El Pleno del Congreso ha convalidado este jueves el real decreto ley que movilizará más de 5.000 millones de euros para paliar las consecuencias del conflicto en Oriente Medio en la economía española con medidas como la bajada del IVA para la electricidad, el gas y los carburantes.

El decreto, que se tramitará como proyecto de ley, ha sido convalidado con 175 votos a favor -PSOE, Sumar, ERC, Bildu, PNV, Junts, BNG, CC, UPN y la diputada de Compromís Águeda Micó-, 33 votos en contra -Vox- y 141 abstenciones -PP y Podemos-.

Este decreto incluye una batería de medidas fiscales como la rebaja del IVA de la luz, el gas y los carburantes; la bajada del impuesto de hidrocarburos para la gasolina y el diésel; la bajada del impuesto especial de la electricidad o la suspensión del impuesto de generación eléctrica.

También incluye una bonificación de 20 céntimos por litro de carburante para profesionales, la extensión de la mejora del bono social eléctrico hasta final de año y medidas para reforzar el sistema eléctrico, entre otras cuestiones.

“Proteger y preparar”

El decreto, ha defendido el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, servirá para “proteger y preparar”, es decir, para responder a las consecuencias inmediatas del conflicto -las gasolineras ya reflejan el 90 % de la bajada fiscal, ha apuntado- y para redoblar “nuestra apuesta por nuestra soberanía energética”.

El paquete ha obtenido un amplio apoyo de los socios del Gobierno, aunque con ciertas críticas y la reclamación de ampliarlo con nuevas medidas.

La diputada de ERC Inés Granollers ha manifestado su respaldo a las medidas del escudo social, de financiación y avales públicos a la empresas y, sobre todo, a las referidas a la transición energética, entre las que ha reivindicado como aportación de su grupo la que amplía la distancia de autoconsumo hasta los 5 kilómetros.

Junts, cuyo voto clave se logró a cambio de la aprobación de un punto de una proposición no de ley para instar al Gobierno a eximir de repercutir el IVA a los pequeños autónomos, ha defendido su apoyo porque la “columna vertebral” del decreto “son las propuestas de Junts para ayudar a la clase media y trabajadora”.

Óskar Matute (Bildu) ha aplaudido algunas medidas, como las del escudo social, la recuperación del mecanismo de ayuda a la industria electrointensiva y las dirigidas a aumentar la soberanía energética, pero ha subrayado que le parece un “error” y una “cesión incomprensible” la rebaja generalizada de impuestos sin tener el control real de los precios.

PNV ha apoyado el decreto porque es “útil y necesario” a pesar de que requiere de mayor ambición, coordinación y diálogo” para corregir la dependencia de los combustibles fósiles, lo que deja a España en una situación vulnerable en caso de crisis como la actual, ha apuntado su diputada Idoia Sagastizábal.

La prórroga de los alquileres, que finalmente se incluyó en otro real decreto ley, se ha colado tanto en el discurso de Sumar como de Podemos, que se ha abstenido para no “bloquear” la iniciativa, aunque lo considera una respuesta “ineficaz” e “injusta”.

Más sorprendente ha sido la abstención del PP, que su portavoz económico, Juan Bravo, ha justificado pese a que el decreto es “insuficiente” y “llega tarde”, y ha puesto como ejemplo que el Estado ha recaudado “más 70 millones de euros en veinte días solo del IVA de la gasolina”.

Bravo ha incidido en que al plan le falta la deflactación del IRPF para que las familias no pierdan poder adquisitivo” y ha criticado la “jeta” que, a su juicio, supone que la mitad de las rebajas impositivas que contiene el decreto las paguen las comunidades autónomas.

Vox ha sido la única formación que ha votado en contra, según ha explicado el diputado José María Figaredo, porque aumenta las subvenciones a las renovables cuando su impacto en la economía es “mínimo”, al tiempo que ha pedido que acabe la “corrupción” en el sector de los hidrocarburos, en el que durante años “han dado licencias a empresas piratas que no pagan impuestos”