El juez Juan Carlos Peinado procesa a la mujer del presidente del Gobierno y a su asesora en Moncloa, Cristina Álvarez, por los delitos de tráfico de influencias, corrupción en los negocios, malversación de caudales públicos y apropiación indebida del software de la cátedra extraordinaria que la primera codirigía en la Universidad Complutense de Madrid (UCM).

También acerca aún más a ser juzgado al empresario Juan Carlos Barrabés, aunque solo por los delitos de tráfico de influencias y corrupción en el sector privado.

El titular del Juzgado de Instrucción número 41 deja así fuera del procedimiento el ilícito de intrusismo profesional por el que hasta ahora se investigaba a la esposa de Pedro Sánchez, en relación a la firma por su parte de una adjudicación pública de la UCM para el desarrollo del programa informático. Después de que las dos asociaciones profesionales de la Abogacía del Estado descartasen la existencia de indicios de irregularidad en estos hechos.

El instructor del “caso Begoña Gómez” cierra así la fase de investigación y solicita ya a las partes que presenten, en un máximo de cinco días, sus escritos de conclusiones provisionales, antes de que Peinado resuelva si les manda finalmente al banquillo de los acusados.

Se prevé que solo la acusación popular unificada, que lidera Hazte Oír, defienda la procedencia de abrir juicio oral y traslade, por tanto, su petición de penas para los tres imputados. Así como que el resto de partes, incluida la Fiscalía, opten, como vienen haciendo, por reclamar el archivo de las actuaciones. Contra esta resolución cabe un recurso de apelación que obligaría a la Audiencia Provincial de Madrid a revisarla.

Además, el magistrado requiere a Lefebvre-El Derecho S.A. que aporte “las facturas de los servicios prestados para la cátedra de Transformación Social Competitiva”. Esta diligencia había sido solicitada por la acción popular y es la única que accede a practicar el juez Peinado.

Por otro lado, abre la puerta a que la defensa de Gómez pueda entregar tres informes periciales que manifestó que era su voluntad aportar, “cuando lo estime oportuno, dentro de los plazos procesales correspondientes y antes de la conclusión de esta fase intermedia”.

El abogado la esposa de Sánchez, el exministro socialista Antonio Camacho, detalló que uno gira en torno a la inexistencia de un perjuicio económico generado por su clienta a la UCM; otro sobre el régimen de las cátedras extraordinarias como la que ella codirigió, y un tercero sobre el estatus de las asesoras de los jefes del Ejecutivo.

No habrá una condena a costas para la acusación popular, que reclamó el letrado de la asistente de Gómez en Presidencia del Gobierno, “al haber sido acordada la continuación del procedimiento, que es lo interesado” por esta parte.