El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TJSC) ha fallado en varios autos en respuesta a recursos de reposición de varias familias que la Consejería de Enseñanza de la Generalitat debe introducir el español en las aulas donde esté escolarizado el alumno cuyos padres hayan solicitado por vía judicial la atención en castellano.

Según el auto, con fecha 6 de marzo, el sistema “ha de adaptarse a toda la clase -o unidad escolar- de la que forma parte ese alumno”, lo que afecta al estudiantes juntamente con sus compañeros, y no sólo al estudiante. El tribunal argumenta que, de otro modo, “tendría que ser separado el hijo de la parte actora en una clase aparte, o permenecería en la misma con atención individualizada”, si bien explicita que este extremo ha sido rechazado por el Tribunal Supremo (TS) por considerar que la atención particular es discriminatoria, tanto como separar a los niños en distintas clases.

Así, el escrito confirma el auto de 3 de enero de 2013 de la sala contenciosa administrativa del TSJC que pidió a Enseñanza “adoptar las medidas necesarias para que sus hijos reciban una enseñanza conjunta en las dos lenguas oficiales, de forma proporcionada y sin desequilibrios entre ellas”, pero ahora matiza que afecta a toda la clase del alumno en cuestión.

Con un voto particular, el fallo rechaza los recursos de reposición interpuestos por una decena de familias y la Generalitat, y en relación a cómo se debe aplicar la proporcionalidad entre ambas lenguas, afirma que es potestad de la Generalitat y no función del tribunal “sustituir a la Administración en el ejercicio de una potestad propia”. Sin embargo, también apunta que la Generalitat debe modificar puntualmente el sistema si así lo establecen los tribunales que “controlan la potestad reglamentaria y la legalidad de la actuación administrativa” y recuerda que el derecho fundamental a la educación de la Constitución no garantiza recibir la enseñanza sólo una de las lenguas oficiales.

La Generalitat no ejecutará la resolución

En los fundamentos del derecho, menciona la sentencia del TS de 19 de febrero de 2013 que afirmaba que el derecho de las familias se reconoce con la “entera transformación del sistema”, entendiéndolo como el colegio y el curso de los hijos.

La Generalitat no ejecutará la resolución del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC). “La lengua de una aula no puede cambiar porque un sólo alumno lo pida. La voluntad de un padre no puede incidir sobre el programa y el proyecto solicitado por el resto de familias” de un grupo clase, ha señalado en rueda de prensa desde el Parlament la consejera de Enseñanza, la convergente Irene Rigau, que ha anunciado que el Govern recurrirá esta resolución ante el Tribunal Supremo (TS).

La consejera ha señalado que el Govern defiende la atención individualizada en castellano de los “casos particulares”, pero ha afirmado que no pueden obligar unos episodios en concreto a cambiar el sistema en su totalidad, y ha defendido el éxito de la inmersión lingüística y el consenso social y político que la avala.

Rigau ha destacado que, en cualquier caso, lo que ha hecho el TSJC es emitir una “medida cautelar” y ha defendido que la inmersión en catalán y la continuidad del modelo lingüístico actual está plenamente garantizada a través de la Ley de Educación de Cataluña (LEC).

Según la consejera, el gobierno catalán continuará “exprimiendo al máximo una política de defensa total del modelo lingüístico”, que no puede ser cuestionado sólo porque durante este curso escolar haya un total de 17 estudiantes cuyas familias han solicitado atención individualizada en castellano. “Lamentamos tener que defender continuamente nuestro modelo pero no nos cansaremos de hacerlo. No contemplamos ejecutar la resolución en los propios términos en los que se presenta”, ha señalado Rigau.

La consejera ha detallado que la LEC deja claro en qué franjas de edad las familias pueden solicitar para los alumnos una atención individualizada en castellano, y ha destacado que el proyecto lingüístico de cada centro no es una cuestión que se pueda cambiar “de un año para otro”. “La lengua de un grupo clase no depende de los alumnos, de la lengua ni de los intereses del profesor, depende del proyecto lingüístico del centro, que forma parte del proyecto educativo aprobado por el Consejo Escolar”, ha argumentado.