España, 2026. Podría parecer el título de una película futurista, pero no lo es. Es el presente de un país que presume de igualdad mientras sigue debatiéndose entre avances reales y contradicciones evidentes. La era de la corrección permanente, de los “ismos” y de las leyes bienintencionadas que a veces logran grandes progresos… y otras generan nuevas polémicas sobre si la igualdad es realmente para todos.

El fútbol, ese termómetro social que nunca falla, ha sido uno de los escenarios donde más claramente se ha visto esa evolución. Durante años, demasiados, en los estadios se normalizaron comportamientos que hoy resultan inaceptables: insultos racistas, imitaciones denigrantes, lanzamiento de plátanos o gritos como “negro de mierda” dirigidos a jugadores rivales. Aquello no era pasión deportiva: era humillación pública.

Hoy, por fortuna, existe un marco legal y disciplinario que permite actuar. En España está en vigor la Ley 19/2007 contra la violencia, el racismo, la xenofobia y la intolerancia en el deporte, y las competiciones aplican protocolos que autorizan detener o suspender partidos ante conductas discriminatorias graves.

Que un encuentro pueda pararse por insultos racistas es un avance indiscutible. Significa que la dignidad humana empieza a pesar más que el espectáculo.

Sin embargo, el debate surge cuando se observa que otros insultos igualmente brutales no provocan la misma respuesta. Amenazas de muerte, ataques a la familia, deseos de violación o una catarata de descalificaciones personales siguen siendo parte habitual del ruido de fondo en muchos estadios. Jugadores, árbitros y entrenadores las soportan cada jornada sin que el partido se detenga. La sensación de agravio comparativo aparece entonces con fuerza: ¿hay ofensas que importan más que otras?

La dignidad no debería ser jerárquica. Humillar a alguien por su color de piel es abominable, pero amenazar a su familia o desearle la muerte también lo es. El problema no es proteger a quienes sufren racismo —eso es imprescindible— sino que la protección no alcance con la misma contundencia a cualquier persona que sea objeto de odio o violencia verbal.

Algo parecido ocurre en el terreno de la violencia doméstica. En España, la Ley Orgánica 1/2004 de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género nació para combatir una realidad dramática: la violencia ejercida contra las mujeres por parte de sus parejas o exparejas masculinas. Ha permitido visibilizar el problema y mejorar la protección de muchas víctimas. Pero también ha generado un debate jurídico y social sobre si el marco legal debería abarcar con idéntica intensidad cualquier forma de violencia en la pareja, independientemente del sexo de quien la ejerza o la sufra.

La cuestión de fondo no es negar la existencia de violencias específicas, sino preguntarse si la igualdad ante la ley —principio básico de cualquier democracia— queda plenamente garantizada cuando la protección depende de categorías concretas. Para muchos ciudadanos, la respuesta aún está abierta.

Volviendo al fútbol, el mensaje debería ser claro y universal: no se puede insultar a nadie. Ni por su raza, ni por su origen, ni por su sexo, ni por su familia, ni por nada. Convertir la lucha contra una injusticia en una protección selectiva corre el riesgo de alimentar nuevas tensiones en lugar de resolver las antiguas.

Vivimos en una época de avances tecnológicos vertiginosos —inteligencia artificial, automatización, proyectos de movilidad aérea— pero el progreso moral no siempre avanza al mismo ritmo. La convivencia no se construye solo con leyes, sino con coherencia, educación y sentido común.

La igualdad real no consiste en decidir quién merece respeto y quién debe aguantar. Consiste en que la dignidad humana sea el punto de partida para todos, sin excepciones y sin etiquetas. Porque cuando la protección se fragmenta, la sociedad también lo hace.
España no necesita menos defensa de los vulnerables; necesita que esa defensa sea verdaderamente universal. Solo así la palabra igualdad dejará de ser un eslogan para convertirse en una realidad compartida.