Primero fue Telefónica. El Estado entró con un 10% a través de la SEPI y esa misma SEPI impulsó el relevo de José María Álvarez-Pallete por Marc Murtra.

Aquel movimiento ya encendió las alarmas por la interferencia política en una empresa estratégica. Ahora le toca a Indra. Otra vez la SEPI. Otra vez el Gobierno de Pedro Sánchez. Otra vez una empresa estratégica tratada como si fuera una pieza de partido.