Cuando el nombre de Julio Iglesias aparece en titulares, suele ir asociado a cifras récord, mansiones frente al mar o anécdotas de una vida que parece escrita en clave de leyenda. Esta vez, sin embargo, el escenario es otro: el judicial. El artista ha presentado una demanda contra la vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, por haberle señalado públicamente como “abusador sexual” en relación con una denuncia interpuesta por dos extrabajadoras y archivada hace apenas un mes.

La defensa del cantante, encabezada por el abogado José Antonio Choclán, ha solicitado la celebración de un acto de conciliación previo a la interposición de una querella por injurias y calumnias. En dicho trámite, el intérprete reclama que la líder de Sumar “reconozca expresamente el daño producido” y rectifique sus manifestaciones “en idénticos medios y franja horaria” a aquellas en las que se produjeron.

Según el escrito, al que ha tenido acceso El Periódico, Díaz habría atribuido de manera directa al artista, a través de redes sociales, la condición de “abusador sexual”, además de acusarle de mantener a trabajadoras en un régimen de “esclavitud” y de sostener una “estructura de poder basada en la agresión permanente”. Lejos de matizar sus palabras, al día siguiente, en una comparecencia en TVE, la vicepresidenta se habría ratificado en sus declaraciones, ampliando incluso el alcance de sus acusaciones al afirmar que en ese caso “se concentran todas las vulneraciones de los derechos humanos en mujeres que estaban en una posición de inferioridad extrema”.

El procedimiento iniciado por Iglesias no fija por el momento una cantidad económica concreta en concepto de indemnización. No obstante, el cantante deja claro que, si el proceso continúa, reclamará una compensación que repare “prudencialmente los daños causados en función de la difusión alcanzada por el comportamiento injurioso y calumnioso”. Es decir, el impacto mediático será determinante.

La controversia tiene su origen en una denuncia por presunta agresión sexual y trata presentada por dos exempleadas del artista. La causa fue archivada hace un mes, un extremo que la defensa subraya como elemento esencial para sostener que las afirmaciones públicas de la vicepresidenta vulneran su derecho al honor.

El caso coloca frente a frente a una figura icónica de la música española y a una de las políticas más visibles del actual Ejecutivo. Más allá del desenlace jurídico, el episodio abre un debate delicado sobre los límites entre la libertad de expresión institucional y la presunción de inocencia.