La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáez de Santamaría, junto a Bañez.

Más que prepara, protege. Se prorroga la ayuda de 400 euros a los trabajadores en paro sin otros recursos, pero el Gobierno ha optado por «reformar la protección de las personas que más lo necesitan», al otorgar prioridad a este objetivo frente a la «mejora de la recualificación de los desempleados». Los parados que hayan agotado su prestación y que tengan a cargo, además de su cónyuge o pareja de hecho, a otros dos miembros de la unidad familiar, recibirán 450 euros al mes durante un semestre.

Lo anunció la ministra de Empleo, Fátima Báñez, tras la reunión que mantuvo con la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría, el titular de Hacienda, Cristóbal Montoro, y el director de la Oficina Económica de la presidencia del Gobierno, Álvaro Nadal, en el palacio de la Moncloa. Un comunicado de su departamento insiste en que el Ejecutivo «quiere dejar claro que lo importante es que nadie en este país que realmente lo necesite se encuentre desprotegido en la salida de la crisis».

Se están pensando, al parecer, en una ayuda de subsistencia. Resta conocer las exigencias que se plantearán a otros beneficiarios. UGT intuye que, tras este primer anuncio, la norma endurecerá las condiciones de acceso a la prestación para algunos trabajadores, especialmente los jóvenes, algo que considera «inadmisible» ante las nulas perspectivas de creación de empleo y recuperación económica en el corto y medio plazo. También CC OO «teme» que el viernes, cuando se apruebe la prórroga del plan Prepara, haya modificaciones que reduzcan el número de beneficiarios del programa.

En la sospecha de que la nueva configuración limitará los colectivos protegidos, los sindicatos han pedido información urgente, pero siguen a la espera de una convocatoria, que tendría que producirse, insisten, antes del Consejo de Ministros del próximo viernes. Esta interlocución no es una concesión generosa del Gobierno, sino que está contemplada en la ley de Empleo de 2003, y están a la espera de que se cumpla. Pero ya viene siendo una práctica frecuente que el Ejecutivo adopte decisiones del ámbito social sin apenas tomar en cuenta a las centrales sindicales.

La norma vigente hasta el 14 de agosto ya limitaba las ayudas a miembros de hogares con ingresos inferiores al 75% del Salario Mínimo Interprofesional, es decir, a 485 euros, pero dirigentes del PP habían denunciado la convivencia de jóvenes ‘protegidos’ con sus padres en el seno de familias de un nivel económico más desahogado. En otras palabras, advirtieron de que beneficiarios de este último recurso eran parados con colchón familiar, lo que alimentaba la idea de que se habían instalado en la cultura del subsidio, encadenando las ayudas. Algo que, sobre el papel, tampoco permitía la ley, al dejar de lado a quienes ya hubieran percibido una prestación extraordinaria del programa temporal de protección por desempleo o de los planes de inserción.

Al centrarse en las familias más necesitadas, la medida que se aprobará en el Consejo de Ministros del próximo viernes no deja claro por ahora el cumplimiento de su inicial objetivo, la mejora de la empleabilidad de las personas que no consiguen su reinserción laboral. Cierto que este propósito es compartido con las comunidades autónomas, con las que el Ministerio de Trabajo se propone «aumentar la colaboración y la coordinación».

Respecto a los desempleados en extremas dificultades, «vamos a poner todos los recursos a disposición de estos beneficiarios para que se formen y encuentren en el Plan Prepara la última puerta de entrada en el mercado de trabajo», se limitó a decir la ministra a través de un comunicado.

Educación primaria

El ministerio afirma que ha propuesto esta orientación tras conocer los resultados de la primera evaluación realizada de un programa que arrancó en marzo de 2011. Ese análisis reveló una cruda realidad, y plantea un formidable desafío a las administraciones que quieran buscar una salida laboral a los beneficiarios: el 72% de los perceptores de la ayuda se limitaba al nivel de educación primaria. A medida que se ha agudizado la crisis, la situación ha empeorado, con notable descenso de la tasa de reinserción de los beneficiarios. Si en el Prodi, el precedente del Prepara, el 26% de los solicitantes se daba de baja en algún momento por encontrar trabajo, en la última etapa del programa apenas un 6% renunciaba a la ayuda tras conseguir una colocación.

Hasta julio pasado se habían destinado 1.052 millones de dinero público a la protección de 500.859 trabajadores. Los beneficiarios entran en el programa, pero también salen -en el mejor de los casos, porque encuentran un puesto de trabajo, en el peor, porque agotan el plazo del subsidio-, de manera que, según el registro de junio, la nómina de perceptores estaba en 211.461 personas.
Los sindicatos tienen otra demanda. La elevación de la cuantía económica de la prestación del Plan Prepara para algunos casos, abre la duda de si esa medida se extenderá al conjunto de los beneficiarios del subsidio asistencial, que hoy es de 426 euros, el 80% del IPREM, y que ha sido congelado por el Gobierno. Si no se equiparan estas ayudas, argumenta UGT, se estaría aplicando una clara discriminación.