Jesús Alfaro.- La posibilidad de que Cataluña se independice ha pasado de ser una comida gratis (manifestarse por la independencia puede que no tenga coste alguno) a una cuestión respecto de la que no se sabe si alguien saldría ganando, al margen de los políticos regionales.

De todo lo que he leído en la prensa en las últimas semanas he sacado una conclusión añadida a las que había alcanzado antes del comienzo de la campaña electoral. Y es esta que, aunque, a largo plazo, una Cataluña independiente sería un Estado viable, separar a Cataluña de España es una tarea de extraordinaria dificultad si no imposible. Cuando se mira a los “comparables” (procesos de secesión o escisión que no se hayan producido inmediatamente después de unos hechos traumáticos como una guerra o un cambio de régimen político que es lo que ocurrió en los países del centro y este de Europa) se comprueba que, probablemente, los procesos de secesión (Quebec, Escocia) o de división (Bélgica) no han culminado porque los costes de la separación son elevadísimos y lo son porque las economías y las sociedades del tronco y de la extremidad que pretende separarse están extraordinariamente entrelazadas. Cualquiera que haya liquidado una empresa o un matrimonio sabe, no solo que se pierde mucho valor en el proceso (pérdida que puede venir compensada por las pérdidas que viniera sufriendo la empresa liquidada o el matrimonio, en este caso, en términos de bienestar personal) sino que el proceso es tanto más complejo cuanto más imbricados estén los activos y pasivos que forman la empresa o, en el caso de los matrimonios, cuantos más activos y pasivos tengan en común los cónyuges por no hablar de la existencia de hijos.

Pues bien, esos artículos sobre los efectos económicos de la independencia me conducen a pensar que hay pocas regiones en el mundo cuya Sociedad y Economía estén tan vinculadas entre sí como la catalana y la española en su conjunto. Un detalle antiguo es que el puente aéreo entre Madrid y Barcelona era el primero del mundo en conexiones y número de pasajeros. Hoy leo que el crédito en Cataluña está financiado con depósitos captados en un 55 % más, en el resto de España. Las empresas catalanas tienen España como su mercado natural (aunque se haya avanzado mucho en la construcción de un mercado interior europeo) y su dimensión y estructura se corresponden con ese pre-juicio y las empresas españolas que no tienen su sede central en Cataluña incluyen a Cataluña como una parte más del mercado español. Cataluña es el “cluster” de sectores industriales españoles (farmacia, editorial y muchos productos de consumo). Los catalanes ven mayoritariamente dos cadenas privadas de ámbito nacional (Telecinco y Antena3) que, salvo expropiación, se encontrarían en una situación muy “rara” al día siguiente de la independencia. La red de fibra óptica y, en general, de telecomunicaciones es propiedad de Telefonica. Los gasoductos que pasan por territorio catalán, de Enagas y la red eléctrica de alta tensión, de REE. No es ya que se convirtieran en empresas “extranjeras” sino que se trataría de empresas “reguladas” por un Estado extranjero. Por no hablar de las centrales nucleares. No quiero decir que sea imposible deshacer los lazos o, mejor, reenlazar todas estas infraestructuras con las nuevas fronteras del Estado catalán. Digo que sería costosísimo hacerlo sin contar, ni siquiera, con que haya expropiaciones que elevarían exponencialmente dichos costes.

Si de las “cosas” pasamos a las personas, el coste de la independencia catalana – repito, el coste de la separación – es todavía mayor. ¿Podría España considerar que los residentes en Cataluña perderían la nacionalidad española? La respuesta no es obvia. Puede ser deseable para España, mantener la nacionalidad española para todos. Pero plantearía problemas muy serios. Uno no baladí es el de que esos españoles en Cataluña tendrían derecho a votar en las elecciones generales en España y siendo tan elevado el número de españoles “residentes en el extranjero”, las elecciones en España podrían venir decididas por lo que votaran quienes han elegido no ser parte de España. Muy raro. ¿Es imaginable que varios millones de catalanes cambien su residencia y abandonen Cataluña en caso de independencia? Puede ser. No es probable que sean millones pero sí unos cientos de miles. ¿qué pasaría con el precio de las viviendas en Cataluña?

Los residentes en Cataluña que cobran pensiones de la Seguridad Social podrán estar más o menos entusiasmados con el nuevo Estado pero pretenderán seguir cobrando sus pensiones de la Seguridad Social española aunque solo sea porque “más vale lo malo conocido que lo bueno por conocer”. Arreglar sólo esta cuestión (¿garantía española y pago por la SS catalana?) obliga a olvidarnos de la posibilidad misma de una separación unilateral y por las bravas por parte de los políticos catalanes. Simplemente, no podrían hacer la transición sin dejar de pagar a muchos de sus pensionistas.

Los residentes en Cataluña están familiarmente relacionados con el resto de España mucho más que con cualquier otro país del mundo. Aunque no tengo datos, probablemente más que otras regiones españolas con el resto como consecuencia de la inmigración andaluza sobre todo, pero también gallega, aragonesa y castellana de los años sesenta. La independencia, ceteris paribus, reducirá la intensidad de esas relaciones. Está comprobado que la emigración/inmigración es siempre más intensa entre regiones de un mismo Estado que entre regiones que pertenecen a Estados distintos. ¿Qué coste tendrá la independencia al respecto?

Muchos de los funcionarios que sirven en Cataluña son de otras regiones. Desde la Universidad a la judicatura pasando por la Administración del Estado por no hablar del Ejército. Puedo imaginar que muchos de ellos pedirán al Estado español que los “repatríen” en caso de independencia y, en todo caso, querrán conservar su puesto en el cuerpo nacional al que pertenecen.

Y, obsérvese, que España no tiene que hacer nada para mantener el statu quo de los “activos” y de los catalanes en España. Desde las autorizaciones administrativas a las ayudas públicas. Ni siquiera tendría que dar permisos de residencia o de trabajo a los catalanes que quieran vivir o trabajar en cualquier otro punto de España si los catalanes conservan la nacionalidad española. Pero Cataluña tendría que hacerlo con todos los activos de las empresas constituidas en cualquier Registro Mercantil situado fuera de Cataluña. Las “buenas maneras” al respecto (respetando absolutamente la “legalidad española”) se acabarán cuando el Gobierno de Cataluña quiera cobrar el impuesto de sociedades a todas estas compañías que tienen actividad en Cataluña pero su sede en otros puntos de España y el Gobierno de España pretenda seguir cobrando el impuesto de sociedades como hasta la independencia. Si lo del País Vasco y Navarra es un follón (y son, en conjunto, 2 millones y pico), imagínense lo que sería hacerlo con Cataluña mediante una negociación a cara de perro o, aún peor, unilateralmente por parte del Estado catalán. Por no hablar de que las ventas de empresas catalanas en España y viceversa dejarían de ser ventas interiores para convertirse en exportaciones o importaciones.

¿Qué se deduce de todo lo anterior? Que el sentimiento independentista tiene que ser tremendamente fuerte para que compense tamaños inconvenientes. Para que la independencia aumente el bienestar, habrá que comparar los beneficios que obtienen los independentistas (en su autoestima o en su felicidad por vivir ahora en un Estado catalán) y todos los residentes en Cataluña (si el Estado catalán es más eficiente que el autonómico español) con los costes que impone a los catalanes (si el Estado catalán es menos eficiente que el autonómico español); a los catalanes no independentistas (en forma de infelicidad por vivir en un Estado independiente de España) y al resto de los españoles en forma de “infelicidad” por la separación y en forma de pérdidas económicas por la reducción del mercado interior, el efecto frontera…

Pues bien, si hacemos esa comparación, hay que atribuir un valor muy, muy alto al aumento de felicidad de los independentistas catalanes para que el saldo neto sea positivo. No solo porque hay que descontar fuertemente las posibilidades de que el Estado catalán sea mucho más eficiente que el autonómico español (los gestores son los mismos y las políticas aplicadas por el Gobierno catalán en estos treinta años no han sido mejores que las españolas, en media) o porque los costes para la economía española sean también muy elevados sino también porque los costes del divorcio o de la liquidación, como tantas veces ocurre en los concursos empresariales, se puede “comer” la totalidad de los activos de la empresa. Este tipo de razonamiento es el que justifica que se exijan mayorías muy claras a favor de la independencia para reconocer a los nuevos Estados.

¿Por qué Flandes no es un Estado independiente? Lleva 30 años separándose de Valonia y podría forzar la desaparición de Bélgica si quisiera. Bélgica es un Estado mucho más artificial que España (sólo tiene 180 años) y los lazos entre las dos comunidades mucho menos intensos que los que tiene Cataluña con el resto de España, sin contar con que los valones se sienten muy próximos a Francia y los flamencos – aunque menos – a Holanda. Pero los números no les deben de salir a los flamencos, incluso aunque atribuyan – que lo hacen – un elevadísimo valor a su sentimiento nacionalista (el estatuto de Bruselas no es una cuestión menor). ¿Por qué los catalanes habrían de ser menos sensatos? España no es la Yugoslavia de Milosevic y los catalanes tienen acceso a toda la información necesaria y saben que los políticos catalanes son tan (o tan poco) corruptos, ineptos y oportunistas como los del resto de España.

Naturalmente, podemos equivocarnos porque, como dicen los juristas, las decisiones democráticas, como las contractuales, no se someten a un control de razonabilidad (stat pro ratione, voluntas).

*Catedrático de Derecho Mercantil en la UAM.