La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y portavoz del Gobierno, Elma Saiz

La base mínima de cotización de los autónomos societarios y los familiares colaboradores se ha incrementado de golpe en 424 euros más para este ejercicio, por encima de una 42% de incremento, hasta los 1.424,4 euros mensuales frente a los 1.000 euros fijados en 2025, lo que incumpliría el acuerdo firmado entre las asociaciones de autónomos (ATA, UPTA y Uatae) y la Seguridad Social que para el ejercicio 2026 se iban a congelas las cuotas.

El Ministerio que dirige Elma Saiz permitió que provisionalmente los autónomos familiares colaboradores y los societarios pudieran cotizar este año por una base mínima de 1.000 euros mensuales y pagar la misma cuota que venían abonando hasta ahora. Sin embargo, fuentes ministeriales han confirmado que cuando se produzca el proceso de regularización de 2026 -previsto para finales de 2027, principios de 2028- tendrán que pagar a la Seguridad Social la diferencia entre haber cotizado por una base mínima de 1.000 euros y haberlo hecho por la que en realidad les corresponde para este año, de 1.424,4 euros, siempre en caso de que no hubieran adaptado su base a esta nueva cuantía.

Según confirman desde Seguridad Social, la base de 1.424,4 euros mensuales que corresponde para este año a este grupo de autónomos societarios y familiares colaboradores, que afecta a un 1,2 millones de personas -400.000 familiares colaboradores y a los más de 800.000 autónomos societarios que tengan rendimientos próximos a los 1.000 euros al mes-, es la misma que la del grupo 7 del Régimen General de la Seguridad Social, según la orden de cotización para 2026 publicada recientemente en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

Según explican desde el Ministerio, la reforma del sistema de cotización del RETA de 2022 -pactada con las asociaciones de autónomos, la patronal y los sindicatos, y aprobada con una amplia mayoría parlamentaria- “estableció que la base de cotización de los autónomos societarios, familiares colaboradores y aquellos que no declaran rendimientos no podrá ser inferior a la base mínima del Régimen General a partir de 2026. Así se recoge en el decreto ley que aprobó la reforma y en la propia Ley General de Seguridad Social sin que nadie hasta la fecha lo haya cuestionado”, defienden y tienden la mano a las asociaciones de autónomos, patronal y sindicatos “para concretar los términos del despliegue del nuevo sistema de cotización por ingresos reales, las mejoras del proceso anual de regularización de lo cotizado y la extensión de la acción protectora de los autónomos”.

Si se aplica este cambio, la diferencia entre ambas bases mínimas supone unos 135 euros más al mes (1.620 euros anuales) en la cuota que muchos familiares colaboradores y autónomos societarios pagan ahora a la Seguridad Social, que asciende a unos 315 euros al mes en el caso de una base mínima de 1.000 euros. Para los que estén cotizando por encima de los 1.000 euros, la diferencia a pagar será menor a esos 135 euros mensuales (1.620 euros anuales). En el caso de un autónomo societario o un familiar colaborador cuya base mínima de cotización sea actualmente de 1.212 euros, tendrá que abonar a la Seguridad Social una diferencia de algo menos de 70 euros mensuales (cerca de 840 euros anuales) cuando llegue el proceso de regularización de cuotas.

La reacción de la principal asociación de trabajadores por cuenta propia ha sido inmediata. El presidente de ATA, Lorenzo Amor, ha tachado esta decisión de “salvajada” y ha acusado a Elma Saiz y al Gobierno de “volver a mentir a los autónomos. Un tercio de los autónomos verán subir sus cotizaciones mínimas en 2026 en 135 euros más al mes. No descansan en su intento de dar sablazos a los autónomos”. También ha denunciado que “esta salvajada costará 1.620 euros al año adicionales a cada uno de estos autónomos, algo incomprensible que genera desigualdad entre los autónomos dependiendo de su carácter fiscal”. Por eso, amenaza con que “no vamos a quedarnos de brazos cruzados. Ya hemos hablado con varios grupos parlamentarios para parar esta salvajada y una buscar solución inmediata y con carácter retroactivo desde el 1 de enero de 2026. El Gobierno también puede, si quiere, elaborar una norma con rango de Ley que evite este sablazo a estos autónomos. Por cierto, la mayoría de afectados, mujeres”,.

Hay que recordar que la Seguridad Social decidió prorrogar para 2026 las cuotas que los autónomos pagaban en 2025 tras varios intentos por incrementarlas al no llegar a una cuerdo en el diálogo social, pero al leer la letra pequeña en el caso de los familiares colaboradores, autónomos societarios y autónomos sin rendimientos no se les ha aplicado y deberán afrontar las reglas establecidas en el real decreto de 2022 que establecía el nuevo sistema de cotización por ingresos reales de los autónomos.

La Razón