El furgón policial con Blesa se dirige a Soto del Real.

El ex presidente de Caja Madrid Miguel Blesa ha pasado su primera noche en la cárcel después de que dos agentes de la Guardia Civil le llevaran a prisión desde el Juzgado de Instrucción número 9 de Madrid, según han informado fuentes jurídicas. Los agentes del Instituto Armado acudieron al juzgado al filo de las 20.30 horas, después de que Blesa permaneciera en dependencias judiciales durante cerca de siete horas. Su entorno se moviliza para tratar de buscar los 2,5 millones de euros de fianza que ha acordado el juez Elpidio José Silva para eludir su permanencia en prisión, que previsiblemente será la de Soto del Real.

El juez, que anoche dejó firmado el auto de libertad que posibilita su salida de Soto del Real, califica de “aberrante” que Caja Madrid comprara el City National Bank de Florida en pleno “tsunami” económico y afirma que la “tormenta perfecta” en la entidad no dependió de constantes climatológicas, sino del “proceder directo” de su expresidente Miguel Blesa. Así lo sostiene el magistrado en el auto, por el que decreta el ingreso en prisión provisional bajo fianza de 2,5 millones de euros de Blesa al entender que concurren “muy relevantes” indicios de criminalidad, de los que se desprende un posible delito societario de administración desleal o bien uno de apropiación indebida con otro de falsedad de documento público.

El juez Silva ha tenido en cuenta para fundamentar su decisión el informe remitido por el Banco de España para sostener que la operación implicó pérdidas de 500 millones de euros. “Bajo una apreciación causal la conducta del imputado ha podido ocasionar directamente daños y perjuicios económicos severos a la entidad que presidía”, resalta. “No parece que nos hallemos ante eventos fortuitos o cursos causales de todo punto inesperables, sino ante una pérdida plenamente previsible y anticipable, de no ser -en la hipótesis más favorable al imputado- por la ausencia total de la mínima diligencia en la gestión y destino proyectado para los fondos de Caja Madrid, máxime ante una cuantía tan elevada”, recoge el auto. “Y todo ello -resalta el juez- unido al curso causal dimanente de la crisis económica imperante, posiblemente condujo al colapso a al entidad financiera. En definitiva, aquí la ‘tormenta perfecta’ no dependió de constantes climatológicas, sino del propio proceder directo del imputado Miguel Blesa”.

Solo contesta a su abogado

El auto se refiere al hecho de que Blesa solo haya contestado a las preguntas de su defensa, acogiéndose a su derecho a no declarar a las formuladas por la acusación y el propio instructor. Durante esta declaración, que se ha prolongado durante cerca de tres horas, el banquero ha defendido que el sobreprecio desembolsado se debió a que era el mejor banco, el más dimensionado y en suma el más rentable.

Se le ha preguntado también si los 970 millones de dólares desembolsados en la adquisición del 83% del banco de Florida en abril de 2008 estaba sujeto como precio de venta al control previo, preceptivo y vinculante de la Comunidad de Madrid, contestando que no. Sin embargo, el juez no comprende por qué la entidad fraccionó la compra del banco entre 2008 y 2010, por qué éste último sufrió en tan poco tiempo “tal merma de valoración” y tampoco, en definitiva, la razón por la que se adquiere “en momentos tales que, en realidad, resultan indiferentes tales cualidades de optimización bancaria”. “Es decir, por expresarlo muy gráficamente, en medio de una tempestad, no existe barco que, a todas luces, tenga que aguantar ni, ante la presencia de un tsunami, existe mejor o peor tumbona para pasar la tarde tomando el sol”, señala el magistrado.

La responsabilidad sobre la compra del proyecto extranjero corresponde “exclusivamente” a la adquiriente, es decir, a Caja Madrid y en tanto que Caja “paradigmática y eminentemente presidencialista, a su presidente”. “El regulador no conoce ni puede conocer la profunda y concreta estructura de negocio de las diferentes entidades bajo su control”, destaca. Concluye que Blesa no ha explicado bajo qué presupuestos de estrategia se estudió la captación de depósitos de un nicho de mercado “nuevo” para Caja Madrid, a diferencia de otras entidades financieras que se han lanzado al mercado de Estados Unidos.

Créditos anómalos

El encarcelamiento de Miguel Blesa y el resto de medidas cautelares como presunto autor de delitos societarios, apropiación indebida, administración desleal, falsedad documental y estafa habían sido pedidas por la acusación popular que representa la asociación ‘Manos Limpias’, que interpuso hace medio año la querella que ha dado pie a este caso. La Fiscalía -que mantiene abierta una investigación paralela por otras operaciones de Caja Madrid a raíz de una denuncia del partido UPyD- rechazó, sin embargo, su ingreso en prisión -al entender que la retirada del pasaporte sería suficiente dado su arraigo en el país y la falta de indicios sobre la posible destrucción de pruebas- durante la preceptiva ‘vistilla’ celebrada tras la declaración del financiero, quien como ya hizo durante su anterior declaración en diciembre el pasado 5 de diciembre sostuvo que tanto la compra del City National Bank of Florida como la concesión de sendos polémicos créditos al grupo Viajes Marsans se hicieron “con todas las garantías legales” requeridas para ello.

Esos préstamos -que suman un total de 26,5 millones de euros- habían sido hasta ahora el meollo del caso, dado que según el juez ninguno de los imputados -aparte de Blesa, también lo están el expresidente de Marsans, Gerardo Día Ferrán (quien, a su vez, era consejero de la caja de ahorros) y otros directivos de la entidad madrileña- ha aportado hasta la fecha “el menor justificante de pago” de ese dinero. Al contrario, considera que de la documentación que obra en la causa se deduce “más bien lo contrario”, al tiempo que reprocha a aquellos que sus versiones no son “mínimamente verosímiles”, argumento que queda reforzado con un reciente informe pericial de KPMG donde se constata el trato de favor en dichos préstamos al eludir los controles necesarios para su concesión y no existir garantías suficientes para su cobro (aceptó varias propiedades que valían 6,6 millones sin llegar a verificar su valor real).