María Guardiola.

Si algo dejaron claro los electores extremeños el pasado mes de diciembre es que no querían ser gobernados por partidos de izquierdas. Exactamente, un 60,02 por ciento de los votantes optaron por las dos formaciones del centro y la derecha, PP y Vox, en detrimento del PSOE, que se dejó 10 escaños en el envite, y de Podemos, que apenas sumó tres de los diputados perdidos por los socialistas. De hecho, la candidata popular, María Guardiola, que había disuelto la Cámara autonómica ante la imposibilidad de sacar adelante los Presupuestos regionales, en una decisión estrictamente apegada a las reglas del juego político, de la que podría obtener alguna lección provechosa el inquilino de La Moncloa, Pedro Sánchez, obtuvo más escaños, 29, que las dos formaciones de la izquierda juntas, aunque no llegó a la mayoría absoluta.

Necesitaba al partido de Santiago Abascal, al que los populares sacaron 18 escaños de ventaja pese a su evidente crecimiento, pero el partido conservador, en una opción estratégica que puede ser criticable, pero es absolutamente legítima, optó por dilatar las negociaciones de investidura con la mirada puesta en las siguientes citas electorales de Aragón y Castilla y León, donde se repitió el guion con muy ligeras variaciones: victoria amplia del PP y crecimiento de Vox. Llegados a este punto, y con el calendario cerrándose, era obligado que los dos partidos se pusieran de acuerdo para cumplir el veredicto de las urnas, que, como ya hemos señalado, no ofrece dudas sobre la voluntad de los ciudadanos, y garantizar un gobierno razonable a Extremadura, dentro de los principios constitucionales, que respetan ambas formaciones, por más que existan diferencias de fondo y, sobre todo, de formas en la manera de entender los deseos de los ciudadanos y cuidar de sus intereses. De ahí, que sea una buena noticia el principio de un acuerdo programático que desbloquee la investidura de Guardiola, por más que quede por firmarse lo más complicado, la entrada en el Gobierno autonómico de Vox y el alcance de su peso interno en la Junta.

No decimos que sea fácil el camino que queda por recorrer, puesto que la tentación populista parece consustancial a las formaciones emergentes, pero estamos absolutamente seguros de que la opinión pública, no solo la extremeña, no entendería la falta de acuerdo, con un posible adelanto electoral, con consecuencias negativas para quien fuera percibido como el principal responsable del fracaso. Al menos, así han debido entenderlo en el partido de Abascal, cuyas expectativas en Castilla y León no han llegado a cumplimentarse y que encara unas elecciones determinantes en Andalucía, con innegable repercusión en la política nacional. Nada más dañino para la confianza en un partido político que los electores tengan la percepción de que apoyarle en las urnas es sinónimo de bloqueo institucional, como sucedió con Ciudadanos, sin ir más lejos.