Pese a los recortes presupuestarios, las autonomías gastaron el año pasado 169.819 millones de euros, casi 7.600 millones más que en 2011. Y eso que en 2012 evitaron pagar la extra de Navidad a sus empleados, un ahorro coyuntural con el que no contarán este año. Varias comunidades lograron reducir los gastos en 2012, pero no la mayoría. Parte de esto se debe a que, en mayor o menor medida, todas las autonomías han tenido que hacer frente a multimillonarios pagos de facturas atrasadas de años anteriores. El Plan de Pago a Proveedores que puso en marcha el Gobierno de Rajoy inyectó en las autonomías 18.600 millones de euros que se usaron para pagar facturas pendientes. Pero, al margen de ello, también es cierto que no todas han acometido ajustes estructurales por igual, y eso acaba notándose en el coste que tienen para el ciudadano.

Según informa ABC, en los tres últimos años —de 2010 a 2012— las autonomías gastaron 509.429 millones de euros. Es decir, la mitad de toda la renta que es capaz de generar España en un año, la mitad del PIB nacional.

¿En qué se lo gastan?

A tenor de lo que el sistema autonómico ha gastado en el último trienio, sostenerlo le sale a un hogar español medio de tres miembros por 11.300 euros al año en números redondos. A razón de 3.756 euros por habitante y año de media. Poco más de la mitad de ese dinero se va en costear la Sanidad y la Educación; el resto, en el entramado de otras competencias que desempeñan, estructuras burocráticas, entes diversos —algunos duplicados con el Estado—, empresas públicas, gasto corriente, pago de la deuda pública…

Unas más, otras menos

Según la comunidad, el coste es mayor o menor. Con los datos que deja el último trienio, las más caras son, por este orden, Navarra, País Vasco y Cataluña. En el lado contrario está Madrid, la comunidad más barata en los tres últimos años. Si se cuenta la previsión de gastos de este 2013, la menos onerosa por habitante será Murcia, seguida de Andalucía y Madrid; pero Navarra, País Vasco y Cataluña de nuevo este año serán las más caras.

El sector público de la Generalitat le cuesta a cada hogar catalán una media de 12.300 euros. En el País Vasco la cifra se eleva hasta los 14.000 en números redondos. Y en Navarra, en el último trienio el coste medio de su estructura autonómica (foral) ha superado los 18.500 euros por hogar y año. Esas cifras contrastan con los poco más de 8.800 euros que cuesta la Comunidad de Madrid, los menos de 9.900 de Murcia, o los poco más de 10.000 euros por hogar y año en el caso de Galicia o Castilla y León.

El sexenio desbocado

El récord de gasto autonómico se produjo en 2009, dos años después de que aflorara la crisis. Aquel año marcó un punto de inflexión. La crisis hizo insostenibles las engordadas cifras de gasto. Los ingresos no alcanzaban a cubrir los costes, que se habían ido expandiendo año tras año.

En 2003 las autonomías gastaron 111.543 millones de euros; seis años después, 188.631 millones de euros. Un aumento del 69 por ciento en un sexenio en el que el coste de la vida —el IPC acumulado— se había encarecido un 17,1 por ciento. Es decir, el gasto de las autonomías no aumentó en proporción a cómo se encareció la vida, sino mucho más, porque se habían ido multiplicando estructuras, entes, más empleados públicos, más gasto corriente… Todo eso engordó los costes al calor del despegue económico. Por si fuera poco, las autonomías lo hicieron disparando el endeudamiento, año tras año, incluso en la etapa de bonanza económica que dejaba a la Administración lustrosos ingresos.

Pagar para sanear

El sistema autonómico también vivió su particular «burbuja». El problema es que en el sector público es fácil crear entramados de gasto, pero cuesta eliminarlos. El propio Gobierno de Rajoy —empeñado en poner orden y acabar con estructuras duplicadas e inmerso en planes de reforma del sector público— ha reconocido en varias ocasiones que la tarea no es sencilla ni inmediata.

De los 188.631 millones de euros que las autonomías gastaron en 2009 se pasó a los 177.380 millones de 2010. Y, de ahí, a los 162.230 millones en 2011. Una caída sustancial, pero sólo aparente, porque en las autonomías se fueron acumulando en los cajones facturas pendientes de pago que ha tocado «digerir» ahora.

El gasto contabilizado bajó en esos tres años, pero no fue una bajada real. Se logró a costa de ir acumulando impagos a los que se ha tenido que hacer frente después, tras dos elecciones de por medio y cambios de gobierno en 2011: los comicios autonómicos de mayo y los generales de noviembre.

Para poner orden en las cuentas, lo primero que ha habido que hacer ha sido liquidar la abultada lista de facturas pendientes. Y eso ha tenido dos efectos: por un lado ha hecho aumentar el endeudamiento de las autonomías en su conjunto, y por otro ha supuesto contabilizar en un año gastos que en realidad se habían hecho en años anteriores. De ahí que, aunque se está avanzando en el recorte del gasto estructural —en unas comunidades más que en otras—, su efecto no se apreció en toda su dimensión en la cifra final que dejó 2012. En su conjunto, el año pasado las autonomías gastaron un 4,67 por ciento más que en 2011, como consecuencia de ese efecto de puesta al día en los pagos que aún se está terminando de digerir.