La izquierda política ha construido durante décadas un relato moral que la presenta como defensora de los desfavorecidos. Sin embargo, la evidencia histórica y económica muestra una paradoja incómoda: muchas de sus políticas terminan generando más pobreza de la que dicen combatir. No por mala intención —aunque a veces la haya— sino por un conjunto de ideas que chocan frontalmente con los incentivos reales de la economía y la naturaleza humana.

El problema comienza con una premisa equivocada: creer que la riqueza es un recurso fijo que simplemente debe redistribuirse. Bajo esta lógica, el Estado se convierte en el gran repartidor, aumentando impuestos, regulaciones y gasto público. Pero cuando se penaliza la inversión, el emprendimiento y la creación de valor, lo que ocurre no es una redistribución de riqueza sino una reducción de su generación. El resultado es menos empleo, menor productividad y, finalmente, más pobres.

Los ejemplos históricos son difíciles de ignorar. En Venezuela, el proyecto impulsado por Hugo Chávez y continuado por Nicolás Maduro prometía justicia social mediante nacionalizaciones masivas y control estatal de la economía. El resultado fue el colapso productivo, hiperinflación y una de las mayores crisis migratorias del mundo. Un país con enormes recursos naturales terminó sumido en la pobreza generalizada.

Algo similar, aunque menos extremo, puede observarse en Argentina, donde décadas de intervencionismo, subsidios crónicos y populismo económico —especialmente durante los gobiernos de Cristina Fernández de Kirchner— han producido inflación persistente, devaluación monetaria y aumento de la pobreza estructural, pese a tratarse de una nación con gran potencial agrícola e industrial.

El patrón se repite: cuando el Estado intenta sustituir al mercado como motor económico, destruye los incentivos que generan prosperidad. La izquierda suele responder que los fracasos se deben a “malas implementaciones”, corrupción o factores externos. Pero cuando los mismos resultados aparecen una y otra vez en contextos distintos, la explicación más probable es que el problema esté en las ideas, no solo en su ejecución.

Además, muchas políticas progresistas crean dependencia en lugar de movilidad social. Programas asistenciales mal diseñados pueden desincentivar el trabajo, cronificando situaciones de vulnerabilidad. El objetivo declarado es ayudar a los pobres; el efecto real puede ser perpetuar la pobreza.

Nada de esto implica que la desigualdad no sea un problema o que el Estado no tenga un papel que desempeñar. Lo que sí sugiere es que la prosperidad no nace de decretos ni de redistribuciones forzadas, sino de crecimiento económico, instituciones sólidas y libertad para emprender. Paradójicamente, los países que más han reducido la pobreza en las últimas décadas lo han hecho abriendo mercados, no cerrándolos.

La izquierda se presenta como solución a la pobreza, pero con demasiada frecuencia ha demostrado ser una fábrica de ella. Reconocerlo no es un acto ideológico, sino un ejercicio de honestidad intelectual. Solo a partir de ese reconocimiento puede comenzar un debate serio sobre cómo crear sociedades realmente prósperas.