Cartel contra el aborto de la CEE.

Por José María Manrique.- “Una cosa es el principio de separación entre la vida pública y la vida privada y otra distinta las responsabilidades morales y éticas que tiene un gobernante en relación con la ley vigente. En un sistema jurídico como el nuestro, tiene que aplicarla, y si no la aplica tendrá que renunciar a su cargo. Hay que aplicarlo a las situaciones concretas, porque para un gobernante es una obligación, tiene la obligación del sistema jurídico vigente en una democracia de cumplir la ley. No está por encima de la ley. Otra cosa es qué hace con su conciencia ante una ley que es injusta. Eso es un problema que habría que ver en cada caso cómo se resuelve”.

Con ello, además de desautorizar y desactivar a cualquier posible movimiento insumiso/objetor, y asumir los asesinatos que se produzcan hasta que la ley sea declarada inconstitucional (opción por la que se inclina Rouco), “le estaba dando martillazo mortal y estocada hasta la bola a un tema tan viejo para la Moral Cristiana como el de que hay que obedecer a Dios antes que a los hombres” (al decir del articulista +Dom W); y también dejaba en entredicho el punto 2242 del Catecismo: “El ciudadano tiene obligación en conciencia de no seguir las prescripciones de las autoridades civiles cuando estos preceptos son contrarios a las exigencias del orden moral, a los derechos fundamentales de las personas o a las enseñanzas del Evangelio. El rechazo de la obediencia a las autoridades civiles, cuando sus exigencias son contrarias a las de la recta conciencia, tiene su justificación en la distinción entre el servicio de Dios y el servicio de la comunidad política. Dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios (Mt 22,21). Hay que obedecer a Dios antes que a los hombres” (Ac 5,29)”.

Luis Fernando Pérez Bustamante, otro articulista, escribió escandalizado en su bitácora personal (tras ser invitado a retirar el artículo del portal “www.religiónenlibertad”): “No necesitamos pastores que nos digan en qué consiste la ley de los hombres. Necesitamos pastores que nos recuerden cuál es la ley de Dios. Y si no, que se dediquen a dar clases en universidades y no a poner sus conocimientos y sabiduría al servicio de un sistema que produce más de cien mil muertes de inocentes al año en España. Ya está bien de apelar a una Constitución que se ha convertido en una ramera maltratada por los gobernantes. Esta Constitución no nos vale a los cristianos”.

Les propongo un ejercicio de imaginación: si en lugar de las posturas que hemos relatado, ¿qué hubiera pasado si en 1983 se hubiera fomentado una oposición frontal al aborto, con amenaza de excomuniones a las personalidades que lo apoyaran?; incluso, ¿que pasaría aun hoy en día si la CEE enfocara así el problema?. ¿No se hubiera cambiado la intención de voto de muchos políticos y simples ciudadanos?. ¿No se hubieran ahorrado varios millones de vidas?

Como ejemplo meridiano tenemos las manifestaciones que, tímida e indirectamente, se han alentado.

La del día 17 de octubre de 2009, la “Marcha por la Vida”, fue convocada por organizaciones apéndices del PP (Foro de la Familia y HO, principalmente) y, lógicamente, su lema no pedía la derogación de las leyes del aborto y conexas; tan es así que, tras la manifestación, el Foro de la Familia pidió al PP que, caso de gobernar, dejara la ley del aborto tal y como esta, a pesar de producir más de cien mil abortos al año”. Pues bien, la CEE no mencionó este olvido, vino a decir que se debía asistir, pero muchos obispos convocaron actividades en sus diócesis que impedían lo anterior a muchos fieles, y todos, casi sin excepción (excepto Don Alfonso Carrasco Rouco, Obispo de Lugo.), eludieron asistir a ella; incluso tres obispos quisieron hasta última hora asistir, pero, al parecer, el presidente de la CEE presionó en contra; y ello cuando en otras ocasiones no lejanas cerca de media docena de prelados se han manifestado por las calles de Madrid a favor de la familia natural. Aun con todo lo anterior, los organizadores de la primera manifestación cifraron los asistentes en 2 millones de personas y la Comunidad de Madrid en 1,2 millones.

Y a la que convocó fundamentalmente el mismo Foro el 18 de junio de 2005, a favor de la Familia Cristiana (“La Familia si que importa”), asistieron 1,5 millones, entre los que figuraron 20 obispos.

Extrapolen ustedes la capacidad de movilización, en términos meramente humanos, que aun conserva en todos los campos, y no ejerce, la Jerarquía Eclesiástica.

Pero, por el contrario, incluso en los propios medios de comunicación de la CEE no se ha hecho una defensa cerrada contra el aborto. Así, el 8 de julio de 2008 tuvo lugar en la Cadena COPE un debate en el que se defendió que había casos en los que el aborto estaba justificado, llegando incluso el locutor Federico Jiménez Losantos a decir que algunas monjas católicas habían recibido autorización de sus superiores para abortar; Losantos, abierto proabortista en 1983, rectificó al día siguiente, pero no fue despedido; en cambio, Federico despidió a Luis Fernando Pérez Bustamente porque entrevistó al Rafael López Diéguez, presidente de Alternativa Española (partido pro vida y de ideario católico) en mayo de 2009.

Los libros de texto de la Federación de Religiosos de Enseñanza (FERE) no se atienen a la doctrina cristiana en relación con el aborto.

Respecto a los partidos políticos, yo mismo, poco antes de las elecciones municipales y autonómicas de 2007, he sido testigo de cómo un párroco nos explicaba que, “según el arzobispado de Madrid, no había que votar a partidos pequeños”, es decir, que, de alguna manera, desde el mismo se pedía el voto para el PP y, por qué no, el PSOE (o IU, o CIU y PNV, entre otros), todo ello en aras a del “bien posible”, un concepto no muy lejano al “mal menor”; en aquella misma ocasión también Monseñor Cañizares, siendo Arzobispo de Toledo, recomendó no votar a Familia y Vida, y Monseñor Fernando Sebastián fue furibundamente criticado por sugerir que los católicos podían votar a algunos partidos políticos que quieren ser fieles a la doctrina social de la Iglesia en su totalidad, como por ejemplo Comunión Tradicionalista Católica, Alternativa Española, Tercio Católico de Acción Política, Falange Española de las JONS.

El 11 de noviembre de 2009, como ya se ha dicho, Monseñor Juan Antonio Martínez Camino dijo que los católicos no pueden apoyar el proyecto de ley del aborto, ni darle su voto, y, si lo hacen, “están objetivamente en pecado público y no pueden ser admitidos en la sagrada comunión”; aunque las manifestaciones pecaban de incompletas y sectarias (se sobre entendía que iba dirigida a los políticos socialistas con relación a la ampliación del aborto), era la primera vez, desde las palabras de Mons. Guerra en 1985, que un obispo decía públicamente algo parecido. No obstante, dos días antes, el día de la Almudena, en la Plaza Mayor de Madrid y retransmitido en directo por TeleMadrid, el Cardenal Rouco dio la comunión a Esperanza Aguirre y Alberto Ruiz Gallardón, la presidenta autonómica que más abortos subvenciona y al alcalde que más píldoras abortivas ha dado (incluso a menores sin el consentimiento de sus padres); para más INRI, la primera es asidua asistente a las reuniones del Club Bilderberg, y miembro del Club Madrid, y el segundo es considerado masón por Ricardo de la Cierva (un experto en esos temas que no aventura juicios sin tener pruebas irrefutables).

¿Comuniones simplemente escandalosas o sacrílegas?

Pero, desgraciadamente, hay mucha interesada “desinformación” con relación a los políticos españoles, hasta el punto que el propio Benedicto XVI, con ocasión de su visita a Valencia (comienzos de julio de 2007), también dio la comunión a Esperanza Aguirre, e incluso a Mariano Rajoy (y a Rita Barberá y Francisco Vázquez), ambos clara y públicamente partidarios y favorecedores del aborto; en aquella visita el Pontífice llegó a decir “Estamos en buenas manos”, en relación a la labor de interlocutora de María Teresa Fernández de la Vega. ¿Quién informaba al Papa, en Madrid y en Roma, en relación con el Gobierno más anticatólico de mundo actual?

Respecto a la Carta de Ratzinger a los Obispos de Estados Unidos, de junio de 2004, la CEE no la asumió públicamente hasta finales de noviembre de 2009, en la XCIV Asamblea Plenaria de la Conferencia, con ocasión del proyecto de ampliación del aborto por el PSOE: “Nadie que atienda a los imperativos de la recta razón puede aprobar ni dar su voto a este proyecto de ley; en particular, los católicos deben recordar que si lo hacen, se ponen a sí mismos públicamente en una situación objetiva de pecado y, mientras dure esta situación, no podrán ser admitidos a la Sagrada Comunión (Cf. Carta del Prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe, de junio de 2004, al Presidente de la Conferencia Episcopal de los Estados Unidos de América)”. Claro que también decía el entonces cardenal: “Un católico sería culpable de cooperación formal en el mal, y tan indigno para presentarse a la Sagrada Comunión, si deliberadamente votara a favor de un candidato precisamente por la postura permisiva del candidato respecto del aborto y/o la eutanasia. Cuando un católico no comparte la posición a favor del aborto o la eutanasia de un candidato, pero vota a favor de ese candidato por otras razones, esto es considerado una cooperación material remota que sólo puede ser admitida ante la presencia de razones proporcionalmente graves”.

Es de resaltar que en junio de 2004 gobernaba el PP en España. “Recordemos que el Prefecto de la Signatura Apostólica, Mons. Raymond Burke, en el Inside Catholic’s 14th Annual Partnership Dinner, el 18-IX-2009, reafirmó la doctrina tradicional, expresando que “quienes se declaran católicos y ocupando cargos públicos escandalizan a los otros fieles, se les debe corregir públicamente y su rectificación también debe ser pública”.

Sobre al Partido Popular acabo de esbozar algunas de sus responsabilidades y posturas, nuca combatidas de frente por la CEE, antes al contrario.

Con relación al PSOE, creo que la postura de José Bono, y del que también he hablado detalladamente, es clarificadora. Este político, que alardea de católico y de ser amigo de Monseñor Cañizares y de Monseñor Rouco, los más “conservadores” y significados de nuestro pastores, aunque luego asiste a las sacrílegas celebraciones de la parroquia de San Carlos Borromeo, ha manifestado pública y reiteradamente que está a favor de la ampliación de la ley del aborto “por disciplina de partido”.Y aquí todo el mundo se fuma un puro.

Recordando, de nuevo, las palabras del presbítero don Ángel David Martín Rubio, que comparto plenamente, “El verano de 2010 nos pone ante las últimas consecuencias del modelo político implantado en España a partir de 1978 y sostenido sobre cuatro pilares: la destrucción de la nación (autonomías), la destrucción de la familia (divorcio), la degradación cultural (leyes educativas) y la destrucción de la vida (aborto). No es casualidad que la completa liquidación del Estado llevada a cabo por el Estatuto de Cataluña coincida en el tiempo con la puesta en vigor de esta nueva ley (del aborto) y poco supone, en ambos casos, el necesario respaldo otorgado por un Tribunal Constitucional designado por la casta política … los obispos españoles han repetido lo que se hizo en 1985: limitarse, en el mejor de los casos, a recordar la doctrina de manera teórica pero evitando la polémica y paralizando la movilización clara e inequívoca de los católicos … nos encontramos ante la enésima reedición de la autodemolición en su más ibérica versión pos-taranconiana”.

(…) “Con ocasión de la ampliación de la legislación permisiva del aborto, los obispos españoles han repetido lo que se hizo en 1985: limitarse, en el mejor de los casos, a recordar la doctrina de manera teórica pero evitando la polémica y paralizando la movilización clara e inequívoca de los católicos. Tampoco hemos encontrado ninguna alusión a la posición en que quedan las autoridades y las instituciones de un Estado, todas ellas manchadas y cuestionadas con esta ley, como ya lo estaban con la hasta ahora vigente. Incluso se ha llegado más allá del lamentable precedente de 1985 cuando, hablando en nombre del resto de los miembros de la Conferencia Episcopal, Monseñor Martínez Camino otorgó un aval anticipado a la moralidad de la actuación del Jefe del Estado, responsable de la sanción de los textos legales de acuerdo con los mecanismos previstos en la Constitución. Tampoco hemos oído a los prelados que se han ocupado de la cuestión del aborto, denunciar las raíces de la legalización del crimen en una Constitución gravemente cuestionable desde el punto de vista moral.

El entonces Obispo de Cuenca, José Guerra Campos hacía en relación con ley de 1985 unas afirmaciones que mantienen plena vigencia o incluso adquieren ahora mayor actualidad: “El gran problema es que, si la Constitución, en su concreta aplicación jurídica, permite dar muerte a algunos, resulta evidente que, no sólo los gobernantes, sino la misma ley fundamental deja sin protección a los más débiles e inocentes. (Y a propósito: ¿tienen algo que decirnos los gobernantes, más o menos respaldados por clérigos, que en su día engañaron al pueblo, solicitando su voto con la seguridad de que la Constitución no permitía el aborto? Y digan lo que digan, ¿va a impedir eso la matanza que se ha legalizado?)”. Semejante reacción nos permite demostrar que, en contra de lo que sostienen algunos con mejores deseos que análisis de la realidad, no se está produciendo un cambio a mejor del episcopado español y nos encontramos ante la enésima reedición de la autodemolición en su más ibérica versión pos-taranconiana.

El año 2010 nos pone ante las últimas consecuencias del modelo político implantado en España a partir de 1978 y sostenido sobre cuatro pilares: la ruptura de la unidad nacional, la disolución de la familia, la degradación cultural y la destrucción de la vida”.

Ha habido un cambio de Gobierno recientemente y las cosas apenas han cambiado. Como escribió Blas Piñar en estas mismas páginas, “en síntesis, para el Partido Popular, la mujer tiene derecho a abortar en los supuestos contemplados por la ley socialista de 5 de julio de 1.985, ya que fue consensuada, según ha reconocido el señor Rajoy, (y ya sabemos cómo fue interpretada la misma y ampliada cuando gobernaron los populares, al legalizar la píldora abortiva). La reforma afecta tan solo a la Ley socialista, de 3 de marzo de 2010, llamada de “salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo”, y se concretará sobre todo –si no hay una derogación completa- al aborto de las mujeres de 16 y 17 años, que regula el art. 13 de la misma, y al régimen de plazos”. Tampoco la mayoría de los Pastores han dicho nada al respecto. Si el osado lector ha llegado hasta aquí, sin aburrirse por el camino dada mi mala prosa, y sin vomitar, tendrá una idea aproximada del tremendo cambio al que se ha sometido a España, unas veces por acción y otras por omisión tanto desde los partidos políticos mayoritarios, como desde la Justicia y, por qué no decirlo, las Jerarquías Eclesiásticas. Si verdaderamente se siente patriota y cristiano, espero que todo lo anterior le ayude a rezar por España y a poner de su mano, aunque sea con el voto, todo lo posible para terminar, o al menos mitigar, este suicidio genocida.Ruegue a Dios, roguemos todos, por nuestros obispos y presbíteros, para que sean claros y valientes en la pastoral relativa al aborto, rechacen todo tipo de componendas, pidan la derogación de las leyes abortistas, orienten el voto católico y apliquen con rigor el código de derecho canónigo. Roguemos también por nosotros mismos, que por nuestras faltas y cobardías también somos culpables del castigo que, sin duda, caerá sobre nosotros.

Recemos para que España, que nació gracias a la Iglesia católica, no muera a manos, fundamentalmente, de los malos hijos de la misma.

EL AUTOR

*José María Manrique es coronel de Artillería y colaborador de AD, diplomado de Estado Mayor, autor de varios libros sobre temas de historia militar española moderna: ‘Las armas de la guerra civil’, ‘La guerra 1936-39 en Sigüenza’, ‘Sáhara Español, una historia de traiciones’, ‘Sangriento combate en Edchera’, ‘CETME’, ‘Las Armas de Destrucción Masiva y la Protección Civil en España’, entre otros muchos.