Investigar a RTVE
Antonio Naranjo.- El PP ha impulsado una comisión de investigación sobre la gestión de RTVE, el mayor aparato de propaganda al servicio de una persona, Pedro Sánchez, que jamás se ha costeado con dinero público. Que hasta el Consejo de Informativos haya criticado la manipulación y los bulos difundidos a sabiendas por algunos de sus principales programas desmonta la idea de que se critica una línea editorial, pasable incluso aunque se acerque al Gobierno de turno.
No se trata de eso. Yo mismo presento un programa en un ente público, Telemadrid, cuyos contenidos no son precisamente benévolos para el presidente del Gobierno de España y, por lo mismo, no están muy alejados de lo que suele opinar al respecto del personaje y de su gestión el Gobierno de la Comunidad de Madrid: no me llamó la casa para que empezara a ver la vida de una manera; lo hizo, supongo, porque ya la veía así sin necesidad de aceptar su grata oferta laboral que me mantiene cada noche al frente de uno de los dos programas políticos más vistos de la región en cualquier canal y, a menudo, en la primera posición.
Lo inadmisible en TVE no es su escoramiento, habitual y casi inevitable en todas las televisiones públicas, sino su disposición a acompañar al Gobierno en sus pavorosas mentiras, su complicidad para desatar campañas de acoso y señalamiento a todo aquello que perturba a Sánchez, su tendencia a fabricar, repetir o difundir bulos inaceptables y su intolerable tarea de guardaespaldas para tapar los escándalos judiciales, institucionales y políticos que explican la carrera completa de Sánchez.
Una cosa es elegir de qué se quiere hablar, en qué se quiere insistir y cómo se priorizan los contenidos y otra, bien distinta y sin precedentes en ninguna etapa previa ni del PSOE ni del PP, construir con dinero de todos una máquina de propaganda obscena al servicio de un patrón que no supera ningún control de calidad democrática a poco que se sea algo decente en el juicio: no ganó las elecciones, no tiene mayoría parlamentaria, no ha presentado Presupuestos en toda la legislatura, no convoca el Debate del Estado de la Nación, no acude desde hace dos años a las sesiones de control del Senado, sustituye la minoría en el Congreso por compulsivos decretos, coloca a militantes en empresas públicas y organismos del Estado necesariamente independientes y se ha comprado una investidura con concesiones incompatibles con la letra y el espíritu de la Constitución y ajenas a los intereses de la abrumadora mayoría de españoles.
Que además haya poblado sus programas de activistas de toda laya, sin oficio o con uno infame en un digital mercenario, rodeado de comparsas para simular una falsa pluralidad, solo confirma el diagnóstico: Sánchez ha hecho de TVE, como del CIS, un arma electoral, una especie de sicariato financiado con los impuestos que se dedica a atender las órdenes mafiosas de un presidente metamorfoseado en capo.
Nadie puede pedirle a Ruiz, Cintora o Intxaurrondo que no sean como son, como tampoco a mí, y si eso no gusta, es tan sencillo como no ficharles o prescindir de ellos, tal y como yo me aplico a mí mismo.
Pero sí es exigible, para todos, no mentir, no secundar cacerías, no tapar bochornos y no refrendar los abusos de una banda resumida en varios capítulos de la infamia reciente: cambiar las mayorías de control de RTVE con un decretazo impulsado en las mismas horas que se abandonaba a Valencia a su suerte con la dana; mantener en pantalla a una comunicadora firmante del manifiesto «contra el golpismo mediático y judicial» impulsado mientras Sánchez escondía la imputación de su esposa, presentar a paisanos como sanitarios para atacar la sanidad del andaluz Moreno Bonilla, multiplicar el eco del falso atentado fabulado por un mando de la UCO contra el presidente o repetir, hasta la náusea y a menudo con insultos, el eslogan predemocrático de que todo lo que no sea permitirle a Sánchez estar en La Moncloa equivale a dejar España en manos del fascismo.
TVE puede ser gubernamental, dentro de unos límites, pero no debe ser el arma mediática de un cacique demoledor para la convivencia, la democracia, el Estado de derecho y la verdad, con el que, además, hacen un gran negocio unos pocos y viven por encima de sus posibilidades otro grupito sin otro pedigrí que estar dispuestos a repetir el argumentario cafre del día y organizar numeritos infames para cualquier persona con algo parecido a un sentido básico de la decencia.











