Vicente Granero

Fernando Soler.- La situación que se vive en el Ayuntamiento de Elche es delirante. A la mediocridad general del equipo de gobierno del PP, y a la acumulación de pruebas fehacientes sobre la presunta financiación irregular de ese partido, se suma el absoluto control por parte del esposo de Mercedes Alonso, José Antonio Peral, del área de urbanismo, siendo el concejal del área, Vicente Granero, un simple “hombre de paja”.

Según fuentes solventes contrastadas por Alerta Digital, José Antonio Peral asiste a reuniones de urbanismo, sin que tenga ningún cargo en el Ayuntamiento, salvo la condición de esposo de la alcaldesa. “Incluso –señalan esas fuentes, testigos directos- cuando se ausenta Granero, las reuniones siguen dirigidas en todo momento por José Antonio Peral”.

Granero, al que en ambientes jurídicos de Elche, se define como “un mal abogado” que “se dedicaba a cuestiones de inmigración”, ha permitido que urbanismo sea el predio de la pareja Alonso-Peral, con el factótum en ese terreno de Juan Caballero, la mano derecha de Peral. “Mercedes Alonso se ha creído que Elche es un cortijo granadino y que el Ayuntamiento es su finca. Se ha pasado de la ejecutiva de alcoba, como es conocida entre la ninguneada militancia, al Ayuntamiento de alcoba”, señala un militante del Partido Popular, indignado con la situación.

El escándalo mayor que vive la ciudad en este terreno es el intento del ambicioso matrimonio, con el respaldo de su “hombre de paja”, de tirar abajo el Mercado Central, que es un edificio protegido y que no se puede retranquear ni modificar, para poner en marcha un proyecto que implica la ruina de los placeros, y que contempla pista de pádel, gimnasio y un supermercado, que haría la competencia directa a los placeros, y un parking en el que, a los cincuenta años de la concesión, las plazas pasarían a ser propiedad de la empresa adjudicataria, el Grupo Árbol, en una cesión de lo público a lo privado.

La cuestión clave del proyecto es la extorsión y la ruina de los placeros. En el actual edificio el alquiler mensual es de 300 euros por puestos de 12 metros cuadrados, mientras que, si se lleva a cabo, en el nuevo edificio el alquiler mensual sería de 1.200 euros por puestos de 4 ,50 por 3 de fondo. Los placeros aducen que las ventas
han caído en altos porcentajes y que los nuevos puestos no dan para poder tener, por ejemplo, una carnicería. Los placeros ya se están planteando alquilar locales en la zona centro de Elche, porque no podrán sobrevivir en el proyecto municipal.

“Esto suena a pelotazo urbanístico. El Ayuntamiento quiere imponer un proyecto para el que no hay el más mínimo consenso, y perjudicial para economías modestas como las de los placeros, porque da toda la impresión de que hay intereses crematísticos de por medio”, coinciden varios placeros. Fuentes municipales de toda solvencia señalan, por su parte, que “éste es un proyecto en el que tienen un especial interés José Antonio Peral y Mercedes Alonso y en el que Vicente Granero y la concejala de Mercados actúan de meros comparsas”.

Por otra parte, el PP de Elche ha colgado en su página web un comunicado que es una sarta de mentiras, en el que afirma que “el Partido Popular de Elche se financia con las cuotas de sus afiliados, conforme a sus estatutos y las normas establecidas por los órganos competentes del partido”. Esto es completamente falso. El Partido Popular no existe ni jurídica ni financieramente en Elche. Funciona a través de la opaca Asociación Popular de Elche, como ha hecho público y demostrado Alerta Digital. También se afirma que “las cuentas del PP son claras y transparentes”, cuando ni tan siquiera existen.

Igualmente se indica que “la persona que ha interpuesto la denuncia, Enrique de Diego, mantiene intereses encontrados con el Ayuntamiento de Elche. A la familia política de De Diego, el Consistorio (desde el Gobierno de Diego Macià-PSOE) le adeuda cerca de 3 millones de euros por una expropiación en la zona del nuevo cuartel de la Guardia Civil de Elche. Enrique de Diego ha mostrado en diversas ocasiones y en distintos medios de comunicación un odio visceral al PP”.

Por su parte, Enrique de Diego señala a Alerta Digital, tras calificar de “indignidad manifiesta” el comunicado, y puntualizar que “la denuncia en el Juzgado la ha presentado Manos Limpias”, que “aún teniendo en cuenta que una cosa es el partido y otra el Ayuntamiento, el concejal de Urbanismo, Vicente Granero, ha de aclarar de inmediato su postura, porque lo que está diciendo el PP es que mi familia política está siendo penalizada por mi investigación sobre la presunta corrupción del Partido Popular y eso, al hacerse público en esos términos, supera la arbitrariedad para entrar en el terreno de la presunta prevaricación. Lo mismo digo sobre el concejal de Hacienda, Manuel Latour que haría bien en ver dónde están los 60.000 euros que faltan, según mis fuentes, en el Plan de Remodelación de la zona de la Estación, que han volado, que alguien se los ha llevado”.