La Guardia Civil será la encargada de investigar el auténtico embrollo legal en que se encuentra el emblemático Hospital de Sant Pau de Barcelona. Así lo ordenó este miércoles en un auto el titular del juzgado de instrucción número 22 de Barcelona, Juan Emilio Vilà. El centro sanitario acometió el año pasado un severo expediente de regulación de empleo (ERE) para enjugar el déficit de 17 millones de 2011, pero además ha de afrontar denuncias penales del comité de empresa, de la médico Carme Pérez y de la Associació de Profesionals d’Infermeria (API), que han descubierto graves irregularidades en su gestión. El caso se verá también en la comisión de investigación parlamentaria creada esta semana en el parlamento catalán y que se ocupará también de otros escándalos de la sanidad.

Entre los actos denunciados figura el pago de suculentos emolumentos a exaltos cargos de la Generalitat, del Ayuntamiento de Barcelona y del Arzobispado. El exgerente Ricard Gutiérrez, por ejemplo, estuvo cobrando un salario millonario durante siete años después de dejar su cargo, lo que le reportó más de 700.000 euros. También reclaman conocer los pagos realizados al exteniente de alcalde de Barcelona José Ignacio Cuervo y a Joan Ros, representante del Arzobispado. Para los denunciantes, estos pagos no estaban justificados. Las denuncias presentadas acusan a la cúpula del hospital de delito societario, de malversación de caudales públicos, de fraude, de prevaricación y de delito contra los trabajadores. De momento, el magistrado mantiene como imputados al presidente de la Fundación gestora del hospital, Albert Folia, y al exgerente Jordi Varela.

Entre otras cosas, también existen sospechas sobre la adjudicación de varias fases de las obras de ampliación del hospital, ya que no se convocó ningún concurso y se adjudicaron a dedo. Tras esa sospechosa irregularidad, hubo desvíos al alza en los presupuestos de las mismas. Además, dichas cantidades no son pequeñas: esos ‘desvíos’ pueden suponer unos 70 millones de euros.

En vista de todo ello, el magistrado también encarga a la Guardia Civil investigar los supuestos contratos irregulares en “obras, servicios, empleos irregulares y cobros indebidos por parte de los patrones de las fundaciones”. Se refiere, con ello, a los pagos efectuados a Gutiérrez, Cuervo y Ros. Un portavoz oficial del hospital consultado por este diario declinó comentar el tema porque “está sub iudice”.

Un retiro para exaltos cargos

Fuentes del sector sanitario señalan a que el Sant Pau se convirtió, durante años, en el retiro dorado de exaltos cargos de la Administración. ”Allí iban a parar los dirigentes del Gobierno o del Ayuntamiento que salían de la primera línea de la política”, explican estas fuentes.

El hospital tiene una situación jurídica peculiar: en realidad, el centro tiene tres fundaciones: una Fundación Privada, una fundación gestora y una Fundación de investigación. A través de ésta, recibe fondos públicos. “Nosotros partimos de la base de que es un grupo empresarial, aunque ellos siguen diciendo que no. Cuando fuimos a buscar las cartas fundacionales a Justicia, nos encontramos con que el Hospital de Sant Pau es una Fundación Privada. Luego, por decreto ley, se crearon las otras, pero eso no cambia la titularidad. Pueden vestirlo con las fundaciones que quieran, pero no deja de ser un negocio privado”, señala a El Confidencial àngels Sabaté, presidenta de la API.

Los trabajadores sospechan que cuando el hospital recibía legados o herencias, en vez de pasar a usufructo de la gestora, se pasaban directamente a la Fundación Privada. ”De ese modo, nos encontramos con que tiene una inmobiliaria con más de 1.200 inmuebles, mientras el hospital cierra 86 camas porque no hay dinero para mantenerlo”, subraya Sabaté. Ese recorte de camas fue debido al recorte generalizado de fondos públicos que el Gobierno catalán acometió el año pasado. Así, mientras el servicio se resentía, el patrimonio se mantenía intacto o se incrementaba a través de la Fundación Privada.

Los agentes deberán determinar exactamente las relaciones entre las tres fundaciones ligadas al hospital y el flujo monetario y patrimonial que existe entre las mismas.

Además, entre las irregularidades denunciadas se encuentran diversas adjudicaciones realizadas por los directivos del centro. La más llamativa es la de mobiliario, electrodomésticos y maquinaria médica con la multinacional Philips por 5,1 millones de euros. Además, según los denunciantes, una empresa privada mediaba para comprar ese material a Philips. El encargo a ésta, sin embargo, lo realizó, al parecer, la Fundación Privada, por lo que no estaría sujeta a convocar concurso. Sin embargo, tanto el desembolso del dinero como la gestión del material pueden haberse realizado por la Fundación gestora, por lo que la estructura jurídica del centro acrecienta el embrollo legalista.

Fuente: El Confidencial.