Bajo el mandato de Pedro Sánchez, el PSOE ha sellado acuerdos con formaciones como ERC, Junts, PNV y EH Bildu, regalándoles dinero público y privilegios, concediendo amnistías a líderes del “procés” catalán de 2017, calificado por muchos como un intento de golpe de Estado, y reduciendo penas por malversación, todo a cambio de apoyo parlamentario para mantenerse en el poder.

Estas alianzas no solo legitiman el separatismo que fractura la unidad nacional, sino que avivan el odio entre regiones, polarizando la sociedad con un victimismo que enfrenta a catalanes y vascos contra el resto de España.

El resultado es una nación dividida, donde el nacionalismo periférico se impone sobre el interés común, fomentando un clima de confrontación permanente que erosiona la cohesión social y debilita las instituciones democráticas.

Esta coalición tóxica también engendra desigualdad y corrupción a gran escala, priorizando concesiones regionales que benefician a unos pocos a expensas del conjunto. Políticas como las transferencias fiscales exclusivas a Cataluña o el País Vasco, negociadas en pactos secretos con separatistas, agravan las disparidades económicas entre autonomías, dejando a regiones como Andalucía o Extremadura en desventaja y perpetuando un sistema donde la lealtad al sanchismo se recompensa con privilegios.

Peor aún, el gobierno de Sánchez ha sido salpicado por escándalos de corrupción que involucran a su círculo más cercano: desde investigaciones por tráfico de influencias contra su esposa Begoña Gómez y su hermano, hasta detenciones de altos cargos socialistas como José Luis Ábalos y Santos Cerdán por comisiones ilegales en contratos públicos, sumando miles de millones en adjudicaciones irregulares.

Estos casos no son aislados, sino sistémicos, revelando un régimen que usa el poder para enriquecimiento personal y partidista, mientras predica igualdad pero practica clientelismo, aumentando la brecha social y la desconfianza en las instituciones.

Este eje del mal no solo corroe la democracia española, sino que amenaza su supervivencia al normalizar la impunidad y el enfrentamiento ideológico. Opositores como el PP y Vox denuncian que el sanchismo ha degradado estándares democráticos, con índices internacionales mostrando un aumento del 178% en corrupción política desde 2018 y una erosión de la transparencia.

Mientras Sánchez se atrinchera con aliados que históricamente han desafiado la Constitución —incluyendo a herederos de ETA como Bildu, que obtuvieron su mejor resultado electoral gracias a estos pactos—, la sociedad paga el precio con mayor desigualdad, odio enquistado y una corrupción que infecta todos los niveles del Estado.

Es imperativo reconocer esta alianza como el foco de los males nacionales, un virus que solo una regeneración democrática profunda y la unidad pueden erradicar antes de que desintegre por completo el tejido de España.