La defensa, divulgación y promoción de nuestro país y de su historia debería ser un proceso obligatorio para el rey. Lamentablemente, hace tiempo que renunciamos a la idea de que Felipe VI estuviese a la altura de una institución que le exigiría preservar la identidad, fomentar el orgullo nacional, desmontar sus falsedades y proteger el patrimonio material e inmaterial para las generaciones futuras. La tarea del rey debería ser la de recordar, no denostar, los hitos destacados, para comprender nuestro presente, y proyectarlo en el futuro para construir una sociedad con bases sólidas.

El rey de España, Felipe VI, reconoció este lunes que hubo “mucho abuso” durante la conquista española de América, en su primera referencia a este tema que ha causado tensiones con México, cuyo Gobierno ha exigido disculpas a la Corona española.

El jefe de Estado pronunció sus palabras en una conversación con otras autoridades, entre ellas el embajador de México en España, durante una visita a la exposición titulada “La mujer en el México indígena” en el madrileño Museo Arqueológico Nacional, según un video editado y publicado por la Casa Real en X.

Estas declaraciones de Felipe VIno solo resultan sorprendentes: son profundamente preocupantes. No por abrir un debate —siempre necesario—, sino por hacerlo desde una posición que parece más guiada por las corrientes ideológicas del presente que por el rigor histórico o la responsabilidad institucional.

Resulta desconcertante que la Jefatura del Estado, cuya función debería ser la de representar la continuidad histórica de una nación, se sume a una narrativa que simplifica uno de los procesos más complejos de la historia universal. La conquista de América no fue un episodio unidimensional de opresión, como algunos pretenden reducirla hoy. Fue, con todas sus luces y sombras, el origen de una realidad cultural, lingüística y social compartida por cientos de millones de personas a ambos lados del Atlántico.

Adoptar una visión culpabilizadora, casi penitencial, no solo distorsiona el pasado, sino que debilita el presente. España no puede permitirse el lujo de asumir sin matices un relato que la presenta exclusivamente como verdugo, ignorando el mestizaje, la creación de instituciones, universidades y sistemas jurídicos que, con todos sus defectos, fueron también pioneros en su tiempo.

El problema no es reconocer errores históricos —eso es señal de madurez—, sino hacerlo desde una óptica selectiva y anacrónica. Juzgar el siglo XVI con los parámetros morales del XXI no es justicia: es un ejercicio de simplificación que empobrece el debate y alimenta complejos innecesarios.

Más aún, cuando esa visión emana del propio jefe del Estado, el mensaje que se proyecta al exterior es el de un país que duda de sí mismo, que reniega de su historia en lugar de comprenderla en toda su amplitud. Y eso, en un mundo donde la narrativa histórica es también una herramienta de influencia, no es una cuestión menor.

España no necesita que el rey se sume a los discursos que contribuyen a una visión fragmentada y culpabilizadora. La historia no debe ser un arma política ni un instrumento de corrección moral retroactiva. Debe ser, ante todo, un espacio de comprensión.

Y en esa tarea, la Corona debería ser un punto de equilibrio, no un altavoz de revisiones parciales.

Cuando un país pierde el respeto por su propia historia, corre el riesgo de perder también la confianza en su futuro.

El tiempo pone cada relato en su sitio; el revisionismo, en cambio, solo retrata a quien lo impulsa. Y en ese espejo, también se refleja Felipe VI.