La vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero.

Luis Ventoso.- Imaginemos que estamos en el Reino Unido. La ministra de Hacienda, que es el número dos del Ejecutivo y del partido que gobierna, promociona nada más llegar al poder a un alto funcionario como nuevo presidente del Tribunal Económico-Administrativo Central. Se trata del importante órgano que resuelve las disputas fiscales. Cuando el elegido lleva ya siete años en su puesto, un periódico de ideario contrario al del Gobierno publica que el presidente del Tribunal está cobrando mordidas a cambio de solventar los asuntos que él mismo enjuicia.

La ministra de Hacienda niega que su alto cargo haya hecho nada malo y lo defiende enérgicamente como un «profesional honesto». Pero tras las revelaciones del periódico sobre sus mordidas, resulta que el presidente del Tribunal Económico Administrativo presenta su dimisión sin dar explicación alguna. Es evidente que se ha ido porque la investigación periodística ha destapado su trama delincuencial. Pero la ministra de Hacienda insiste en defenderlo a toda costa, incluso tras su delatora renuncia. Llega al extremo de que cuando la oposición le pregunta en el Parlamento por el asunto, ella tacha las informaciones periodísticas de «bulos» y «mentiras».

Finalmente, nueve meses después de la dimisión del alto cargo, la Fiscalía se querella contra él por un claro delito de cohecho. Se confirman así las denuncias del periódico que había destapado el caso.

¿Qué pasaría en la democracia del Reino Unido —o en las de Alemania, Francia, Austria…— ante una situación así? Pues que la ministra de Hacienda y número dos del Gobierno no aguantaría ni 48 horas en su cargo. Se vería obligada a presentar su dimisión, por haber protegido a un corrupto y por haber llegado al extremo de insultar al periódico que denunciaba sus andanzas. No la salvaría nadie.

Pues bien, lo que acabamos de describir es exactamente lo que ha ocurrido aquí en España con María Jesús Montero y José Antonio Marco Sanjuán, al que nombró presidente del Tribunal Económico Administrativo Central en junio de 2018 y que dimitió el 25 de junio de 2025, después de que Alejandro Entrambasaguas destapase en El Debate que cobraba dinero a cambio de apañar pleitos fiscales dirimidos en el tribunal que presidía.

La respuesta de la vicepresidenta Montero no se limitó a negarlo todo. Fue más allá. Tachó de «bulos» y «mentiras» unas informaciones que eran absolutamente ciertas, tal y como ahora concluye la Fiscalía Anticorrupción con su querella contra Marco Sanjuán.

Es decir, soportamos a una histriónica vicepresidenta primera del Gobierno que mintió a los españoles sobre este caso y que además presionó al periódico que hacía su trabajo descalificando de la peor manera unas informaciones que eran ciertas. Padecemos el único Gobierno de Europa Occidental cuyo presidente y cuyos ministros insultan con todas las letras a los jueces y periodistas que les resultan incómodos.

Ya sé que vivimos en la degradada seudodemocracia sanchista. Ya sé que ante tal acopio de disparates y abusos es como si todo diese un poco igual, pues por desgracia nunca falta un nuevo despropósito gubernamental que opaca el anterior. Pero aún así, María Jesús Montero debería estar ya hoy mismo en babuchas en su casa y fuera de la política.

No va a dimitir, por supuesto, porque carece de la fibra moral que exige un gesto así. Pero los andaluces se encargarán de pasarle la factura en las próximas autonómicas. Su sopapo en las urnas va a ser épico, acorde a los méritos de todo tipo que ha contraído. No se va a ir, pero el público la va a echar.