La presidente de Abogados Cristianos en España, Polonia Castellanos, denunció que el hospital presionaron para avanzar con la eutanasia de la joven Noelia Castillo Ramos debido a que “ya tenían comprometidos sus órganos”, en el marco del polémico caso que se viralizó rápidamente en todo el mundo.

Según relató Castellanos, cuando en agosto de 2024 lograron las primeras medidas cautelares para frenar el procedimiento, desde el centro de salud le comunicaron a la madre de la joven que no podían postergarlo por la situación vinculada a la donación de órganos.

“Lo que nos ha dicho su madre es que cuando ganamos las primeras cautelares, lo que le dicen es que ‘no puedes hacer eso porque ya teníamos todos tus órganos comprometidos’. Esto se lo dicen desde el hospital. Esto es lo que nos dice la madre y eso es lo que hace que su madre haga a su hija firmar que no quiere donar los órganos”, afirmó la letrada durante una entrevista.

La denuncia agrega un nuevo elemento a un caso que ya generaba controversia. Noelia, de 25 años, quedó con paraplejia irreversible tras intentar suicidarse en 2022, luego de haber sido víctima de una violación grupal por parte de inmigrantes ilegales en un centro de menores donde se encontraba bajo tutela estatal.

Lo que más impacto generó en todo este caso es el hecho de que el propio Estado español, que en su momento no protegió a la víctima y la abandonó, ahora le da la opción de quitarse la vida.

Desde la organización que representa al padre de la joven señalaron además que la decisión de avanzar con la eutanasia estuvo influenciada por planteos realizados en el ámbito hospitalario.

“Noelia estuvo planteándose aceptar la eutanasia, pero que desde el hospital le dijeron que había ‘varias personas que se podían salvar con sus órganos’. La madre estaba presente cuando se lo dijeron. Ella no quería que su hija donase sus órganos”, indicaron.

El planteo también apunta al funcionamiento del comité que intervino en la autorización del procedimiento. Castellanos aseguró que entre sus integrantes había personas vinculadas a organismos relacionados con el sistema de trasplantes.

“El que dona y el que recibe no se llevan dinero, pero todo el intermedio de médicos, facultativos y hospitales que participan sí que se llevan dinero”, sostuvo en declaraciones a los medios.

A su vez, denunció la participación de miembros ligados a entidades que promueven la eutanasia, como la Asociación Derecho a Morir Dignamente, lo que evidencia la falta de imparcialidad. “Evidentemente, hay muchas irregularidades en este caso”, remarcó.

El caso reaviva los cuestionamientos sobre el accionar del Estado en España. La joven creció en un contexto de vulnerabilidad, pasó por centros de menores y, en ese ámbito, sufrió la agresión que derivó en el intento de suicidio que la dejó con secuelas irreversibles.

En ese sentido, mientras que el Estado no logró protegerla ni asistirla adecuadamente en los momentos más críticos, ahora terminó habilitando el proceso de eutanasia para matar a la víctima.