“El caso Noelia” culminó con la muerte de una joven de 25 años que finalmente ha alcanzado su deseo de morir mediante un auténtico suicidio asistido. Amparado por la ley de eutanasia y ejecutado en una Residencia sociosanitaria de Barcelona. Al margen de la casuística jurídica derivada de la interpretación y aplicación de la ley aprobada en marzo de 2021, lo cierto es que han ayudado a suicidarse a una joven, hija de unos padres divorciados y que creció ingresada en un centro tutelado. Allí padeció una violación grupal que le provocó una aguda depresión de la que no se recuperó.

Había intentado suicidarse lanzándose desde un quinto piso, del que sobrevivió con graves daños de los que no se recuperó. Lo cierto es que la principal conclusión que se deriva de esta situación es la de una mujer joven que padecía graves minusvalías físicas y psíquicas como consecuencia de una adolescencia vivida dramáticamente y que finalmente ha alcanzado su deseo de morir. Para lo que ha querido ser ayudada a conseguirlo con un gobierno que afirma su reconocimiento a que un “derecho amparado por la ley” se haya impuesto a la voluntad de su padre y de otras instancias que pretendían evitarlo, ayudándola a vivir, no a morir. Es algo relativamente frecuente tener conocimiento de actuaciones de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, de los bomberos, de servicios de Protección Civil, o incluso de ciudadanos particulares, intentando evitar la comisión de suicidios por parte de personas, para lo que incluso pueden llegar a arriesgar sus propias vidas en el intento.

Lo que desde luego no era algo ni conocido ni imaginable es que la actuación de las instituciones del Estado estuviese dirigida a ayudar a una joven suicida a conseguir el deseo de acabar con su propia vida. El debate subsiguiente es obligado que esté orientado a plantearse si esa actuación es una conducta ética y moralmente compatible con la sociedad de un país organizado en un Estado social y democrático de derecho. Es decir, si una ley de eutanasia que avala una conducta de esas características es aceptable en un país como España.

La alternativa política al sanchismo debe asumir un compromiso solemne y público de derogar inmediatamente -o cuando menos reformar- esa ley que avala una tan inhumana como inmoral conducta, que ayuda a suicidarse a una persona joven. En lugar de prestarle la ayuda que necesita para poder vivir. La eutanasia como “suicidio asistido” es una de las mayores ignominias sociales. En lugar de ayudar a una vida digna a una persona necesitada, ayudan a una persona joven a un suicidio “digno”.