Está claro que un salario mínimo impuesto por el Estado, por sí solo, no traduce a mejores condiciones de vida para los trabajadores con menores ingresos.

Mark Nayle.- Desde que el primer ministro socialista de España, Pedro Sánchez, llegó al poder en 2018, el salario mínimo del país ha aumentado un 66%. Anunciada en febrero, la última subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) español fue acordada por el gobierno español y los dos mayores sindicatos, UGT y CCOO, elevándolo a 1.221 euros al mes. Sánchez afirmó que elevar el SMI, recibido por unos 2,5 millones de trabajadores, alrededor del 11% de la fuerza laboral española, era una “cuestión de justicia social e inteligencia económica, que refuta a quienes predijeron el desastre de cualquier economía ante una subida del salario mínimo.”

Este es un clásico argumento del hombre de paja. Ninguno de los opositores de Sánchez predijo que una subida del 3.1% en el SMI este año sería un desastre para la economía. Impulsado por su industria turística de primera categoría, el PIB de España ha sido el de mayor crecimiento en Europa durante varios años, y en 2025 se expandió un 2.8%, casi el doble del promedio de la UE. Pero este destacado desempeño macroeconómico oculta profundos problemas estructurales que no han sido aliviados por las sucesivas subidas del SMI.

Esto no debería sorprender. Aunque fueron introducidos para mejorar la vida de los trabajadores más vulnerables de la sociedad, los salarios mínimos obligatorios suelen tener el efecto contrario, especialmente si se incrementan al ritmo observado en España durante los últimos seis años. Cuando la mano de obra encarece, las empresas, en particular las más pequeñas, intentan reducir sus costos laborales, ya sea recortando horas o despidiendo personal. Con frecuencia, despiden a los menos cualificados para retener a los más cualificados. Y eso si optan por pagar el salario mínimo, lo cual está lejos de estar garantizado en los sectores con mayor concentración de trabajadores en el SMI.

En los sectores peor pagados de España, la explotación está generalizada. La UGT y CCOO han advertido repetidamente sobre la prevalencia de infracciones laborales en el sector hotelero, el motor de la industria turística española, incluyendo despidos sumarios tras “períodos de prueba,” períodos de descanso insuficientes y salarios engañosamente atractivos calculados sobre horas extraordinarias forzadas. También es práctica común en bares y restaurantes pagar al personal por una semana de 40 horas independiente de las horas que realmente trabajen, lo que significa, por supuesto, que terminan recibiendo mucho menos que el SMI. En 2023, los sindicatos señalaron que la explotación en las Islas Baleares, uno de los centros turísticos más concurridos de España, había alcanzado niveles “crónicos”.

Las limpiadoras de hotel y los trabajadores agrícolas, especialmente los migrantes cosechadores de fruta que trabajan en el “Mar de Plástico” de Almería, también son propensos a la explotación. La mayoría de estos últimos viven en asentamientos precarios entre los invernaderos y trabajan en condiciones peligrosas por mucho menos del SMI. A menos que haya una mayor supervisión de las prácticas de los empleadores en estos sectores, es ingenuo creer que la subida del SMI de este año se traducirá en 518 euros más al año en los bolsillos de los trabajadores, como afirma el gobierno.

Las principales asociaciones empresariales de España, la CEOE y CEPYME, han expresado su preocupación por el ritmo al que Sánchez está aumentando el SMI; sin embargo, esta es la sexta subida aprobada sin su conformidad. Su principal objeción es que las pequeñas y medianas empresas (pymes) de los sectores con mayor número de empleados en el SMI —típicamente agricultura, cuidado de personas y hostelería— no pueden permitirse el aumento de los costos laborales, estimados en 1,700 mil millones de euros este año. La CEOE y CEPYME también se oponen a lo que describen como una característica “intervencionista” de la nueva legislación, según la cual las empresas recibirán beneficios en cuanto a impuestos a cambio de pagar el salario mínimo. Las asociaciones empresariales predicen que la mayoría de las pymes no cumplirán los criterios para estas deducciones, cuya promesa “representa una nueva intromisión [del gobierno] en la negociación colectiva y en la libertad de empresa.”

Seis subidas del SMI en seis años no han tenido ningún impacto notable en los mayores problemas estructurales de España. Aunque el desempleo bajó al 9.93% en el último trimestre de 2025, el nivel más bajo en 18 años, sigue siendo uno de los peores de la UE. España también tiene la tasa de desempleo juvenil más alta de Europa, con un 23.4%, una cifra que nunca cambia sustancialmente.

También existe una excesiva dependencia del trabajo estacional y los contratos temporales, aunque las reformas laborales aprobadas por el gobierno de Sánchez en 2021 han reducido la gravedad de este problema. Aun así, un informe reciente de la organización benéfica contra la pobreza Cáritas reveló que casi la mitad de la fuerza laboral española vive con algún tipo de incertidumbre laboral, y que más de un tercio de las personas en situación de exclusión moderada o grave tienen empleo. Está claro que un salario mínimo impuesto por el Estado, por sí solo, no traduce a mejores condiciones de vida para los trabajadores con menores ingresos.

Otro problema es el estancamiento de la productividad, a pesar de la creación de más de medio millón de nuevos empleos el año pasado. Según el Banco de España, la productividad de la fuerza laboral española se ha mantenido entre un 10% y un 15% por debajo de la media de la UE desde 2008. Una inversión pública más eficaz, combinada con una reducción de la regulación, contribuiría en aumentar la productividad, lo que haría subir el valor de la mano de obra: una forma más sostenible de impulsar los salarios que imponer un suelo salarial por mandato.

La Ministra de Trabajo de España, Yolanda Díaz, ha afirmado, de manera ridícula, que el salario mínimo “destruye la pobreza”. Pero durante los últimos cuatro años, alrededor de un cuarto de la población adulta española ha vivido en riesgo de pobreza o exclusión social. Esa cifra sube a 1 de cada 3 entre los niños, convirtiendo a España en el peor país de Europa en cuanto a la pobreza infantil. El informe de Cáritas citado anteriormente encontró que España está experimentando una “fragmentación social sin precedentes,” y que 4.3 millones de personas viven en riesgo de pobreza severa o exclusión, un 52% más que en 2007, el año anterior a la crisis financiera. Según Statista, España es una de las naciones más desiguales de Europa, y se prevé que la desigualdad de ingresos “permanezca igual en el futuro próximo.”

Luego está la brecha salarial de género. Aunque se ha reducido un 52% en el último cuarto de siglo, el Ministerio de Hacienda de España estima que tardará dos décadas más en cerrarse por completo. Un estudio reciente publicado por el sindicato USO encontró que las mujeres en España ganan alrededor de un 19% menos que los hombres en promedio, equivalente a 69 días sin remuneración al año. Las mujeres representan el 55% de los trabajadores con menores ingresos en España, el 43% de las cuales no ganaron más del SMI en 2024. Este es otro ámbito en el que el enfoque del gobierno en subir el salario mínimo está frenando el crecimiento: un mejor enfoque sería facilitar que las mujeres superen el SMI, en lugar de pagarles más para que permanezcan en él.

Subir constantemente el SMI puede parecer “justicia social e inteligencia económica,” pero no romperá el ciclo de pobreza intergeneracional en el que están atrapados la mayoría de los trabajadores con menores ingresos de España. Para eso se requieren reformas estructurales dinámicas, un mejor entorno para los emprendedores y una mayor productividad, tal como las asociaciones empresariales de España llevan años diciéndole a Sánchez. Ya es hora de que les escuche.