Kiko Méndez-Monasterio junto a Santiago Abascal

Ignacio Andrade.- El discurso de regeneración política con el que Vox irrumpió en la escena pública española choca cada vez más con una realidad incómoda: la acumulación de sanciones, sospechas y denuncias internas relacionadas con su financiación y uso de recursos.

El organismo encargado de vigilar las cuentas de los partidos, el Tribunal de Cuentas, no ha sido precisamente indulgente. En los últimos años ha impuesto a Vox sanciones que superan el millón de euros por infracciones consideradas muy graves, entre ellas la recepción de donaciones no identificadas y prácticas prohibidas por la ley de financiación de partidos.

Lejos de tratarse de un incidente puntual, estas resoluciones dibujan un patrón: ingresos opacos, controles insuficientes y una estructura financiera que dificulta rastrear el origen del dinero.

Pero el problema no se limita a las multas. Las polémicas más recientes apuntan a algo aún más delicado: un entramado económico alrededor del partido que beneficia a su núcleo más cercano. Empresas vinculadas a asesores de Santiago Abascal han llegado a facturar cerca de 1,3 millones de euros en un solo año a Vox, con contratos cuestionados por su falta de transparencia.

Exdirigentes del propio partido han denunciado la existencia de una “galaxia de sociedades” que viven casi exclusivamente de los recursos del partido, generando sospechas sobre si se trata de servicios reales o de un sistema para canalizar dinero hacia círculos afines.

Aún más controvertido resulta el señalamiento de posibles beneficios indirectos para el entorno personal del líder. Pagos a empresas relacionadas con la esposa de Abascal, por servicios de consultoría, han sido interpretados por críticos internos como una forma encubierta de retribución adicional.

No es una acusación menor: apunta directamente a la frontera entre lo legal y lo éticamente aceptable en el uso de fondos que, en gran parte, proceden de financiación pública.

El malestar no proviene solo de adversarios políticos. Desde dentro del propio partido han surgido denuncias de irregularidades económicas, falta de transparencia y concentración del poder en un núcleo reducido. Algunos exdirigentes han afirmado haber sido apartados precisamente por cuestionar estas prácticas.

Además, el foco se extiende a estructuras paralelas como la Fundación Disenso, vinculada a Abascal, que ha canalizado importantes cantidades de dinero sin detallar siempre sus destinatarios, lo que añade otra capa de opacidad al conjunto.

El resultado es un contraste difícil de ignorar: un partido que hizo de la lucha contra la “casta” su bandera aparece reiteradamente bajo sospecha por prácticas que recuerdan precisamente a aquello que decía combatir.

Vox insiste en que todas sus cuentas están auditadas y que actúa dentro de la legalidad. Y es cierto que algunas investigaciones han sido archivadas o recurridas. Pero el problema ya no es solo jurídico: es político y reputacional. Cuando las sanciones se repiten, cuando las críticas nacen desde dentro y cuando los vínculos económicos se concentran en círculos próximos al liderazgo, la duda deja de ser anecdótica para convertirse en estructural.

En política, la confianza es un activo frágil. Y en el caso de Vox, cada nueva revelación sobre su financiación no hace sino erosionarla un poco más.