José Manuel Cansino.- La máxima representante del PP catalán -Alicia Sánchez-Camacho- ha defendido una revisión del sistema de financiación autonómico inspirada en garantizar el “ranking” de riqueza de las regiones una vez hechas las transferencia de unas a otras y en dar a las transferencias un carácter finalista, esto es, que su uso se limite a financiar actuaciones fijadas y conocidas de antemano.

En el primero de sus criterios creemos que se equivoca .Existe un importante problema de inequidad en el sistema actual de régimen común (el que rige para todas las regiones salvo Navarra y País Vasco).

La debilidad del sistema radica en la forma en la que están articuladas las denominadas transferencias verticales a las comunidades autónomas y que proceden del Fondo de Suficiencia y Convergencia.

La realidad es tan estridente que este tipo de transferencias en la práctica están manteniendo el «statu quo» de las regiones, es decir, no sirven para reducir las diferencias en disponibilidades de recursos entre quienes tienen más y quienes tienen menos, sino precisamente para garantizar que quienes tienen copiosos recursos no bajen posiciones en el «ranking». Por tanto, la propuesta de la Sra. Sánchez-Camacho no es otra cosa que la de mantener el sistema vigente.

A mayor abundamiento de lo anterior reaparece aquí la cuestión foral ya que los territorios forales no contribuyen a la nivelación de recursos del resto de regiones españolas. Su aportación a la hacienda general se limita a una valoración «sui generis» de los servicios que la Administración General del Estado sigue prestando en las provincias vascas y en Navarra. Valoración que apenas alcanza al 50% del coste real de estos servicios.

En otras ocasiones ya hemos tenido la oportunidad de señalar que en la cuestión foral debe tenerse en cuenta que una cosa son las peculiaridades institucionales del territorio (por ejemplo la posibilidad de tener una agencia tributaria propia) y otra cosa es tener un sistema de financiación claramente ventajoso. Nada hay, ni en la Constitución de 1978 ni en ninguna norma, que otorgue a los ciudadanos vascos y navarros el privilegio de disfrutar de muchos más recursos que los demás para financiar servicios esenciales como la sanidad o la educación.

Pero además, y esto es lo grueso del error del PP catalán, es equivocado pensar que el separatismo catalán promovido desde las propias instituciones públicas desaparecerá con un nuevo sistema de financiación que tape la boca de estas demandas con más millones de euros. El soberanismo ha llegado demasiado lejos ya como para frenarse por este tipo de concesiones que dejarían los argumentos secesionistas al nivel del reglamento de un casino.

De todas formas no deja de sorprender la propuesta de la nueva presidenta de laJunta de Andalucía defendiendo un papel central del PSOE en la defensa de la unidad y cohesión nacionales. No se si es demasiado tarde pero sí es absolutamente necesario.

Los sistemas de financiación autonómicos que hemos conocido emanan de unas normas legales tan complejas que todo viso de transparencia les resulta extraño. Quizá por eso es un terreno abonado para la recurrente pugna político-territorial y para los acuerdos propios de trastienda. El actual Consejero de Economía de la Junta de Andalucia conoce bien esto como académico experto en estas cuestiones. Tras del oscurantismo de la normativa de financiación siempre se ha escondido un enjuague para que los dineros acaben ajustandose a las demandas y presiones de cada baronia -ora del PP, ora del PSOE, ora de CiU-.

Además de equivocada, la propuesta del PP sigue aplazando la gran cuestión que no es otra que la reforma de la Administración del Estado.Antes de garantizar la financiación autonómica o de cualquier otra Administración, hay que repensar el modelo de Estado. En otros términos, hay primero que saber cuánto dinero verdaderamente necesitamos para atender los servicios públicos una vez eliminadas las duplicidades y triplicidades de competencias. Luego veremos de qué forma se financian cada una de las administraciones en el ejercicio de sus respectivas funciones.

La gran cuestión es, por tanto, ¿cuáles deben ser las competencias de las administraciones territoriales? ¿Deben mantenerse estructuras competenciales duplicadas y, en no pocas ocasiones, triplicadas? Y es que discutir sobre el sistema de financiación en lugar de hacerlo primero sobre el modelo administrativo del Estado no es más que tratar una patología severa administrando aspirinas.

A la Constitución de 1978 hay que reconocerle su intención de resolver la cuestión separatista pero más de tres décadas después sólo podemos constatar que el secesionismo no ha hecho más que crecer y marcar buena parte de la agenda política de un país con 47 millones de personas. Y esto no se resuelve con más billetes sino con más España, más solidaridad y menos complejos.

*Profesor Titular de Economía Aplicada de la Universidad de Sevilla