Las cloacas de Ferraz impulsaron la idea del ‘lawfare’: revelaron secretos de agentes y germinaron el concepto de la ‘UCO patriótica’
La exconcejal socialista Leire Díez a su llegada a la sede del PSOE en Ferraz, a 3 de junio de 2025.Carlos Luján
Las supuestas ‘cloacas’ del PSOE dedicaron parte de sus esfuerzos a insertar en la opinión pública el germen de la duda sobre las actuaciones judiciales y policiales contra el partido, el Gobierno y el entorno de Pedro Sánchez. Los ‘fontaneros’ de Ferraz, nutridos por fondos del partido, trabajaron presuntamente para esparcir la idea del lawfare. Fue una de las múltiples acciones con las que buscaron “desestabilizar” las causas judiciales contra familiares de Sánchez o ex altos cargos del PSOE. Según expone el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz, la trama introdujo en el debate público el “despectivo y contaminante título de la UCO patriótica”.
La UCO fue, precisamente, uno de los objetivos principales de la operación creada bajo el liderazgo de Santos Cerdán a finales de abril de 2024, coincidiendo con la investigación a Begoña Gómez y la carta a la ciudadanía de Pedro Sánchez. Las primeras informaciones que se conocieron sobre Leire Díez hace más de un año ya bocetaban lo que este miércoles reprodujo al detalle Pedraz en un auto de 50 folios: una operación contra la UCO, la Fiscalía Anticorrupción y diversos jueces que el PSOE consideraba como enemigos.
Sobre Leire Díez se conoció, en primer lugar, que mantuvo una reunión con un empresario investigado y le ofreció un trato favorable de la Fiscalía a cambio de información sensible contra el teniente coronel de la UCO Antonio Balas. La información trascendental que se dio a conocer el miércoles, un año después, es que Leire Díez realizó esta y otras labores de ‘fontanería’ por indicación de Cerdán y ayudada de la “estructura misma” del Partido Socialista. Así lo expuso en su escrito el titular del Juzgado Central de Instrucción número 5.
El magistrado Pedraz concluye que la trama quiso “inquietar el normal desenvolvimiento de la actuación de la UCO”. Lo intentaron de tres formas distintas. Por un lado, presentaron “sucesivas denuncias” sobre la actuación de la unidad de la Guardia Civil ante la Fiscalía General del Estado. Además, dieron “la oportuna publicidad” a estas denuncias a través de “medios de difusión nacional” y acuñaron el término de la “UCO patriótica”.
En segundo lugar, trasladaron sus sospechas sobre la UCO “ante la directora general de la Guardia Civil”, lo que “motivó la apertura de sendos expedientes de información reservada”. Entre los hechos que imputaron a la UCO ante la directora Mercedes González estuvo la filtración de mensajes de WhatsApp de José Luis Ábalos y Pedro Sánchez.
Por último, la trama recopiló “datos e información personal y reservada, secreta por ley”, de los mandos que intervinieron en las causas sensibles para el partido. Quisieron encontrar “información comprometida sobre los mismos” con el objetivo de anular las causas judiciales en las que había operado la UCO.
Las operaciones, en todo caso, fueron más allá de la UCO de la Guardia Civil. A la trama se sumó un socio de Leire Díez, Javier Pérez Dolset, que trató de utilizar las grabaciones del excomisario José Manuel Villarejo que tenía en su poder y apuntó al jefe de la Fiscalía Anticorrupción, Alejandro Luzón, entre los objetivos.
El PSOE pagó 20.000 euros a través de una campaña publicitaria a un medio llamado Crónica Libre, propiedad de otra supuesta pieza de la trama, Patricia López. Desde ese medio se difundieron informaciones que partían del archivo de Villarejo.
El ‘sujétame el cubata’ de Pedro Sánchez
Luzón, situado en la más alta jerarquía de Anticorrupción y al frente de las actuaciones del caso Koldo, fue un objetivo claro para la trama. Los supuestos fontaneros trataron de obtener los trapos sucios del jefe de Anticorrupción a través de dos fiscales: José Grinda e Ignacio Stampa. Al primero de los dos le habrían intentado sobornar, según se desprende de los archivos analizados por la instrucción, en los que se fija una supuesta cantidad de 300.000 euros. De acuerdo con el escrito del magistrado Santiago Pedraz, la premisa inicial de la tarea que Santos Cerdán encomendó a Leire Díez fue “atacar la correcta dirección” de las causas que dirigen o dirigieron el juez Juan Carlos Peinado –contra la esposa de Sánchez—, la jueza Beatriz Biedma —contra el hermano del presidente y la jueza Mercedes Alaya —a cargo del caso de los ERE de Andalucía—.
