Ilegales en Lampedusa.

Italia va a regularizar varios cientos de miles de inmigrantes ilegales. Un nuevo decreto ley prevé distintas medidas para luchar contra el trabajo “en negro”, una de ellas es la regularización temporal de los ilegales. Según Cáritas entre 210.000 y 400.000 inmigrantes podrían ser regularizados.

Para reducir la inmigración ilegal y luchar más eficazmente contra los empleadores que no declaran a sus empleados, Italia ha adoptado tres nuevas medidas en aplicación de una directriz de la UE sobre las sanciones contra los empleadores que explotan inmigrantes en situación irregular.

La primera medida prevé un endurecimiento de las penas contra las sociedades o personas físicas que emplearan “en negro” más de tres personas o menores de edad. Las sanciones administrativas podrían llegar hasta los 150.000 euros, además de una multa que sería el equivalente del coste medio de la repatriación de cada empleado en situación irregular.

Además, los empleadores que hubieran sido condenados previamente por delitos relacionados con la explotación de mano de obra ilegal no podrá emplear ya a extranjeros. En la práctica, esta disposición para su aplicación necesita que sean descubiertos los patrones o las sociedades que no respetan el derecho laboral, lo que supondría controles cotidianos en todo el país. Es por ello que el decreto ley introduce otras dos medidas. Una permite acordar una especie de amnistía a los empleados “en negro”. La otra ofrece la posibilidad a los patrones de regularizar la situación de sus empleados irregulares si declaran de manera voluntaria a estos.

El punto más innovador concierne la regularización temporal de los inmigrantes entrados en Italia antes del 31 de diciembre del 2011 que denuncien el empleador o la empresa que los explotan o incluso los maltrata. Los que pongan una denuncia y se comprometan a cooperar en las diligencias penales contra su empleador obtendrán un permiso de estancia humanitario de una duración de 6 meses, renovable por un año más.

Para luchar más eficazmente contra la economía subterránea, muy presente en los sectores de la construcción, la agricultura y el textil, el decreto ley da la posibilidad a los empleadores de efectuar voluntariamente los trámites para regularizar su situación y por lo tanto la de sus empleados, eso a condición de que estos últimos estén trabajando en jornadas completas desde por lo menos tres meses. En ese caso, la medida prevé una multa de mil euro por cada trabajador empleado, más los atrasos de las cotizaciones patronales no pagadas, pero ningún castigo penal.

De esa medida están excluidos los empleadores que ya hubieran sido condenados por haber favorecido la explotación de inmigrantes ilegales y los extranjeros que hayan sido objeto de un procedimiento de expulsión y de aquellos considerados peligrosos para el orden público.

El tiempo previsto para las regularizaciones será corto: entre el 15 de septiembre y el 15 de octubre. Según la estimación de Cáritas, entre 210.000 y 400.000 inmigrantes podrían acogerse a esta medida para obtener un permiso de residencia. Es la primera vez que Italia propone una regularización masiva en estos últimos 10 años. La regularización del año 2009 sólo concernía al personal domestico y a los asistentes a domicilio. Según el Instituto Italiano de Estadísticas, habría en Italia unos 500.000 inmigrantes sin papeles y 3.600.000 inmigrantes en regla.