Agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional han localizado dinero en efectivo oculto en el interior de la vivienda de José Antonio Marco Sanjuán, ex ‘tres’ de María Jesús Montero, vicepresidenta del Gobierno y ministra de Hacienda. El registro de su vivienda fue autorizado mediante una orden judicial después de que la Fiscalía Anticorrupción se querellara contra él por un delito de cohecho por el presunto cobro de comisiones ilegales de empresarios a los que anulaba pleitos fiscales. Pese a la gravedad de los hechos, Montero sostuvo que las informaciones de este periódico que provocaron la dimisión de Marco Sanjuán eran «bulos».

El registro de la vivienda de Marco Sanjuán, ubicada en una urbanización del barrio de Parquesol, en Valladolid, se llevó a cabo el pasado 11 de febrero a primera hora de la mañana. La intervención, desarrollada con máxima discreción, se prolongó durante varias horas. Los agentes iniciaron la inspección por las zonas comunes de la vivienda, en concreto la cocina y el salón, en un piso de 140 metros cuadrados que contaba con medidas de seguridad. Posteriormente, continuaron por el dormitorio principal, así como por otras dos habitaciones adicionales, una de ellas habilitada como despacho.

Fue precisamente en este espacio donde los investigadores localizaron el dinero en efectivo. En concreto, los agentes descubrieron los billetes al revisar una amplia estantería repleta de libros, en su mayoría manuales de Derecho tributario y económico. Al revisar varios de estos ejemplares, comprobaron que entre sus páginas se ocultaban fajos de billetes, fundamentalmente de 50 euros. La disposición del dinero, escondido entre volúmenes técnicos, dificultaba su detección a simple vista y exigió una revisión detallada de cada uno de los libros.

En estos momentos, los agentes de la UDEF están elaborando el informe policial sobre el resultado del registro, por lo que aún se desconoce la cantidad exacta de dinero intervenido. La localización de efectivo en el domicilio del exalto cargo refuerza la línea de investigación abierta por Anticorrupción, centrada en el posible cobro de comisiones en metálico vinculadas a resoluciones adoptadas desde el Tribunal Económico Administrativo Central (TEAC), organismo del que Marco Sanjuán fue siete años presidente. La Fiscalía abrió diligencias el pasado mes de junio tras recibir una denuncia del sindicato Manos Limpias que fue presentada después de que El Debate publicara una serie de reportajes de investigación que acreditaban la existencia de una operativa de cobro de comisiones a empresarios que tenían causas pendientes con la Agencia Tributaria.

El Debate desveló que uno de los episodios más significativos fue el pago de 100.000 euros por parte de un empresario a cambio de la anulación de una reclamación fiscal. Las entregas de dinero se realizaban en encuentros concertados en una cafetería próxima al despacho oficial de Marco Sanjuán, ubicado en el Paseo de la Castellana de Madrid. «Dinero. Ahora me dice: ¿Cuándo quedamos a tomar un café?», señalaba el ex ‘tres’ de Montero en un mensaje al empresario donde quedaba reflejada la mecánica de los pagos. Las citas se organizaban con cambios de ubicación y horarios para evitar controles y el dinero se entregaba en efectivo.

En esas mismas comunicaciones, Marco Sanjuán aseguraba que las cantidades abonadas no se quedaban íntegramente en sus manos. «Me tienes que dar porque los demás ya han cobrado todos», trasladaba el exalto cargo en uno de esas citas en referencia a un posible reparto de los fondos. Ese extremo forma parte de las líneas que ahora tratan de esclarecer los investigadores, que buscan determinar si existían más personas con conocimiento o participación en la operativa.

La querella de Anticorrupción contra Marco Sanjuán incluye también a otras 15 personas, todas ellas investigadas por cohecho. La investigación se centra en la presunta manipulación de procedimientos tributarios desde el TEAC en un contexto en el que determinadas resoluciones favorables coincidían con pagos económicos por parte de los interesados. Hasta que se ha hecho pública la investigación del Ministerio Público, que ha estado nueve meses bajo secreto, María Jesús Montero reiteró tras su dimisión que las informaciones de este periódico eran «bulos». También aseguró que ponía «la mano en el fuego» por él y defendió su trayectoria profesional.