El caso Epstein destapó una red de explotación sexual de menores con poder, dinero y silencio cómplice: una isla privada, jets, clientes de élite y un sistema que durante años miró para otro lado.

En España pasa algo parecido, pero sin glamour ni yates. Aquí el horror se esconde en centros de acogida públicos, con presupuesto autonómico y bajo la bandera de la protección infantil.