La exdirigente etarra Soledad Iparraguirre, ‘Anboto’, en la Audiencia Nacional

AD / Agencias.- La noticia de que la exjefa de ETA, Soledad Iparraguirre, conocida como “Anboto”, podrá disfrutar de salidas regulares de prisión vuelve no es un hecho aislado: forma parte de una dinámica cada vez más evidente en la que los responsables de algunos de los crímenes más atroces de nuestra historia reciente van abandonando la cárcel mientras las víctimas siguen condenadas a cadena perpetua emocional.

La excarcelación de “Anboto” vuelve a poner sobre la mesa una cuestión profundamente incómoda para la democracia española: ¿hasta qué punto las decisiones judiciales y penitenciarias están siendo condicionadas por intereses políticos? Más concretamente, crece la percepción de que determinadas medidas de flexibilización penitenciaria responden menos a criterios estrictamente legales o humanitarios y más a la necesidad del Gobierno de Sánchez de mantener el apoyo parlamentario del nacionalismo vasco.

No se trata de un debate técnico ni jurídico. Se trata, sobre todo, de un problema moral. Cada beneficio penitenciario concedido a quienes formaron parte de ETA reabre una pregunta incómoda: ¿de verdad han pagado su deuda? ¿Puede hablarse de reinserción cuando en muchos casos no ha habido colaboración con la justicia, ni arrepentimiento claro, ni petición sincera de perdón?

Durante años, España sostuvo un principio básico: los crímenes del terrorismo no podían tratarse como delitos comunes. Sin embargo, reformas legales y decisiones penitenciarias han ido erosionando ese consenso. Ya en 2024 se advertía de que decenas de etarras podían ver reducidas sus condenas o incluso salir antes de prisión gracias a cambios normativos que permitían computar penas cumplidas en Francia.  mHoy, ese escenario es una realidad palpable.

El caso de “Anboto” resulta especialmente simbólico. No hablamos de una figura secundaria, sino de una dirigente de la organización, parte de una estructura que planificó y ejecutó asesinatos, secuestros y atentados durante décadas. Su progresiva salida de prisión no puede interpretarse únicamente como el cumplimiento de la ley: es también el reflejo de una política penitenciaria que, para muchos, ha bajado el listón de la exigencia ética.

Mientras tanto, las víctimas observan. Algunas asociaciones llevan años denunciando lo que consideran una “sangría” de beneficios penitenciarios y progresiones de grado, alertando de que se está priorizando la normalización política sobre la justicia.
Y aunque es cierto que la ley contempla mecanismos de reinserción, también lo es que el terrorismo dejó más de 800 muertos y miles de familias destrozadas. No puede haber equidistancia entre verdugos y víctimas.

Una sociedad que asume con resignación la salida de prisión de quienes nunca han condenado explícitamente la violencia corre el riesgo de trivializar su propio pasado. No se trata de venganza, sino de dignidad. De establecer límites claros entre lo que es legal y lo que es justo.

Cada vez que un terrorista sale de prisión sin haber dado pasos inequívocos hacia la reparación moral, el mensaje que se lanza es peligroso: que el tiempo, por sí solo, borra la gravedad del crimen. Y no, no la borra.

La batalla por la memoria y la dignidad de las víctimas sigue abierta. Y decisiones como la que afecta a “Anboto” no ayudan a cerrarla, sino todo lo contrario: la reabren, la agrandan y la convierten, una vez más, en una herida que nunca termina de cicatrizar.

La exjefa de ETA Soledad Iparraguirre, ‘Anboto’, saldrá de prisión de lunes a viernes

Estanislao Galindez, cartero asesinado por “Anboto” el 26 de junio de 1985 en la localidad alavesa de Amurrio.

El Gobierno Vasco ha concedido a la exdirigente de ETA Soledad Iparraguirre, ‘Anboto’, un régimen de semilibertad de lunes a viernes con la obligación de volver a dormir a prisión en aplicación del artículo 100.2 del Reglamento Penitenciario. Fuentes del Departamento de Justicia y Derechos Humanos del Gobierno Vasco han confirmado a EFE la autorización de este régimen a Iparraguirre, que está interna en la prisión donostiarra de Martutene. Podrá salir de la cárcel a partir del lunes 23, aunque por el momento no se sabe el día exacto en el que lo hará.

Esta semilibertad no se trata de un tercer grado, sino de una fórmula intermedia dirigida a “la preparación” para la salida de prisión que se concede cuando el cumplimiento de la condena está ya muy avanzado. Permite a los internos salir de prisión de lunes a viernes y volver a la cárcel solo para dormir durante estos días.

Para su concesión el interno debe entregar un “plan de ejecución”, en el que se acredite que va a trabajar o a llevar a cabo labores de voluntariado, con sus horarios correspondientes.

Ahora la Fiscalía de la Audiencia Nacional deberá emitir un informe, que no es vinculante, y la decisión final de la confirmación de este régimen la deberá adoptar el Juzgado Central de Vigilancia Penitenciaria de la Audiencia Nacional, han aclarado las fuentes.

El mismo régimen de semilibertad en aplicación de dicho artículo fue concedido también recientemente, en febrero, al exjefe de ETA Garikoitz Aspiazu, ‘Txeroki’, lo que provocó las críticas de varias asociaciones de víctimas del terrorismo.

Soledad Iparraguirre nació en Eskoriatza (Gipuzkoa) en 1961. En octubre de 2004 fue detenida en Francia junto a al jefe del aparato político de ETA, Mikel Albisu, ‘Antza’, en una casa de Salis-de-Béarn en la que ambos vivían desde hacía años junto a su hijo. En el momento de su detención Soledad Iparraguirre era supuestamente la encargada de dirigir el aparto de extorsión de la banda terrorista.

Tras su detención Iparraguirre fue procesada por la juez antiterrorista Laurence Le Vert por un delito de dirección u organización de banda terrorista y el 17 de diciembre de 2010 fue condenada junto a su pareja, Mikel Albisu, a 20 años de cárcel por el Tribunal de lo Criminal de París.

Reclamada desde 2004 por la justicia española por delitos de pertenencia a banda armada y por su presunta participación directa en numerosos atentados cuando formaba parte del “comando Araba”, Francia la entregó el 4 de septiembre de 2019 para responder por varios atentados.

En su primer juicio en España tras ser entregada por las autoridades francesas, en 2020, fue condenada a una pena de 122 años de prisión por el asesinato del comandante del Ejército Luciano Cortizo en diciembre de 1995 en León.

Su segunda causa fue como cooperadora necesaria en un atentado con granadas en la Comisaría de Policía Buenavista de Oviedo, en 1997. Aunque la fiscalía pidió 71 años de prisión, en enero de 2021 la Audiencia Nacional la absolvió al considerar que ya había sido condenada en Francia por su pertenencia a la dirección de ETA y por preparar atentados en España estando en el país galo, donde se instalaba la cúpula etarra.

Petición de 488 años de cárcel

Se sentó por tercera vez en el banquillo en diciembre de 2020. En el juicio se enfrentaba a una petición del fiscal de 488 años de cárcel por su presunta participación en un atentado frustrado contra un dispositivo de la Policía Nacional en el polideportivo de Mendizorroza (Vitoria) en 1985. Aunque en un principio fue absuelta de ese delito, posteriormente el Tribunal Supremo ordenó repetir el juicio. En la nueva vista fue condenada a 425 años de cárcel por este atentado.

Fue condenada también a 39 años de prisión por el asesinato del cartero de la localidad alavesa de Amurrio Estanislao Galindez el 26 de junio de 1985 y a 46 años de cárcel por la colocación en 1987 de una bomba trampa en la puerta de un bar de Eskoriatza (Guipúzcoa) que finalmente no causó víctimas.

Y además fue condenada a 15 años de prisión en septiembre de 2021 por ordenar el asesinato del rey Juan Carlos durante la inauguración del Museo Guggenheim de Bilbao el 18 de octubre de 1997.