Cada año, con la llegada del Día Internacional de la Mujer, España se llena de manifestaciones, pancartas y discursos que hablan de igualdad. Se repite la misma consigna: luchar contra el machismo y defender los derechos de las mujeres. Pero en medio de ese ruido político y mediático, surge una pregunta incómoda: ¿se está defendiendo realmente la igualdad o se está imponiendo una ideología que divide a hombres y mujeres?

El punto de partida de cualquier sociedad democrática debería ser uno muy simple: la Constitución Española de 1978. Y en ella, el Artículo 14 de la Constitución Española es clarísimo: todos los españoles son iguales ante la ley sin discriminación por razón de sexo, religión, nacimiento u opinión.

La igualdad no es un concepto selectivo. No es para unos sí y para otros no. O es para todos o deja de ser igualdad.

El feminismo moderno suele presentarse como una lucha por la igualdad. Pero cada vez más ciudadanos perciben que muchas de sus reivindicaciones ya no buscan igualdad jurídica, sino ventajas legales o políticas.

En España, por ejemplo, las políticas públicas de igualdad movilizan cantidades enormes de dinero público. Solo el presupuesto del Ministerio de Igualdad superó los 481 millones de euros ejecutados en 2025, con un aumento superior al 14 % respecto al año anterior.

Además, buena parte de esos fondos se destinan a programas relacionados con la violencia de género y campañas institucionales.

La pregunta legítima es evidente: si después de décadas de políticas, campañas, leyes y cientos de millones de euros invertidos, las cifras de violencia siguen existiendo, ¿no debería abrirse un debate serio sobre si las políticas aplicadas están funcionando realmente? Negar ese debate no ayuda a las víctimas. Lo que ayuda es analizar con honestidad qué falla y por qué.

En el discurso público suele transmitirse la idea de que la violencia en el ámbito familiar es exclusivamente un problema de hombres contra mujeres. Pero los propios datos oficiales muestran una realidad más compleja.

Según el Instituto Nacional de Estadística, en 2024 se registraron 8.860 víctimas de violencia doméstica con medidas judiciales.

De ellas el 60,6 % eran mujereS y el 39,4 % eran hombres

Esto significa que casi cuatro de cada diez víctimas en violencia doméstica son hombres.

Reconocer esta realidad no resta gravedad a la violencia contra las mujeres. Pero ignorarla tampoco ayuda a construir una sociedad justa. Si hablamos de igualdad, todas las víctimas deberían importar por igual.

Uno de los aspectos más contradictorios del debate actual es el concepto de libertad.

Hoy se defiende que una mujer musulmana pueda llevar velo o burka si así lo desea. Se considera una decisión personal que debe respetarse. Pero, curiosamente, cuando una mujer decide libremente ser ama de casa y dedicarse a su familia, muchas veces se la acusa de estar sometida o de reproducir el machismo.

Si la libertad significa algo, debería significar poder elegir el tipo de vida que cada persona quiere vivir. Una mujer puede querer desarrollar su carrera profesional. Otra puede querer dedicarse a su familia. Y ambas decisiones deberían ser respetadas exactamente igual.

Del mismo modo, una pareja puede decidir que el hombre trabaje fuera de casa y la mujer cuide del hogar, o exactamente lo contrario. En ambos casos la clave debería ser la misma: la decisión libre de las personas que forman esa familia.

La igualdad no consiste en imponer un modelo de vida único.

Otro de los argumentos más repetidos en las manifestaciones del 8M es el de la brecha salarial. Sin embargo, conviene aclarar un punto fundamental: en España es ilegal pagar salarios distintos por el mismo trabajo en el mismo puesto.

La legislación laboral obliga a la igualdad retributiva. Si una empresa pagara menos a una mujer que a un hombre por el mismo puesto, estaría cometiendo una infracción grave.

Por eso muchos economistas señalan que gran parte de las diferencias salariales estadísticas se explican por factores como sectores laborales, jornadas parciales o interrupciones en la carrera profesional, no necesariamente por discriminación directa en el mismo puesto.

Las mujeres que quieran pueden ir a la obra , a repartir butano o a desatascar tuberías. Si no lo hacen quizás el problema no sea solo esa supuesta desigualdad laboral.

En los últimos años el discurso público ha ido adoptando un tono cada vez más confrontativo: hombres contra mujeres, machismo contra feminismo, víctimas contra culpables colectivos. Pero ese enfoque es profundamente peligroso.

Los hombres y las mujeres no somos enemigos naturales. Somos parte de la misma sociedad, de las mismas familias y del mismo futuro.
Biológicamente somos diferentes, y eso es evidente. La naturaleza —o las creencias de cada persona— nos ha hecho distintos en muchos aspectos. Pero precisamente por eso la civilización moderna creó una idea simple y poderosa: la igualdad ante la ley.

La ley no debería ver hombres ni mujeres. Debería ver ciudadanos.

El verdadero reto de una sociedad moderna no es imponer ideologías ni crear bloques enfrentados. El reto es mucho más simple y a la vez mucho más difícil: proteger a todas las víctimas, garantizar la libertad individual y aplicar las mismas normas a todos.

Ese es el espíritu que recoge el Artículo 14 de la Constitución.Porque la igualdad no pertenece al feminismo ni al masculinismo. La igualdad pertenece a todos.

Y quizá el debate del 8M debería empezar precisamente ahí.