Jesús Mayoral, alcalde sanchista de Casarrubios.

En el municipio toledano de Casarrubios del Monte se está consolidando una práctica preocupante: convertir al ciudadano en una fuente inagotable de ingresos. Bajo el pretexto de mantener servicios públicos y equilibrar las cuentas, el ayuntamiento de esta localidad manchega ha desarrollado una auténtica maquinaria recaudatoria que exprime hasta el último euro de vecinos, autónomos y pequeños negocios.

Un ejemplo claro nos lo ofrece la construcción del nuevo ayuntamiento, inaugurado con grandes fastos por el alcalde sanchista, Jesús Mayoral, pese a no estar concluido ni pagado, supondrá un gasto millonario de más de 7 millones de euros, que supera con creces con los entre cuatro millones inicialmente presupuestados. Tratándose el de Casarrubios de un alcalde afiliado al sanchismo, no debería ser extraña esta pulsión a dilapidar millones en proyectos de escasa o nula utilidad social. Ello contrasta de forma escandalosa con la falta de recursos que el propio consistorio alega cuando se trata de atender las necesidades más urgentes de los vecinos. Resulta difícil explicar por qué hay dinero para levantar una infraestructura de dudosa prioridad mientras calles enteras permanecen abandonadas, espacios públicos deteriorados y servicios municipales claramente tercermundistas.

Muchos ciudadanos se preguntan si esa obra respondía realmente al interés general o si, por el contrario, se trataba de una apuesta política destinada a dejar una huella monumental antes de que el regidor sanchista sea desalojado del poder por los vecinos. La historia reciente está llena de ejemplos de proyectos sobredimensionados que acaban infrautilizados, generando además costes de mantenimiento que terminan pagando los vecinos durante décadas.

El Ayuntamiento inconcluso de Casarrubios supondrá un gasto millonario de más de 7 millones de euros.

La portavoz municipal del PP, Rocío Pérez Vicioso, lo explica así: “La cuestión no es pagar impuestos. Nadie discute que un pueblo necesita recursos para limpiar calles, mantener parques o garantizar la seguridad. El problema aparece cuando la fiscalidad deja de ser razonable y se transforma en una estrategia sistemática de exprimir al contribuyente. Tasas que suben cada año por encima de la inflación, multas que parecen diseñadas más para recaudar que para ordenar el tráfico, licencias y trámites con costes cada vez más difíciles de justificar.

El ciudadano empieza a tener la sensación de que el alcalde sanchista de este municipio no administra, sino que depreda. Aparcar se convierte en una trampa de sanciones, abrir un pequeño negocio implica una cascada de tasas, y cualquier gestión municipal parece acompañada de un nuevo recibo. Mientras tanto, la transparencia sobre el gasto público suele ser escasa y las prioridades presupuestarias a menudo resultan discutibles.

Rocío Pérez Vicioso (en el centro), portavoz municipal del PP en Casarrubios.

Esta voracidad fiscal tiene consecuencias. Desincentiva la actividad económica local, castiga especialmente a quienes menos margen tienen —familias y pequeños emprendedores— y erosiona la confianza en las instituciones. Cuando el vecino percibe que su ayuntamiento le trata como una caja registradora, la relación entre administración y ciudadanía se deteriora profundamente. Tal vez sea la principal razón de que múltiples negocios se hayan trasladado a otros municipios vecinos.

Un ayuntamiento responsable debería actuar justo al revés: gestionar con austeridad, apoyar las iniciativas empresariales, revisar el gasto antes de subir impuestos y entender que cada euro que recauda proviene del esfuerzo de alguien. La fiscalidad municipal debe ser equilibrada, comprensible y proporcionada, no una carrera permanente por aumentar ingresos a cualquier precio.

Porque gobernar un pueblo como Casarrubios no consiste en ver cuánto se puede sacar del contribuyente, sino en cuánto valor se le devuelve con lo que paga.