Rafa Gómez-Santos Martín.- El presidente de Chile, José Antonio Kast, ha iniciado su mandato con un golpe de autoridad en materia de seguridad. En apenas 72 horas, su gobierno ha logrado la detención de 2.905 personas con requerimientos judiciales pendientes, en una operación que marca un cambio radical en la estrategia contra la delincuencia.

El anuncio se realizó en la ciudad de Arica, en el norte del país, donde Kast supervisó personalmente la implementación del denominado Plan Escudo Fronterizo. Este programa busca reforzar el control en las zonas más sensibles del territorio, especialmente aquellas afectadas por el narcotráfico, la inmigración ilegal y el crimen organizado.

Durante su intervención, el mandatario recordó que la lucha contra la inseguridad fue uno de los pilares de su campaña electoral. Kast fue claro al dirigirse a quienes permanecen al margen de la ley: deben presentarse ante la justicia o serán detenidos. “Se los dijimos: el que sea prófugo de la justicia, el que tenga algún asunto pendiente, lo vamos a encontrar”, afirmó con firmeza.

El mensaje no es casual. Chile ha vivido en los últimos años un aumento significativo de la criminalidad, una situación que muchos analistas vinculan a la debilidad institucional y a políticas permisivas aplicadas durante el gobierno anterior, liderado por Gabriel Boric. El nuevo Ejecutivo parece decidido a revertir esa tendencia desde el primer día.

Las cifras presentadas por el gobierno reflejan un despliegue coordinado entre fuerzas policiales, unidades de inteligencia y autoridades judiciales. La rapidez de los resultados apunta a una planificación previa y a una voluntad política clara de actuar sin dilaciones.

Más allá de los números, lo que destaca es el cambio de tono. La administración de Kast ha optado por un enfoque directo, centrado en el cumplimiento de la ley y el restablecimiento del orden público, frente a una situación que había generado preocupación creciente entre los ciudadanos.

En regiones como Arica, donde confluyen rutas del narcotráfico y flujos migratorios irregulares, el impacto de estas medidas podría ser determinante. El gobierno busca no solo detener a delincuentes, sino también desarticular redes que operan con relativa impunidad desde hace años.

A nivel político, esta ofensiva también envía un mensaje claro tanto dentro como fuera del país. Chile pretende recuperar el control de su seguridad interna y reforzar la confianza en sus instituciones, algo que muchos consideran clave para la estabilidad social y económica.

Este giro evidencia una realidad que en demasiadas ocasiones se ha querido ignorar. Cuando la izquierda relativiza el delito y prioriza discursos ideológicos por encima de la ley, el resultado es el debilitamiento del Estado y el abandono de los ciudadanos. La respuesta de Kast apunta en dirección contraria: orden, autoridad y responsabilidad como pilares de una sociedad segura.