El actual inquilino de La Moncloa, en su caso más bien okupa, pronto se irá a su chalet de lujo, faltaría más, como buen socialisto (no es un error) que es.

Tendrá “derecho” a una pensión vitalicia para el resto de sus días, que teniendo en cuenta que tiene cuarenta y pocos años, y no ha trabajado en su vida en nada – en serio, quiero decir-, le aventuro una larga duración.

Por consiguiente, esta “porcelana chica”, cobrará el 80 % de las retribuciones que perciba quien ostente la presidencia del gobierno, beneficiándose por tanto de los incrementos correspondientes, que sin duda se irán produciendo, que ya sabemos que los políticos primero miran por lo suyo.

Evidentemente con coche oficial, con chófer y escoltas, en el número que fije el ministerio del interior, en función de la seguridad que se estime precisa.

Podrá nombrar “a dedo” a dos personas para que estén a su servicio, una con el nivel 30, el máximo de la administración pública, una especie de jefe de gabinete, y otra con el nivel 18, el equivalente a un auxiliar u oficial administrativo, para entendernos.

El Estado proveerá a dotarle de un despacho y oficinas de categoría, y no en el extrarradio de Madrid, sino en una de las zonas más cara y lujosas, faltaría más, para que pueda recibir a sus amistades…, jugar a las cartas con otros desocupados como él, o intrigar vía telefónica, siguiendo el ejemplo de Zapatero, y al que yo llamo zapatones.

¿Cuánto nos costará la “criatura” durante el resto de su vida, que presumo puede ser de varias décadas…, eso suponiendo que no se hunda España antes?

¿Tiene sentido esta situación…?

Yo creo que no.

Cada vez tenemos más expresidentes del Gobierno, y cada día más jóvenes, desde ese Zapatero que llego a ex con apenas cincuenta años, pasando por el actual, con cuarenta y tantos años, los aspirantes del PP y CIUDADANOS, que rondan los cuarenta justos, Felipe González que goza de una salud envidiable, Aznar que está hecho un chaval, Rajoy, que por lo menos se ha incorporado a su trabajo, y no digo anterior, pues la verdad es que casi no ha sido registrador, y siempre ha vivido de la

política, y muy bien, además, con su estilo gallego y fina retranca, consistente en no hacer nada, y dejar que los problemas se pudran o solucionen solos…, en fin, para que seguir.

Zapatero, el tonto, pero tonto de los que fabrican relojes, como le pareció poco lo que iba a cobrar, supongo, y quería ocuparse en algo de provecho en vez de ponerse a trabajar, que es lo que hacemos todos (tal vez pensó que era incapaz de hacer algo de provecho), reformó la ley del Consejo de Estado, para dar cabida en el mismo, como miembros natos, a todos los expresidentes del gobierno. ¡Tonto, tonto, pero para los demás, no para sus propios intereses!

Esta calidad de consejero nato del Consejo de Estado, que solo tienen que pedir, tras cesar como presidentes, o en cualquier momento posterior, les permite obtener un segundo –y elevadísimo- sueldo, absolutamente compatible con el de expresidentes, faltaría más, que las incompatibilidades son para los funcionarios normales y corrientes, no para ellos, que son la alegría de la huerta, sobre todo Rajoy, Zapatero o el propio “Maduro Sánchez”.

Rajoy fue incapaz de suprimir esta gabela, propuesta por el gobierno en beneficio de los expresidentes, pensando, sin duda, que él también podría beneficiarse de ella.

Me recuerda a la Rudí, expresidente de Aragón, que aprobó la concesión de un coche oficial, con chófer y escolta, al expresidente socialista, Marcelino Iglesias, pero con la cláusula de que cuándo hubiera un nuevo ex presidente –es decir ella misma-, pasaría a disfrutar de dicho beneficio. (Son los pagos en diferido, la gran aportación a la ciencia jurídica de esa gran maestra del derecho y del revés llamada María Dolores de Cospedal).

En definitiva, esta situación es insostenible, y urge suprimir esas pensiones vitalicias, y sustituirlas por una prestación durante dos años máximo, o el tiempo equivalente al que hayan permanecido en el cargo, si ha sido inferior, como sucede con los exministros, por ejemplo.

Y absolutamente incompatible con la realización de cualquier clase de trabajo por cuenta propia, o ajena.

España no puede permitirse estos despilfarros del escaso dinero público existente.