15 días después del estallido de la guerra de Irán, el Gobierno sigue sin ofrecer un plan para amortiguar el golpe económico que ya están sufriendo familias y empresas. Mucho ruido, muchas declaraciones y un “esqueleto” de medidas que, según dicen, apenas empieza a escribirse. Entretanto, la factura energética se dispara. La cesta de la compra sube. Y las hipotecas, empujadas por el encarecimiento del dinero y la inflación, vuelven a convertirse en una preocupación creciente para miles de hogares. Pero la respuesta oficial sigue instalada en la ambigüedad. Da la sensación de que el Ejecutivo confía más en que el conflicto internacional se resuelva pronto que en la necesidad de tomar decisiones contundentes. Como si dejar pasar el tiempo fuese el verdadero eje de la política del Gobierno, con el único fin de llenar las arcas públicas. Seguir recaudando y rezando para que la guerra acabe cuanto antes.

Nos aseguran que mantienen reuniones, algunas telefónicas, que tienen experiencia y método, pero no hacen nada excepto recaudar. Solo en una semana, el IVA de los carburantes ha aportado a Hacienda unos 20 millones de euros extra. Si se suman luz y gas, las estimaciones apuntan a cerca de 300 millones. La pregunta que yo me hago es inevitable: si el Estado está ingresando más simplemente porque los precios suben, ¿por qué no devuelve esa recaudación extra a quienes están pagando la factura? Sería un primer paso inteligente. No creo que ocurra, ya que han visto en este nuevo escenario la posibilidad de seguir ingresando. Más, si tenemos en cuenta, que ahora mismo el consejo de ministros es un mar de contradicciones. Desde limitar los precios a bajar algún impuesto, pasando por crear una empresa pública de la energía que pilote sobre Repsol. Incluso crear supermercados públicos.

Estamos hablando de aliviar a las familias también adecuando el IRPF a la inflación, una subida en toda regla por la puerta de atrás. Y de las empresas, que afrontan un deterioro claro de su competitividad. Costes energéticos disparados significan productos más caros y menor margen para competir en los mercados internacionales. Por ello, es especialmente preocupante la lentitud con la que se está reaccionando. Estudios como el de Funcas ya advierten de que la inflación podría situarse en marzo en torno al 3,6%, y que si el conflicto se prolonga podría acercarse al 4% en los próximos meses. No estamos ante una amenaza hipotética. El golpe ya está aquí. Y frente a esta realidad, la estrategia de esperar y ver no es defendible. Mientras el Gobierno duda y discute, la factura sigue creciendo y quien la paga, como siempre, es el ciudadano.