Entre 1976 y 1978, algunos ilustres y honorables militares intuyeron lo que muchos de sus compañeros de armas no veían o no querían ver: que aquella miríada de oportunistas demócratas ‘de toda la vida’ estaban estableciendo las bases de un régimen perverso que acabaría por destruir a la nación española.

Algunos dejaron escrito sus temores en la prensa escrita de la época. En esas fechas, otros militares menos ilustres y menos honrosos zascandileaban en las sedes de los partidos al acecho de alguna futura prebenda y bebían ginebra con Carrillo y con Felipe González. Fue gracias a estos oportunistas que supimos de la Unión Militar Democrática, muchos de sus miembros dedicados a la infame tarea de delatar al poder político los casos de desavenencias al proceso constituyente dentro del Ejército. Muchos militares fueron arrestados, degradados, infamados y hasta expulsados del Ejército simplemente por opinar de forma contraria a los ‘umedos’.

El Ejército español debe ser la institución con más fortaleza moral de cuantas hayan existido nunca. 35 años de despropósitos en política defensiva, cinco gobiernos, seis presidentes y catorce ministros de Defensa no han sido al parecer suficientes para hacer desaparecer su compromiso con España. Y ello a pesar de las cribas sectarias, las críticas acerbas, los recortes económicos, la eliminación del servicio militar, las reformas sexistas, la drástica reducción de sus acuartelamientos, la severa disminución de sus efectivos y las campañas de adoctrinamiento que ha sufrido la institución castrense en estos 35 años de aciaga aventura partitocrática.

En el año 2006, de nuevo un general de prestigio hacía un análisis crudo sobre una España en trance de ruptura. Durante la Pascua Militar, el teniente general del Ejército de Tierra y general jefe de la Fuerza Terrestre, José Mena Aguado, salió a la palestra avisando a los españoles que si algún Estatuto de autonomía sobrepasa los límites de la Constitución, el Ejército —como garante de la Carta Magna— tendría que intervenir. Justo lo que recordó seis años después el coronel Francisco Alamán en este mismo medio.

Una vez más, la respuesta de los políticos y de los medios izquierdistas fue unánime: aquel general era el reinventor de las asonadas militares y el gestor de unas ideas demoníacas que no debían calar en la opinión pública. Todos los partidos nacionalistas, incluidos los que apoyan a ETA, pidieron la cabeza del general Mena. El archimillonario José Bono, ministro entonces de Defensa, se las ofreció en bandeja de plata. Y con el aditivo del nombramiento de un viejo camarada para sustituir al general Mena: el nunca bien ponderado Pedro Pitarch, de ideas tan progresistas que a su lado las de Bono parecían fabricadas en la calle Génova.

El resultado de todo ello, el mensaje que se trasladó a los separatistas es que España, de nuevo, parecía más que dispuesta a claudicar de sus principios y a dar paso nuevamente a una nueva tiranía en su territorio, la que ellos representaban. Mientras se calla a un valiente general en nombre del desastre democrático establecido, los valientes nacionalistas sintieron sobre sus espaldas un nuevo triunfo y pudieron inculpar a militares como el general Mena de todos los males posibles. Henchidos de valentía recordaron a sus huestes la retahíla de siempre: el 18 de julio, Franco y la dictadura de los militares. Los militares como Mena volvieron a ser las víctimas del odio propagado todos estos años contra cualquier valor ético distinto al oficial.

Primero fue la exclusión de los militares del proceso constituyente; después siguieron los engaños de Adolfo Suárez a la cúpula castrense respecto a la no legalización del Partido Comunista; luego siguieron los cientos de militares muertos a manos de ETA, mientras los representantes institucionales civiles se iban de francachela con los nacionalistas; más tarde, la burda estafa del 23-F, perpetrada desde las cloacas del Estado para que sirviera de antesala a la depuración de miles de militares renuentes con la venta de España a plazos; años después, José María Aznar eliminó la mili, dejó sin apenas efectivos militares a nuestras ciudades de Ceuta y Melilla y abrió las puertas del Ejército a todo el cúmulo de normas que por su naturaleza intrínsecamente inmoral resultaban intolerables para cualquier militar con apego al honor.

El general Mena fue cesado en 2006 por un Gobierno socialista por exigir la defensa de la legalidad vigente en aras de preservar la unidad de España. Seis años después, otro Gobierno, en este caso del PP, cesa al director de la revista ‘Ejército’, el general Pontijas, por sostener y defender lo mismo en un editorial. Como se ve, en España hay verdades reales y verdades oficiales dependiendo de quien las propague.

Les puedo asegurar que el general Pontijas es un hombre absolutamente honorable y que nunca fue ajeno a las buenas formas. Su editorial no versó contra nadie y nada de lo que allí dijo induce a pensar en una respuesta tan desporporcionada. Parte de la culpa hay que achacársela a medios informativos izquierdistas y al discurso de los predicadores nacionalistas que mueven a la venganza a un pueblo adoctrinado y analfabeto.

A eso precisamente es a lo que se ha negado un sector del Ejército desde el año 78 hasta hoy. Otra sería nuestra situación hoy de haber sido escuchadas sus reconvensiones con el interés con el que en España se escucha a cualquier botarate. Por eso, la tragedia actual de España no puede superarse con paños calientes ni atendiendo a las propuestas chantajistas que lanzan los nacionalistas. No cabe con ellos alianza alguna ni hay cúpula en el mundo capaz de hacerles reflexionar. La solución es seguir las mismas pautas que se siguieron hace 73 años: vencerles primero y alejarlos para siempre de nuestro espacio de convivencia.

No va a ser fácil. Al PP y al PSOE parecen importarles más salvar sus muebles que la unidad nacional; han preferido durante años lancear a los militares que afrontar el más importante desafío de impedir que un puñado de canallas fuese depredando el concepto de España en ya muchas generaciones de vascos y catalanes. El general Pontijas llevaba razón cuando advertía que “estas singularidades provocan, de igual forma, una disminución de la credibilidad de nuestra nación, agravan la crisis, perjudican la estabilidad política y se traducen en una mayor penalización de los mercados”.

Los políticos españoles intentan abrirse con gran comprensión a los valores externos, pero no aman los nuestros. España tiene la necesidad de una nueva aceptación de sí misma, si verdaderamente quiere sobrevivir. Militares como Mena y Pontijas no han sido ni serán nunca nuestros enemigos.