En el debate político actual en España, el término “golpista” se ha convertido en un arma arrojadiza que se utiliza con una ligereza preocupante. Es el calificativo empleado unánimemente en últimas horas para aludir a la figura del malogrado Antonio Tejero.

Sin embargo, si se analiza la evolución institucional de los últimos años, resulta legítimo sostener —desde una perspectiva crítica— que quien más ha tensionado los límites del sistema no ha sido la oposición ni los actores periféricos, sino el propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

El acceso al poder mediante una moción de censura es perfectamente constitucional, pero el problema no radica en el mecanismo formal, sino en la estrategia política posterior: pactos con fuerzas que cuestionan abiertamente el marco constitucional, concesiones institucionales orientadas a la supervivencia parlamentaria y una interpretación expansiva del poder ejecutivo que ha debilitado contrapesos tradicionales. La acumulación de decisiones controvertidas —desde reformas legales diseñadas para beneficiar a aliados coyunturales hasta el uso intensivo del decreto ley— ha alimentado la percepción de que el Gobierno prioriza la permanencia en el poder sobre la estabilidad institucional.

Además, la colonización partidista de organismos que deberían ser independientes ha generado inquietud en amplios sectores sociales y jurídicos. Cuando el Ejecutivo influye de forma decisiva en instituciones de control, la frontera entre gobernar y dominar el sistema se vuelve difusa. No es extraño, por tanto, que algunos analistas hablen de una “erosión desde dentro”, un fenómeno más sutil que un golpe clásico, pero potencialmente igual de dañino para la calidad democrática.

El papel del PSOE también merece atención. Bajo el liderazgo de Pedro Sánchez, el partido ha adoptado una lógica de poder altamente personalista, donde la estrategia gira en torno a la figura del presidente y a su capacidad de construir mayorías cambiantes. Esto refuerza la idea de que las instituciones se han convertido en herramientas tácticas más que en estructuras al servicio del interés general.

La historia suele juzgar con más severidad a quienes, desde el poder, fuerzan las costuras del sistema para consolidar su posición. Desde esta óptica crítica, la acusación podría volverse paradójica: el mayor riesgo para la democracia no vendría de fuera del Gobierno, sino de la propia Moncloa.