VB.- Los “desencuentros institucionales” entre la Generalidad y el Gobierno representan “una amenaza” para la economía catalana, mientras que su resolución “podría traer una liberación de energía colectiva y recursos materiales que podrían enfocarse a la solución de los problemas prioritarios en el plano económico”.

Así lo advierte el informe La economía de Cataluña: diagnóstico estratégico publicado recientemente por el Área de Estudios y Análisis Económico de La Caixa, en el que se analizan las debilidades y fortalezas con las que la Comunidad cuenta para hacer frente al reto de situarse ‘al nivel de las regiones europeas más avanzadas, como es su aspiración’.

Propone mejorar la relación entre los gobiernos autonómico y nacional

El estudio, dirigido por José Antonio Herce en colaboración con los analistas Pablo Alonso Talon, Ana Ramos Gallarín, María Romero Paniagua y Diego Vizcaíno Delgado, revisa en profundidad todo tipo de aspectos de la economía de Cataluña, en especial las relacionadas con la demografía, las infraestructuras, el mercado de trabajo, el sector exterior, el sector público, los precios, los salarios, el marco normativo, la estructura empresarial y la sociedad del conocimiento.

A lo largo de las 148 páginas del informe no hay ni un solo argumento que abogue por el proyecto rupturista planteado por el presidente de la Generalidad, Artur Mas, bajo la excusa de un supuesto “derecho a decidir”. Mas bien, al contrario, entre sus conclusiones, destaca la importancia de mejorar las relaciones entre los gobiernos autonómico y nacional para que la Comunidad pueda ‘hacer frente a su futuro’ en mejores condiciones.

Un acuerdo reportará “beneficios a ambas partes”

La Caixa considera que “Cataluña es una de las nacionalidades históricas que componen el Estado español, producto de una colectividad diferenciada territorial y culturalmente y cuya autonomía política tiene una larga trayectoria histórica (su primer antecedente se remonta al medievo con la Diputación del General de Cataluña) y un profundo arraigo en el sentimiento colectivo”.

También subraya que “los partidos catalanes han contribuido decisivamente a la gobernabilidad del Estado a lo largo de todo el periodo democrático’, de lo que deduce que existe ‘un margen de mejora en el encaje entre Cataluña y el Estado, en el que los avances sustantivos continuarían aportando beneficios a ambas partes”.

Una mejora de la financiación en la línea del concierto económico

El informe recuerda los desencuentros entre Gobierno y Generalidad generados a raíz de la última reforma estatutaria, y destaca como “otro punto de conflicto” el “déficit fiscal”, que ha derivado en “la reclamación de autonomía fiscal, focalizada hoy en el debate sobre el pacto fiscal” o concierto económico.

En este sentido, La Caixa asume como propia la reclamación de una mejora de la financiación autonómica:

“Debe verse como una fortaleza la existencia de una visión compartida por parte de los actores institucionales, empresariales y sociales catalanes acerca de la conveniencia de definir un marco estable y singular de relaciones económico-financieras de Cataluña con el Estado que sustente las aspiraciones de progreso de la Comunidad”.

También subraya que la superación al “bloqueo del diálogo institucional” entre el Gobierno y la Generalidad supondría resolver “los eslabones pendientes en la red de infraestructuras de la Comunidad” y avanzar en “proyectos empresariales de envergadura latentes en Cataluña”, especialmente en el ámbito tecnológico e industrial.

Un escenario institucional ‘continuista’ sería negativo para el bienestar

“Pueden hacerse muchos análisis territoriales, sociales o económicos sobre Cataluña, como sobre cualquier otra Comunidad Autónoma española, pero, como no sucede en ninguna otra, sin embargo, ni en las de régimen foral, ni en las restantes de régimen común, estos análisis nunca acabarían de ser coherentes si no se tuviese en cuenta la realidad experimentada por una gran mayoría de decisores y actores presentes en Cataluña. Pues los agentes socioeconómicos catalanes experimentan su realidad cotidiana desde un sentimiento de pertenencia a una comunidad política específica que les cohesiona, estimula y proyecta como si fuese una auténtica fuerza productiva, un factor de producción adicional en su función de producción”, añade el informe.

E insiste en que “los aspectos fiscales y financieros son muy importantes, y deberían resolverse, en la opinión de la práctica totalidad de los actores institucionales, sociales y empresariales catalanes, en un diálogo singular con el Estado”, teniendo como referencia que “el pacto fiscal es una de las figuras institucionales más evocada en Cataluña ante la inoperancia de otras vías para la suficiencia de recursos y la frustración que causa la crisis, como forma de dar continuidad a las aspiraciones catalanas en el actual contexto económico”.

Por el contrario, “un escenario continuista en el que los aspectos institucionales ni avanzan ni retroceden […] solo daría como resultado la continuidad de esa brecha significativa que todavía la separa [a Cataluña] de las regiones europeas más avanzadas, a las que aspira a igualar, o el mantenimiento de esa lenta reducción de la distancia de bienestar que todavía mantiene a Cataluña manifiestamente por encima de la media española”.

Para realizar el informe, además de los datos estadísticos, los autores han utilizado la opinión de diversas personalidades del ámbito político y económico catalán, tales como Andreu Mas-Colell (consejero de Economía y Conocimiento de la Generalidad), Salvador Alemany (presidente del CAREC), Lluís Recoder (ex consejero de Territorio y Sostenibilidad), Antoni Abad (presidente de CECOT), Josep Maria Álvarez (secretario general de UGT Cataluña), Eugenia Bieto (directora general de ESADE), Antoni Brufau (presidente de Repsol), Sixte Cambra (presidente del Puerto de Barcelona), Jordi Canals (director general de IESE), Josep Canós (director general de Energía, Minas y Seguridad Industrial de la Generalidad), Artur Carulla (presidente de Agrolimen), Salvador Gabarró (presidente de Gas Natural Fenosa), Joan Carles Gallego (secretario teneral de CCOO Cataluña), Josep Piqué (presidente del Círculo de Economía) y Miquel Roca (presidente de Roca Junyent Abogados), entre otros.