra recuperación. El fallo de esa Gran Sala del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que como alguien apuntó tiene nombre de cumbre masónica, puede poner en la calle, sin más, a unos setenta etarras, además de violadores, asesinos y otros representantes del submundo de violencia y el miedo.

ANTECEDENTES: La doctrina Parot es el nombre con el que se conoce a la jurisprudencia establecida a partir de la sentencia dictada por el Tribunal Supremo el 28 de febrero de 2006 en la que, aprovechando la resolución de un recurso presentado por el etarra Henri Parot, se modificó el mecanismo para la aplicación de las redenciones de las penas.

Según la doctrina Parot los beneficios penitenciarios se aplican a cada una de las condenas que tenga el interno de forma individual y no al cómputo máximo de cumplimiento de las penas que marca la ley, que es 30 años (Código Penal de 1973). La aplicación de esta doctrina ha permitido hacer efectivo un mayor tiempo del cumplimiento de las condenas.

En 2008, el Tribunal Constitucional estableció la doctrina, del doble cómputo de las penas. Esta doctrina permite restar el tiempo que un recluso ha permanecido en prisión preventiva de cada una de las condenas firmes que esté cumpliendo por otros delitos. La sentencia del Tribunal Constitucional fue criticada por la fiscalía y el Tribunal Supremo, ya que abría una brecha en la doctrina Parot.

Ello supuso queen la reforma del Código Penal que entró en vigor en 2010, el Gobierno de Zapatero modificase el artículo 58.1, de modo que el tiempo pasado en prisión preventiva solo fuera abonado únicamente en la pena efectiva que se aplique por esa causa y no en otras que tenga el reo.

El TEDH, en 10 de julio de 2012, sentenció que la llamada Doctrina Parot de la STS español de 2006 refrendada por el Tribunal Constitucional conculcaba los artículos 7 y 5.1 de la Convención Europea de Derechos Humanos “respecto al que establecen la irretroactividad de las leyes penales desfavorables”, máxime cuando en el artículo 9 de nuestra Carta Magna ese prohíbe la retroactividad de las leyes sancionadoras y restrictivas de los derechos individuales.

El Tribunal Europeo advirtió que su sentencia sentaba jurisprudencia, tenía carácter vinculante y que el Estado español se había comprometido, como firmante del convenio del propio Tribunal, a acatar la sentencia y cumplirla.

El Estado Español aceptó la aplicación de la norma internacional sobre su derecho interno, por lo que ahora tiene imperiosaente que acatar lo establecido desde Alto Tribunal, a cuyos miembros no les ha temlado el pulso a la hora de decirir la puesta en libertad de una sujeta, Inés del Río, que mató a más de treinta personas. Se quiebra el principio de que las leyes estén al servicio de los ciudadanos inocentes y no de sus verdugos. Por si fuera poco, a Inés del Río se la tendrá que indemnizar nada menos que con 30.000 euros.

Y esto sólo es el principio. Cincuenta etarras se aprovecharán de esta nueva locura de Estrasburgo para exigir su libertad.

Estamos pues en manos de una casta de malnacidos que dan auténtico asco. Han conseguido montar un sistema que les permite cometer cualquier fechoría con auténtica impunidad. Les da igual robar, que colaborar con una banda armada, que soltar a asesinos en serie sin cumplir sus condenas. No nos respetan ni nos temen. Este sistema debe ser volatilizado antes de que perezcamos todos. Con un presidente con apego al honor y a la dignidad nacional nos cabría alguna esperanza de que los asesinos no terminen saliéndose con la suya, pero con Rajoy ello nos resulta imposible siquiera de imaginar. Rajoy, como todos los miembros de la castuza, no son sino empleados de esa trama masónica y delictiva que ha decidido no dejar rastro reconocible de lo que un día fue la España que iluminó al mundo con sus artistas, sus genios, sus humanistas, sus santos y sus conquistadores.

La resolución del TEHD pode fin al cúmulo de mentiras sobre la fortaleza del Estado de Derecho frente a los terroristas. Ni el holocausto de casi un millar españoles ni los miles de millones en pérdidas económicas nos ha servido para otra cosa que para confirmar la victoria total y rotunda de los terroristas sobre la sociedad española, obvia decir que con la complicidad de la castuza.

No hay tampoco que cargar las tintas excusivamente contra un tribunal que vela por los derechos de los matarifes y no por los de sus víctimas. Sin los políticos traidores que sometieron nuestra soberanía económica, militar y judicial al dictado de un puñado de lacayunos euroburócratas al servicio de la masonería y del sionismo internacional, no estaríamos ahora en esta situación de vergüenza nacional, de excrecencia moral y legal. Recordemos que el ex secretario de Estado de Justicia, el zapaterista José Luis López Guerra, representante español, ha votado a favor de condenar a España por aplicar la doctrina Parot y ha apoyado la petición de indemnización a la etarra Inés del Río

Desde los que pactaron con ETA y Henry Kissinger, exsecretario de Estado norteamericano, el asesinato del almirante Carrero Blanco, hasta Zapatero, muñidor y defensor de la ‘doctrina Parot’ y al que sólo una muerte lenta y atroz podría resarcirnos de todo el daño causado, sin olvidarnos de los que estuvieron durante y después, todos son culpables de esta derrota ante una organización terrorista. Mal termina lo que mal empieza. Y todo comenzó a establecerse por unos pocos en la década de los 70.

La coincidencia de objetivos entre ETA y la castuza no es algo que deba seguir ocultándose en situaciones tan trágicas como la presente. ETA ha sido siempre un instrumento criminal al servicio del sistema y de la castuza. ETA asesinó a los militares más refractarios al proceso de ruptura y latrocinio que se puso en marcha en 1978. ETA fue utilizada como razón fundamental del montaje realizado el 23 de febrero de 1981 para apuntalar a las instituciones democráticos, incluída la Corona. ETA eliminó a los jueces más resueltos a que se impusiera el imperio de la ley frente a las tramas de corrupción. ETA fue la excusa para justificar las partidas millonarias a los fondos reservados y que posteriormente eran destinadas a la compra de voluntades y a la financiación de algunos grupos al servicio de los grandes partidos. ETA fue el pretexto para aprobar un Concierto Económico vasco que ha sido clave en el desmoronamiento de nuestra economía. ETA dejó un insoportable reguero de sangre, incluyendo la de algunos militantes políticos de bajo perfil para que la coartada no pudiese ser desmontada.

En definitiva, ETA ha recibido el pago a los servicios prestados a este sistema desde el magnicidio de Carrero. Bajo la sombra tuteladora de aquel Estado franquista, ni la masonería, ni las grandes corporaciones económicas internacionales, ni los políticos corruptos, podrían haber llevado a cabo la gran tarea de demolición de la vieja nación española. España ha sido sometida a los dictados de quienes mueven los hilos del mundialismo y del control moral y económico de los países europeos.

Sorprende que muchos de los llamados antifascistas aún no se hayan dado cuenta de cuál está siendo su siniestro papel de idiotas útiles del neocapitalismo, ya que se les incita a atacar a todos los que resisten a la transformación de nuestra sociedad dirigida por la oligarquía financiera y por tribunales como el de Estasburgo.

Lo más lacerante: que las preciosas vidas de casi mil españoles hayan tenido como epitafio esta monumental burla.