Musulmanes durante el Ramadán en Badalona, en una foto de archivo

Zoé Valdés.- La inmigración constituye uno de los fenómenos demográficos y sociales más relevantes de la Europa contemporánea; no se trata de cuestionar nada de eso. Con relación a Marruecos y España se ha ido convirtiendo en otra cosa. Debido a la cercanía geográfica entre ambos países, separados por apenas catorce kilómetros en el estrecho de Gibraltar, España se ha convertido durante las últimas décadas en uno de los principales destinos de la invasión procedente de Marruecos. Este movimiento invasivo planificado desde mediados de los años ochenta con la intención de la destrucción de Occidente ha tenido importantes repercusiones económicas, sociales, culturales y políticas tanto para España como para la propia comunidad marroquí. Pero al parecer a nadie le importa.

La llegada de inmigrantes e invasores (mezclados) marroquíes a España comenzó a aumentar de forma significativa a finales de los años ochenta y, sobre todo, durante las décadas de 1990 y 2000. Diversos factores explican este fenómeno. Por un lado, Marruecos ha experimentado problemas estructurales como el desempleo, las desigualdades económicas y la falta de oportunidades laborales para una parte de su población —lo mismo ocurre en España, y los españoles no invaden a nadie—. Aunque España vivió un periodo de fuerte crecimiento económico que generó una elevada demanda de trabajadores en sectores como la agricultura, la construcción, la hostelería y los servicios domésticos, ese período culminó con la presidencia de José Luis Rodríguez Zapatero, el peor presidente de la democracia, superado con creces por Pedro Sánchez. Esta combinación favoreció la llegada de miles de marroquíes en busca de mejores condiciones de vida, y otros miles con un plan muy concreto: doblegar a la población empezando por la invasión y la violación de sus mujeres y niñas.

Entre las consecuencias de esta inmigración se encuentra su contribución a la economía española: nula en comparación con la iberoamericana, que obviamente son muchos más. Sin embargo, es cierto que trabajadores marroquíes han desempeñado labores fundamentales en actividades que, en numerosos casos, presentan dificultades para encontrar mano de obra local suficiente. En regiones agrícolas como Andalucía, Murcia o Cataluña, los trabajadores procedentes de la inmigración, la que pretende insertarse y asimilarse desde el punto de vista social, han sido esenciales para garantizar las campañas de recolección de frutas y hortalizas. Su participación ha permitido mantener la competitividad de determinados sectores productivos y ha contribuido al crecimiento económico del país. Pero los invasores no se insertan, no se asimilan, porque las ONG han decidido regalarles todo por su «cara linda«, y por sus inventicos para enriquecerse ellas también.

España presenta una de las tasas de natalidad más bajas de Europa y un progresivo envejecimiento de la población. La llegada de inmigrantes en edad de trabajar ha ayudado a compensar parcialmente este desequilibrio demográfico. Pero los que no quieren trabajar, los invasores, no trabajan, no buscan un círculo familiar seguro; no preñan con todas las de la ley, violan, maltratan, matan a las mujeres. Los españoles además deben trabajar para ellos, de lo que esos mismos invasores se vanaglorian en las redes sociales, pagándoles así sus seguros de sanidad y salud, lo que a veces para un español se dificulta. Los hospitales colapsan, como mismo se ha visto en Ceuta en estos momentos.

Desde el punto de vista cultural, la presencia de la comunidad marroquí ha enriquecido relativamente poco la diversidad de la sociedad española. La invasión es un arma contra la cultura española y de cada país occidental. Los invasores no vienen con intereses culturales de ningún tipo, más bien todo lo contrario. La gastronomía, las tradiciones, la lengua árabe y determinadas manifestaciones culturales se han introducido a la fuerza progresivamente en muchas ciudades y municipios, aunque ahora, como en Francia, le quieren imponer lo halal en todo, hasta en el papel sanitario, que ya es halal en diversos mercados. Este presunto «intercambio anticultural» no ha favorecido un mayor conocimiento mutuo, ha contribuido al distanciamiento dentro de una sociedad más diversa, sí, pero más contradictoria y problemática.

La inmigración también ha planteado importantes desafíos. Uno de ellos es la integración social. Las diferencias culturales, religiosas y lingüísticas pueden dificultar la adaptación de algunos inmigrantes y generar problemas de convivencia cuando no existen deseos de autoincluirse. La comunidad marroquí, mayoritariamente musulmana, como casi siempre ocasiones se siente agredida y vive con prejuicios a la hora de su plena integración. Del mismo modo, como es natural, algunos sectores de la población española perciben la inmigración como una fuente de competencia laboral o de presión sobre los servicios públicos; y a estas alturas reconocen muy bien lo que es inmigración y lo que es invasión.

La educación constituye otro ámbito en el que se observan tanto oportunidades como retos. Los hijos de inmigrantes marroquíes representan una parte significativa del alumnado en determinadas zonas. La escuela desempeña un papel fundamental en la integración, al facilitar el aprendizaje del idioma y fomentar la convivencia entre estudiantes de diferentes orígenes. No obstante, también pueden surgir dificultades relacionadas con el abandono escolar, las barreras lingüísticas o las desigualdades socioeconómicas; lo que, a mi juicio, y al de cualquier persona con sentido común, debiera inducirles a reflexionar seriamente en el regreso a su país de origen. Lo que tendría que hacerse con urgencia, dada la necesidad individual. Al que no le guste Occidente, la España católica, la Francia de María, que se largue.

En el terreno político, la inmigración marroquí ha generado debates sobre el control de fronteras, la regularización de inmigrantes y las políticas de integración. Las invasiones a través del Mediterráneo o de las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla suelen recibir una gran atención mediática —siempre en contra de los intereses españoles— y como es lógico provocan tensiones en las relaciones entre España y Marruecos, provocados por Marruecos. La gestión de estos flujos migratorios requiere una cooperación constante entre ambos países para garantizar la seguridad fronteriza y, al mismo tiempo, el respeto de la legalidad territorial. Pero eso no es lo que ha hecho el gobierno español. El Gobierno español de Pedro Sánchez ha entregado España a Marruecos, lo que seguirá haciendo; y ha preferido al rey de Marruecos antes que al Rey de España.

Resulta importante señalar que la mayoría de los inmigrantes marroquíes residen legalmente en España —lo que con frecuencia se les niega a los cubanos y a otras nacionalidades provenientes de países comunistas bajo tiranías—, además desarrollan una vida normalizada dentro de la sociedad, con sus ayudas pertinentes, las que se les niega a los españoles en numerosas ocasiones. Muchos han creado negocios, adquirido viviendas y formado familias, convirtiéndose, con toda intención, en parte de la sociedad española. Con el paso de los años, numerosas personas de origen marroquí han obtenido la nacionalidad española y participan activamente en la vida económica, social y cultural del país; ya los veremos forzando a acceder a las instituciones políticas como ha ocurrido en Francia, y hasta en Estados Unidos.

La inmigración desde Marruecos hacia España es un fenómeno complejo con múltiples dimensiones. La invasión no lo es, es una guerra declarada a España. Se trata de una guerra directa contra Occidente.