La Fiscalía General del Estado, en una decisión nunca vista en la larga historia de la institución, ha comenzado a distribuir un pormenorizado argumentario entre las diferentes fiscalías para intentar lavar su imagen tras las revelaciones de Wikileaks. Los cables del Departamento de Estado norteamericano constataban la supuesta connivencia del Ministerio Público con el Gobierno de Washington para dar carpetazo a las tres causas judiciales que amenazan intereses de Estados Unidos: el asesinato del cámara del Telecinco José Couso en Irak, los vuelos ilegales de la CIA que hicieron escala en España y la detención ilegal de presos en la base cubana de Guantánamo.

Cándido Conde Pumpido, que hace sólo dos semanas ya expresó en un documento interno su “preocupación” por el “perjuicio a la imagen y la dignidad” de la institución que habían causado los informe diplomáticos, vuelve a la carga ahora con un documento de 15 páginas fruto de unas investigaciones internas sobre la actuación en los tres procesos. El argumentario descarga de culpa al Ministerio Público. Es más, niega incluso la mayor y asegura que, a pesar de que así lo señalan los documentos internos de la propia legación norteamericana, ni siquiera recibió presiones de la embajada para cerrar esos sumarios.

La Fiscalía se centra en descalificar el valor de los documentos filtrados. “A lo largo de las pasadas semanas se ha venido produciendo la publicación de una serie de fragmentos de supuestos documentos confidenciales al parecer obtenidos ilegalmente del sistema de comunicaciones del servicio diplomático norteamericano, acompañados de opiniones y valoraciones desprovistas en general de información objetiva acerca de la intervención y actuación de los órganos del Ministerio Fiscal”, apunta el argumentario de Conde-Pumpido.

Caso Couso

El primer asunto que trata el informe autoexculpatorio que comenzó a distribuirse el 28 de diciembre, aunque nadie se lo demandó a la Fiscalía General, es el de Couso. El Ministerio Público recuerda que su oposición a que la competencia de los tribunales españoles para investigar ese asunto viene de la época del anterior fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Eduardo Fungairiño, durante la época de Gobierno del José María Aznar. Afirma que su oposición a esta investigación estuvo siempre basada en planteamientos jurídicos, al entender que la muerte del cámara no fue un crimen de guerra contra la comunidad internacional.

En este caso, la Fiscalía reconoce que mantuvo hasta tres reuniones diferentes con representantes del Gobierno de Washington, pero asegura que se les proporcionó la misma información que a la familia de Couso, y que el motivo de esos encuentros fue reclamar a Estados Unidos que respondiera a la comisión rogatoria cursada por la Audiencia Nacional. Conde-Pumpido enmarca esos encuentros en las habituales reuniones de “cooperación internacional” y destaca que en ellas participó el embajador como representante de la Fiscalía de EEUU, ya que el fiscal general de ese país pertenece al Gobierno, según la legislación norteamericana. Según su versión, la Fiscalía “enfatizó” ante las autoridades diplomáticas “la independencia de la justicia española” y explicó su posición “estrictamente jurídica” en contra de la competencia de la Audiencia Nacional.

El escrito insiste en el que su oposición a la jurisdicción española para investigar el asesinato fue anterior a cualquier reunión y la ha “mantenido invariable a lo largo del tiempo” con independencia de esos encuentros “informativos”. El fiscal general intenta zanjar la controversia con una conclusión: La actuación del departamento ha sido siempre independiente “con pleno respeto a la valoración jurídica y a la actuación procesal de las demás partes personadas, y a partir de una reflexión estrictamente jurídica y ajena por completo a cualquier presión (que no ha existido, y si se ha intentado no ha sido desde luego percibida como tal) de las propias partes procesales o de terceros, sean grupos de presión, medios de comunicación, personas o colectivos sociales o políticos cuyos intereses puedan representar gobiernos nacionales o extranjeros”.

Caso Vuelos de la CIA

En este asunto, Conde Pumpido intenta dejar claro que la institución que dirige siempre impulsó la investigación, hasta el punto de reclamar la desclasificación de papeles del CNI sobre esas escalas aéreas en España, y que la información que se facilitó a la embajada era ya “pública y había sido publicada” por los medios españoles y que, en cualquier caso, fueron datos exclusivamente sobre “el estado del procedimiento”. “No se facilitó (a los diplomáticos estadounidenses) ninguna información acerca del posible contenido de la información clasificada” que, según el documento, además era desconocida por la Fiscalía, quien no tenía “autorización” para saber qué decían los papeles del CNI. Desvelar esa información secreta, recuerda el informe, hubiera sido un “delito”.

El argumentario asegura además que las informaciones que transmitió la embajada a Washington tras los encuentros con la Fiscalía fueron “valoraciones subjetivas, conjeturas o hipótesis”, quizás “guiadas por intereses lícitos”. Por eso, insinúa Conde Pumpido, los cables que apuntaban a que el “servicio secreto español contaba con información acreditativa de las actividades clandestinas denunciadas” podrían haber salido de otra fuente.

La conclusión es idéntica que en el ‘caso Couso’: “ninguna recomendación, insinuación o directriz llegó a la Fiscalía directa o indirectamente de las autoridades del Gobierno de España sobre el nivel de información que debía darse, no habiéndose producido presión alguna a los integrantes de la Fiscalía por autoridad española o extranjera alguna”.

Caso Guantánamo

El documento se esmera en detallar que su oposición a que Baltasar Garzón se hiciera cargo del sumario de la base de Guantánamo fue una mera cuestión procesal, ya que entendía que el juez se estaba saltando las normas de reparto al arrogarse la investigación sobre las supuestas detenciones ilegales en la base por el mero hecho de que instruía ya diligencias contra cuatro supuestos miembros de Al Qaeda que habían pasado por esas instalaciones de Estados Unidos en Cuba. Recuerda que el Ministerio Público, a pesar de estar en contra del trabajo de Garzón, nunca “cuestionó ni recurrió” las diligencias acordadas por el instructor para aclarar si hubo detenciones ilegales.

El departamento que dirige Conde Pumpido, no obstante, reconoce dos encuentros entre diplomáticos americanos y la Fiscalía de la Audiencia Nacional, pero asegura que no hubo coacciones por parte de la embajada. “No existió presión o injerencia alguna por parte de los mismos o de terceros en relación con las decisiones finalmente adoptadas, siendo absolutamente inciertos los términos de las conversaciones que fragmentariamente se citan en las notas publicadas en algún medio de comunicación”. Unos comentarios que la Fiscalía considera “una referencia subjetiva e interesada de quienes han elaborado tales notas” sobre el sumario de Guantánamo.