Joana Campos.- La Oficina de Prisiones (BOP) del Departamento de Justicia emitió una nueva directriz oficial titulada “Gestión de internos con disforia de género” que prohíbe el uso de fondos federales para cirugías de modificación de rasgos sexuales y tratamientos hormonales cruzados en reclusos que se identifican como transgénero.

Esta medida, alineada con la orden ejecutiva de Trump para restaurar la verdad biológica, proyecta ahorrar a los contribuyentes estadounidenses casi dos millones de dólares que antes se despilfarraban en intervenciones irreversibles y médicamente cuestionables.

Bajo las reglas de la era Biden, la BOP estaba obligada a costear terapia de reemplazo hormonal —incluyendo inyecciones de estrógeno y supresores de testosterona— e incluso procedimientos quirúrgicos como implantes mamarios, feminización facial y cirugías genitales.

Según cifras oficiales del Departamento de Justicia compartidas con medios independientes, ese enfoque costó al contribuyente aproximadamente 1,65 millones de dólares: 1,25 millones en hormonas para presos en cárceles, casas de transición o confinamiento domiciliario, y 400.000 dólares en solo dos cirugías realizadas.

Un funcionario del DOJ lo resumió con claridad: “La nueva política resultará en que casi 2 millones de dólares no se gasten en tratamientos dañinos, lo que también genera preocupaciones de seguridad en las instalaciones del BOP”.

Ahora el enfoque cambia radicalmente y se centra en lo que realmente ayuda: psicoterapia, antidepresivos y el tratamiento de las condiciones mentales coexistentes que suelen acompañar la disforia de género. Los internos que ya reciben hormonas entrarán en planes de reducción supervisada para suspenderlas de forma segura, con reevaluaciones regulares.

Se eliminan también las “adaptaciones sociales” pagadas con dinero público, como acolchados de pecho, pelucas, maquillaje o ropa interior del sexo opuesto; estos artículos podrán comprarse en la comisaría de la prisión, pero ya no se regalarán a costa del contribuyente.

El documento oficial de la BOP es explícito: la disforia de género se define como “un trastorno psicológico causado por una discrepancia percibida entre la identidad de género expresada y el sexo biológico”, y las intervenciones físicas ya no se considerarán tratamiento estándar.

Esta decisión forma parte del compromiso de Trump con la responsabilidad fiscal y la defensa de la realidad biológica frente a la agenda woke que priorizaba la ideología por encima de la ciencia y la seguridad.

Recordemos que en 2022, durante la administración anterior, un preso federal condenado a cadena perpetua —un exlíder supremacista blanco involucrado en delitos violentos— se convirtió en el primer recluso en recibir una cirugía completa de reasignación de género pagada por los contribuyentes.

Trump ya había ordenado explícitamente que “no se gasten fondos federales” para adaptar la apariencia externa de ningún preso a su identidad de género preferida.

Aunque activistas de izquierda y grupos como la ACLU han lanzado demandas —como la de Kingdom contra Trump, que ha bloqueado temporalmente partes de la política—, el Departamento de Justicia rechaza que esto constituya un castigo cruel e inusual.

Al contrario, los ahorros se redirigirán a atención médica real y necesaria para toda la población reclusa. Se trata de evaluaciones individualizadas, no de un enfoque único impuesto por la izquierda radical.

Con esta medida, el presidente Trump demuestra una vez más que su administración defiende el dinero de los estadounidenses trabajadores, rechaza el derroche ideológico y pone primero la salud mental verdadera por encima de experimentos costosos y peligrosos.

Es un paso más hacia la restauración del sentido común en las instituciones federales.