El-Omari, otro acusado marroquí y cuatro empresarios coruñeses, en el juzgado.

VG.- Messaoud El-Omari era, según sus propias palabras ante el tribunal que lo juzga, «una referencia» en materia de ayuda a los trabajadores extranjeros en Galicia. Hasta su detención en febrero del 2009, dirigió la oficina que Comisiones Obreras montó en Santiago para el asesoramiento legal de este colectivo, el CITE. Sin embargo, el fiscal lo considera como el líder de una trama dedicada a la explotación de inmigrantes por la que ayer se sentó en el banquillo de los acusados y se enfrenta a siete años de cárcel.

CC.OO. intentó personarse como acusación particular contra su trabajador alegando que era víctima de sus posibles actuaciones delictivas. Cuando se le denegó, protestó al conocer que el fiscal lo consideraba además responsable civil subsidiario. No obstante, no han tomado medidas contra él, ya que, según reveló ayer El-Omari en su interrogatorio, sigue trabajando para el sindicato, «aunque en otro departamento», matizó.

Además de El-Omari, hay otros seis acusados. Dos marroquíes más, Haddaoui Khayrou y Alí El-Omari -sobrino del principal encausado-, y cuatro empresarios de la provincia de A Coruña. Entre ellos, Ramón Hermo Bermúdez, administrador de Foelca S.?L. y Galifar S.?L., que fue presidente de los empresarios de Barbanza. También su hijo, Miguel Ángel Hermo Sánchez, y los titulares de dos granjas en Sobrado, Ángel García Espido, y Boimorto, Ángel Baqueiro Meijide. A todos estos empresarios les piden cuatro años y medio de cárcel.

Seis de ellos están acusados de formar parte de una red dedicada a la explotación de inmigrantes en Galicia. Al séptimo, Ali El-Omari, le piden dos años de prisión por obstrucción a la justicia, acusación que rechaza y ayer negó haber coaccionado a tres de los trabajadores que habían denunciado su explotación a la policía.

Según el fiscal, El-Omari dirigía la trama desde su despacho de CC.OO. captando trabajadores en Marruecos, la mayoría en la zona de Agadir, de la que él es natural. Le ayudaría Haddaoui Khayrou, para el que se ha solicitado una pena de seis años de prisión. Ambos cobraban, presuntamente, comisiones de entre 3.000 y 10.000 euros a cambio de la promesa de un contrato de trabajo legal con sueldos de entre 1.500 y 2.000 euros.

En realidad, se encontraban con sueldos de menos de la mitad de lo prometido, jornadas que superaban el máximo permitido, a veces no estaban dados de alta en la Seguridad Social y, en el caso de una de las granjas, sufrían condiciones de vida lamentables en lo que el fiscal califica como «una especie de chabola sin agua caliente, sin electrodomésticos y con goteras».

El-Omari dijo no entender por qué había tantos denunciantes. En total son trece y uno es otro sobrino, Abdellah Ouassa. El presunto cabecilla de la organización negó que cobrase por sus gestiones para traer trabajadores extranjeros a Galicia y que mediara entre los inmigrantes y los empresarios, aunque admitió que los recibía en su despacho.

Más problemas tuvo para explicar las inversiones inmobiliarias que, pese a su sueldo mileurista en el sindicato, hizo en Marruecos. Admitió haber tenido participaciones en cuatro pisos para los que se dieron entradas de unos 30.000 euros cada uno, aunque no recordaba detalles como el importe total de las viviendas y dijo que él se limitó a dar su cuenta corriente para facilitar los pagos de sus socios en el país magrebí.

Khayrou también negó formar parte de la red ni haber ido a recoger a los trabajadores a la estación de bus. Ángel García Espido admitió haber contratado a través de El-Omari a dos marroquíes y admitió que el segundo de ellos fue el propio sindicalista el que se lo ofreció. Sin embargo, asegura que el contrato estaba en regla y que, lejos de explotar a los inmigrantes, estos no cumplían sus horarios y destrozaron la casa que les prestó, de ahí que estuviese en tal mal estado cuando la vio la policía.