Una alcaldesa de ERC cobraba 8.000 euros diarios por alojar a 50 menas en el albergue de su familia gracias a un contrato de su partido
La alcaldesa de ERC en Canet de Mar, Blanca Arbell, llegó a ganar hasta 8.000 euros diarios, unos 2,9 millones de euros al año, por la acogida de medio centenar de menores extranjeros no acompañados en un albergue propiedad de su familia, según trascendió y ha recordado e-notícies. Aquel episodio vuelve ahora al debate público después de que la crisis migratoria de Ceuta haya reabierto la polémica sobre el coste y la gestión del sistema de acogida de menores migrantes en España.
El caso de Arbell adquirió especial repercusión después de que uno de los jóvenes alojados en aquellas instalaciones fuera relacionado con la agresión sexual a una menor de Canet de Mar. A partir de entonces comenzaron a conocerse las condiciones económicas bajo las que funcionaba el establecimiento y su relación contractual con la Administración catalana.
La acogida se articulaba mediante un contrato de servicios concedido por la Consejería de Trabajo de la Generalitat, que entonces se encontraba bajo responsabilidad de ERC, el mismo partido de la alcaldesa. La controversia aumentó ante las dificultades para obtener explicaciones detalladas sobre el acuerdo y las cantidades destinadas al funcionamiento del centro.
La polémica se enmarcó además en los problemas detectados posteriormente alrededor de la antigua Dirección General de Atención a la Infancia y la Adolescencia (DGAIA). La Sindicatura de Cuentas señaló importantes irregularidades en el sistema catalán de protección de menores, incluyendo deficiencias en contrataciones, plazas contabilizadas de manera incorrecta y otras anomalías económicas que elevaron a 147 millones de euros las cantidades cuestionadas por el órgano fiscalizador.
Arbell volvió posteriormente a estar en el centro de la controversia por cuestiones económicas después de plantearse un incremento de su remuneración como alcaldesa. También generaron críticas unas declaraciones en las que calificó de «frustrados» y «psicológicamente afectados por la pandemia» a usuarios de redes sociales que denunciaban problemas de inseguridad en el municipio.
El debate sobre el dinero movilizado por el sistema de acogida también quedó marcado por unas declaraciones de la exconsejera de Bienestar Social de Melilla Cecilia González, quien llegó a afirmar que sería «dramático» que desaparecieran los menores extranjeros no acompañados porque «muchas familias viven de ello». Sus palabras provocaron entonces una fuerte polémica y han vuelto a circular tras los últimos acontecimientos registrados en Ceuta.
La llegada masiva de migrantes a la ciudad autónoma ha vuelto a situar esta cuestión en primer plano. Alrededor de 1.500 menores extranjeros no acompañados quedaron bajo tutela después de la crisis fronteriza y, pese a que Marruecos manifestó su disposición a que fueran repatriados, el Gobierno español optó por impulsar su distribución entre diferentes comunidades autónomas.
La decisión ha generado resistencia en algunos territorios, especialmente aquellos que denuncian que sus sistemas de protección se encuentran ya cerca del límite. Al debate humanitario y jurídico sobre qué respuesta debe darse a estos menores se añade así una discusión económica sobre cuánto cuesta su acogida, quién gestiona esos recursos públicos y qué controles existen sobre las entidades beneficiarias.
Los antecedentes conocidos en Cataluña han contribuido precisamente a alimentar las dudas sobre la supervisión del modelo. Las irregularidades detectadas por los organismos fiscalizadores muestran la necesidad de diferenciar entre los recursos necesarios para atender a los menores y las prácticas que puedan implicar una gestión deficiente o un aprovechamiento indebido de fondos públicos.
La crisis de Ceuta recupera así una discusión que lleva años abierta en España: cómo garantizar la protección de los menores que llegan solos al país sin convertir el sistema de acogida en un espacio susceptible de irregularidades, conflictos de intereses o negocios financiados con dinero público. Casos como el protagonizado por Blanca Arbell vuelven ahora a utilizarse como ejemplo de las controversias que han acompañado a este modelo durante los últimos años.
